
La situación económica y social de las mujeres en el departamento de La Paz, El Salvador, muestra desigualdades que afectan su bienestar y el de sus familias. Según datos del Observatorio Seguridad Humana de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), publicados en el boletín de abril a junio de 2026, persisten desafíos estructurales, como la brecha en el acceso al empleo y a servicios básicos.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025, citado por ORMUSA, la población en edad de trabajar radicada en La Paz asciende a 174,374 personas. De este total, los hombres representan el 57.2% (99,778 personas) y las mujeres el 42.8% (74,596 personas).
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La diferencia en la participación laboral es notoria: por cada 100 mujeres activas en el mercado laboral o en búsqueda de empleo, existen aproximadamente 134 hombres en la misma condición. Esta brecha evidencia una mayor inserción masculina y revela desigualdades estructurales que dificultan el acceso equitativo de las mujeres al empleo.

La tasa de participación específica por sexo refuerza esta desigualdad: solo 5 de cada 10 mujeres en edad de trabajar participan en actividades económicas o buscan empleo, mientras que en el caso de los hombres la proporción asciende a 8 de cada 10. Esta diferencia se atribuye, en parte, a la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, que recae de manera significativa sobre las mujeres, limitando sus oportunidades de autonomía económica y desarrollo profesional.
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Condiciones laborales y precarización
El Censo de Población y Vivienda 2024 indica que, en La Paz, 54,288 mujeres se encuentran ocupadas, de las cuales 16,368 trabajan por cuenta propia. Esto muestra una importante participación femenina en actividades productivas y de generación de ingresos, aunque muchas lo hacen bajo condiciones precarias o informales. La carencia de ingresos y la escasez de empleos de calidad agravan la vulnerabilidad de las mujeres y de sus hogares, quienes deben enfrentar múltiples desafíos para cubrir necesidades básicas.
Las dificultades económicas se ven agravadas por brechas en el acceso a servicios esenciales. En La Paz, 32,800 hogares no cuentan con servicio de agua potable por cañería, 2,831 viviendas carecen de electricidad y 57,541 hogares no disponen de servicio público de recolección de basura. Estas carencias incrementan la carga de trabajo doméstico y de cuidado, que continúa recayendo principalmente sobre las mujeres.
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La falta de servicios básicos no solo afecta la calidad de vida, sino que también perpetúa las desigualdades en el bienestar y desarrollo de las familias.
Factores asociados y consecuencias
Entre los factores que acentúan la desigualdad destacan la limitada disponibilidad de empleos, las restricciones en el acceso a formación y oportunidades laborales, y la persistente distribución desigual de las responsabilidades de cuidado y trabajo doméstico. Estas condiciones dificultan la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, impactando directamente en su autonomía económica y en las condiciones de vida personal y familiar.
La organización advierte que estas brechas reflejan desigualdades estructurales de género que requieren respuestas integrales para garantizar condiciones de vida dignas y promover el desarrollo equitativo. La organización destaca la necesidad de fortalecer políticas públicas que amplíen el acceso a servicios esenciales, fomenten la generación de empleo digno para las mujeres y promuevan la corresponsabilidad en las tareas de cuidado.
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