Guatemala acelera la protección de archivos testimoniales de la guerra interna para preservar la memoria de las víctimas

Guatemala intenta resguardar unos 60,000 testimonios de víctimas del conflicto armado interno (1960-1996), que documentan los abusos sufridos por la población civil a lo largo de más de treinta años de violencia. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, se desarrolla bajo presión, ya que el mandato concluye en enero de 2028. Según reportó la agencia AP, el objetivo es asegurar que estos archivos no desaparezcan ni se deterioren, tras años de abandono y riesgo de pérdida.

Los expedientes fueron recopilados por el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado en 2003 tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. Durante una década, el PNR reunió relatos de quienes solicitaron justicia y compensación económica al Estado guatemalteco.

Los testimonios incluyen denuncias de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desapariciones forzadas, abusos sexuales y reclutamiento forzoso, además de otros delitos cometidos contra hombres, mujeres y niños en diversas regiones del país centroamericano.

La preservación del archivo se vio comprometida durante los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), cuando el PNR fue paralizado, abandonado y finalmente liquidado. Este proceso dejó los documentos a merced de la humedad, el deterioro físico y la dispersión, de acuerdo con el testimonio de Erick Briones, auxiliar del PNR.

“Cajas húmedas, amontonadas, expedientes incompletos, rotos”, describió el funcionario a la agencia AP. Actualmente, parte de ese material está bajo resguardo gracias a un proyecto financiado por la UNESCO, que busca recuperar y eventualmente proponer el archivo como patrimonio documental mundial, con acceso abierto para quienes deseen conocer la historia reciente de Guatemala.

Entre los testimonios rescatados figura el caso de Manuel Botom Uz, uno de los más de cien expedientes de niñez desaparecida. Su familia relató que tenía cuatro años cuando desapareció junto a sus hermanos más pequeños, tras un ataque contra su comunidad en Quiché en 1982 por parte de efectivos del ejército y patrulleros de autodefensa civil. Aunque sus hermanos regresaron al hogar, él permaneció desaparecido hasta que, veinte años después, su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina y entregado para su entierro.

El valor de estos archivos trasciende la reparación individual. Según explicó Elvin Díaz, comisionado presidencial de Derechos Humanos y responsable actual de la custodia documental, “hubo una intención de los gobiernos de Morales y Giammattei de borrar la memoria colectiva, destruir un patrimonio construido por muchos años con base en los testimonios de las víctimas, por eso es importante recuperar esa memoria y los testimonios de víctimas, resguardarlos y que pasen a ser parte (de) la memoria viva de este país”.

Las cajas, mayoritariamente de plástico azul y clasificadas por departamento, contienen relatos de crímenes que, según reportes de memoria histórica, dejaron alrededor de 200,000 muertos y cerca de 45,000 desaparecidos. El proyecto de salvaguarda prevé digitalizar los expedientes para asegurar su conservación y acceso universal.

La preocupación por la posible desaparición de estos documentos también fue alertada por organismos internacionales. Un informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, tras una visita reciente a Guatemala, indicó que “principalmente (en los gobiernos de Morales y Giammattei) operó una política sistemática de desmantelamiento de las instituciones para la paz y la justicia”, según consignó AP.

La etapa actual del proyecto incluye la integración de los expedientes al Plan de Reparación y dignificación de las víctimas del conflicto armado, anunciado por el presidente Arévalo. La intención es centralizar la información dispersa entre instituciones públicas y organizaciones civiles, y permitir la continuidad de la reparación a las víctimas. Además, se prevé sumar casos al Mecanismo de Búsqueda Humanitaria, que busca localizar a personas desaparecidas durante el conflicto.

De acuerdo con la agencia AP, el futuro de estos archivos depende de la rapidez con que se logre su digitalización y resguardo, ante la incertidumbre política y los antecedentes de intentos de destrucción o abandono durante administraciones previas.