El Ministerio Público de Guatemala admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la institución encargada de la investigación criminal ha sufrido una “paulatina cooptación y desmantelamiento”.
Las declaraciones se realizaron este miércoles 5 de agosto durante la audiencia sobre los “Retos y oportunidades para el fortalecimiento institucional del Ministerio Público”, celebrada en el 196 período de sesiones de la CIDH en Washington, donde participó el secretario general del MP, Edwin Chavajay, en representación de Gabriel García Luna.
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Durante su exposición, Chavajay aseguró que el debilitamiento del Ministerio Público fue “motivada por un interés de perpetrar la impunidad y la corrupción”, hecho que se logró concretización, por medio de una “instrumentalización del derecho penal que se intensificó durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras”.
El funcionario dijo en la CIDH que estas acciones se manifestaron en el “uso indebido del derecho penal contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, periodistas, entre otros”.
También afirmó que ha habido “uso indebido del derecho penal orientado a cuestionar los resultados de las Elecciones Generales de 2023″ cuando resultó ganador el ahora presidente Bernardo Arévalo, poniendo en riesgo la “legitimidad del gobierno democrático electo”
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Responsabiliza a jueces y magistrados
Para Chavajay el debilitamiento de la justicia no ha ocurrido únicamente en el Ministerio Público.
Durante su exposición afirmó que en la instrumentalización del derecho penal también ha habido responsabilidad de “algunos jueces y magistrados, tal como sigue sucediendo hoy en día”.
“Es preocupante en la medida que se aleja de los estándares interamericanos”, afirmó haciendo referencia a que se debe de cumplir con los principios de objetividad, imparcialidad y protección de los derechos humanos" que, en ciertos casos, se ha materializado en aspectos como la interposición de un alto número de denuncias por un mismo hecho contra una misma persona.
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El secretario del MP comentó que se ha empezado a aplicar una persecución penal objetiva y conforme con estándares de derechos humanos. En ese marco, dejó de oponerse a medidas sustitutivas en procesos que considera vinculados con criminalización, entre ellos los del periodista José Rubén Zamora, así como el de los exlíderes de 48 Cantones de Totonicapán, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, quienes recuperaron recientemente su libertad.
Exiliados y sociedad civil pidieron reconstrucción institucional y retorno seguro
Respecto de la situación de los guatemaltecos que salieron al exilio por persecuciones judiciales, principalmente dirigidas desde el MP de Consuelo Porras, Chavajay aseguró que iniciaron un proceso de revisión objetivo de un número significativo de expedientes, mismos que, prometió, se hará de una manera “objetiva”.
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También comentó que el 1 de agosto recibieron un conjunto de solicitudes de varias personas con el propósito de facilitar el acceso a la información de los expedientes de investigación penal que les habían negado durante la gestión de Porras, la cual “será atendida oportunamente”.
En la audiencia de la CIDH también participó la exfiscal general Claudia Paz y Paz, quien afirmó que el MP necesita una “gran reconstrucción” y una política de persecución penal efectiva contra corrupción, crimen organizado, violencia contra las mujeres y violaciones a los derechos humanos.
Paz y Paz también pidió terminar con la utilización política del sistema penal y crear condiciones para el retorno seguro de quienes fueron obligados a exiliarse.
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En la misma línea, Clarisa Cotzal, defensora de derechos humanos, solicitó investigar a las estructuras que, según dijo, “capturaron el sistema de justicia y promovieron procesos de criminalización”, además de suspender a los fiscales señalados mientras se determinan responsabilidades y restituir a quienes fueron trasladados arbitrariamente.
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