Las comunidades de Petén presentan un recurso para anular la actualización del plan maestro de Laguna del Tigre

Representantes de 37 comunidades de Laguna del Tigre y una delegación de Sierra de Lacandón presentaron este 30 de junio un recurso de revocatoria contra la Resolución SE 124/2026 del CONAP, con la que la Secretaría Ejecutiva aprobó la actualización del Plan Maestro del Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Río Escondido.

Las comunidades sostienen que la medida se adoptó sin aviso ni consulta previa y que su aplicación puede traducirse en más criminalización, hostigamiento, persecución y riesgo de desalojos forzados en Petén.

El planteamiento de las comunidades vincula la nueva resolución con una crisis que, según su comunicado, sigue abierta desde hace más de nueve años: el caso de Laguna Larga, una población desalojada de forma violenta y mantenida en una situación humanitaria permanente en la línea fronteriza con México.

Para los firmantes, si el Estado de Guatemala no ha resuelto ese antecedente ni ha garantizado un retorno digno y seguro, los nuevos instrumentos restrictivos exponen a decenas de comunidades a capturas arbitrarias y nuevas expulsiones.

Durante una conferencia de prensa frente a oficinas públicas en la capital, voceros comunitarios y el Comité Campesino del Altiplano anunciaron que acudieron al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ubicado en el edificio del Instituto de Previsión Militar, para pedir que el órgano reexamine y revoque la decisión.

El abogado Rubén Domingo, quien explicó la acción administrativa, dijo que la impugnación busca dejar sin efecto “en la totalidad” la actualización del plan aprobada el 18 de junio de 2026.

Domingo precisó que las comunidades supieron de la decisión cuando su publicación apareció el miércoles 24 de junio en las páginas 11 y 12 del Diario de Centro América. Identificó como objeto del recurso la Resolución SE 124/2026, que, a su juicio, causa agravios porque las poblaciones asentadas en el área no fueron consultadas.

La resolución del CONAP actualizó el plan para regular el cierre de operaciones petroleras

El texto de la Secretaría Ejecutiva del CONAP indica que la actualización del Plan Maestro responde a la necesidad de incorporar disposiciones específicas para el cierre, desmantelamiento y abandono técnico y ambiental de pozos e infraestructura petrolera en el área conocida como Campo Xan.

La resolución señala que el instrumento anterior, aprobado en 2010, no contemplaba reglas concretas para esa etapa posterior al fin del contrato de exploración y explotación petrolera 2-85.

De acuerdo con el propio documento, la revisión se apoyó en el Informe Técnico Conjunto No. 12/2025/JCF/jt/dr, fechado el 5 de septiembre de 2025, y en el Dictamen Conjunto DR-PETEN/DDSIGAP/UAJ No. 01-2026, del 9 de junio de 2026.

La Secretaría Ejecutiva afirmó que la adecuación busca viabilizar el proceso de cierre de operaciones y garantizar el mantenimiento de procesos ecológicos y la conservación de áreas de alta importancia biológica y natural.

La resolución también establece que el plan tendrá vigencia indefinida desde la fecha de su aprobación, será de observancia general y complementará la Ley de Áreas Protegidas, su reglamento y otras disposiciones aplicables. Añade que la Secretaría Ejecutiva podrá supervisarlo, revisarlo y actualizarlo si lo considera necesario, y que la medida entró en vigor de inmediato.

Las comunidades denuncian una imposición sin consentimiento previo

En el comunicado leído durante la conferencia, las comunidades de Petén se definieron como poblaciones multiculturales, indígenas y campesinas asentadas históricamente en Laguna del Tigre, Sierra Lacandón y otras áreas protegidas del país.

Su postura sostiene que la adecuación del Plan Maestro fue impuesta de manera unilateral y bajo un enfoque “punitivo y restrictivo” que, según dijeron, prioriza la violencia estatal y los intereses financieros por encima de los derechos humanos.

La declaración rechaza que la población campesina e indígena del norte del país sea estigmatizada como enemiga del medio ambiente. También afirma que la causa de la degradación ambiental no radica en las comunidades de subsistencia, sino en la permisividad institucional hacia industrias extractivas de gran escala, cuyas operaciones, según el pronunciamiento, reciben flexibilidad mientras las comunidades enfrentan hostigamiento estatal.

Ese es el eje central de la protesta: las comunidades piden al Gobierno de Guatemala detener la implementación de cualquier instrumento técnico o administrativo emanado del CONAP o del Ministerio de Ambiente que no cuente con consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones afectadas.

También exigen frenar la criminalización, la persecución penal y la militarización contra defensores de la tierra, y abrir soluciones estructurales para la regularización de la tenencia de la tierra y la seguridad jurídica de permanencia.

Una de las voceras comunitarias advirtió que la oposición a la resolución no terminará con la presentación del recurso. “Las comunidades vamos a seguir luchando. Hemos luchado siempre, desde hace más de 50 años”, dijo, y añadió que, si el gobierno no atiende sus demandas, “vamos a tomar otras acciones”.