Un operativo de desalojo en Santa María Nebaj, Quiché, en Guatemala, terminó con la expulsión forzosa de una mujer de 77 años, junto con su hija, así como conel estallido de protestas masivas y el incendio de la vivienda de la jueza responsable del caso.
La jornada en Santa María Nebaj cambió de manera abrupta tras la intervención de las fuerzas de seguridad para cumplir una orden judicial de desocupación en el domicilio de Juana Santiago Chel, una adulta mayor que habitaba ese inmueble desde hace décadas.
La orden fue tramitada por su propio hijo, Pedro Santiago López, en medio de una disputa familiar por la propiedad, según confirmaron vecinos y autoridades locales.
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La diligencia judicial estuvo marcada por el uso de fuerza excesiva, que incluyó la retirada de la señora entre empujones, dejando sus pertenencias en la calle y todo quedó evidenciado en imágenes y transmisiones en vivo de medios locales.
La intervención generó de inmediato un fuerte rechazo social y acusaciones de violación a los derechos humanos. En imágenes captadas por medios locales se ve cómo la hija de la anciana es cargada por agentes de la Policía Nacional Civil al mostrar resistencia en el desalojo.
Testigos relataron que la comunidad reaccionó con indignación al conocer que la acción legal partió del descendiente directo de la afectada. “Nadie merecía ese trato, menos una persona mayor, señalaron líderes comunitarios.
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Escalada de disturbios y ataque a la jueza
Las protestas se multiplicaron en las horas siguientes. Decenas de habitantes y representantes de organizaciones comunitarias se congregaron frente a la sede judicial local para exigir la devolución del inmueble a la señora Santiago y la suspensión del proceso. La tensión escaló cuando no se produjo ningún acercamiento por parte de las autoridades.
Al final de la noche, un grupo se desplazó hasta la residencia de la jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj, responsable de firmar la orden. Entre consignas contra el sistema judicial y reclamos por la actuación de las fuerzas de seguridad, los manifestantes irrumpieron en la propiedad, rociaron combustible y le prendieron fuego.
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El inmueble sufrió daños considerables, aunque, hasta el cierre de esta nota no se reportaron víctimas ya que la jueza fue evacuada previamente ante las amenazas.
Expansión del conflicto y respuesta institucional
La región Ixil permaneció bajo gran tensión mientras la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos militares reforzaron la seguridad en los accesos al municipio.
Organizaciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) solicitaron la intervención urgente de las autoridades nacionales para prevenir nuevas agresiones y atender la situación de la afectada. “La actuación de las fuerzas de seguridad debe ser investigada a fondo, advirtió la PDH.
La señora Juana Santiago fue trasladada a un refugio temporal, donde recibe atención médica por su estado de salud, agravado tras la expulsión. Vecinos y miembros de organizaciones humanitarias acompañan su proceso y piden garantías para su integridad.
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Investigaciones y clima de incertidumbre
El Ministerio Público anunció la apertura de investigaciones tanto por los daños a la residencia privada de la jueza como por posibles irregularidades en la ejecución del desalojo.
Por su parte, la Policía Nacional Civil publicó un comunicado en el que indicaron que actuaron por solicitud del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj. Argumentan que actuaron conforme a los protocolos establecidos y en apego a la ley.
“La PNC reconoce que este tipo de diligencias puede representar momentos difíciles para las familias involucradas. Por ello, su actuación se limitó a brindar seguridad y apoyo a las autoridades competentes, con un trato digno y respetuoso hacia todas las personas presentes”, dijeron en el comunicado.
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