El régimen de China utiliza su poder económico para presionar a Panamá tras un fallo judicial adverso

La decisión del máximo tribunal de Panamá de retirar a una empresa hongkonesa de dos puertos estratégicos desencadenó una represalia coordinada del régimen de China contra el país centroamericano. La medida judicial afectó la presencia de CK Hutchison Holdings en los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del canal.

De acuerdo con el informe de The Wall Street Journal, Beijing respondió con una serie de inspecciones y detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos. Casi 500 barcos fueron retenidos desde enero, 146 de ellos solo en mayo, en contraste con los 23 registrados en enero. Las autoridades chinas alegaron que las detenciones respondieron a cuestiones de seguridad, aunque funcionarios panameños y estadounidenses sostienen que se trató de un castigo político.

Warren Stephens, representante de Estados Unidos ante la Organización Marítima Internacional (OMI), afirmó que las acciones de China buscaron “socavar la soberanía panameña, interrumpir las cadenas globales de suministro y minar la confianza en el comercio internacional”, según recogió el medio estadounidense.

La industria marítima panameña, una de las más grandes del mundo por volumen de barcos registrados, sufrió consecuencias inmediatas. Algunos armadores optaron por cambiar la bandera de sus navíos para evitar las inspecciones, lo que impactó los ingresos que el país obtiene por registrar embarcaciones extranjeras. Panamá administra un registro de alrededor de 8.500 barcos.

Las represalias chinas también se extendieron al ámbito logístico. El gigante estatal Cosco suspendió el transporte de carga hacia el puerto de Balboa, pieza clave en la infraestructura panameña. El canal, que mueve aproximadamente el 6% del comercio marítimo global, experimentó un aumento de tráfico superior al 5% anual en los últimos meses, lo que acentuó la importancia de mantener la estabilidad logística, según el reporte.

Las tensiones escalaron hasta el plano diplomático y comercial. Xie Feng, embajador chino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), acusó a Panamá de ceder ante la presión de Estados Unidos y advirtió sobre el riesgo que implica para la confianza empresarial internacional. “Si los contratos pueden ser ignorados, los principios de mercado desatendidos y los operadores expulsados en cualquier momento, ¿quién confiaría en invertir o cooperar?”, preguntó el diplomático en una reunión regional citada por el medio.

En paralelo, CK Hutchison inició un proceso de arbitraje internacional para reclamar 2.000 millones de dólares en compensación, alegando que la decisión panameña dañó la reputación del país como destino confiable para la inversión extranjera.

Por su parte, el canciller panameño Javier Martínez-Acha defendió el derecho soberano de su país a regular sus puertos y respaldó la independencia del poder judicial. Martínez-Acha y otros altos funcionarios buscaron reducir la tensión bilateral a través de negociaciones con sus pares chinos, especialmente ante la inminente renovación de un acuerdo marítimo que otorga condiciones preferenciales a los barcos panameños en puertos chinos.

En las últimas semanas, funcionarios panameños reportaron una disminución significativa en la cantidad de inspecciones a barcos con su bandera en puertos de China. No obstante, el gobierno chino aún no ha confirmado si renovará el acuerdo marítimo ni ha aclarado cómo espera que Panamá subsane las preocupaciones sobre los intereses de las empresas chinas, según consigna The Wall Street Journal.

El futuro de la relación bilateral sigue en vilo. El administrador del canal, Ricaurte Vásquez, adelantó que el país prevé licitar la administración de nuevos terminales portuarios, aunque la participación de empresas chinas podría reavivar las diferencias con Estados Unidos.