Guatemala: El Tribunal Supremo Electoral oficializa cancelación de nueve partidos tras elecciones de 2023

El Tribunal Supremo Electoral ratificó el 30 de abril la cancelación de nueve partidos políticos que participaron en las elecciones generales de 2023. Con este acto, las organizaciones afectadas quedan excluidas de cualquier proceso electoral futuro según las leyes guatemaltecas, en un contexto marcado por restricciones presupuestarias graves que han obligado a la máxima autoridad electoral a buscar respaldo legislativo para continuar garantizando su labor. Durante la reunión mensual del organismo, en presencia de representantes partidarios, se explicitó la urgencia de una ampliación presupuestaria para mantener la operatividad institucional, según declaró el magistrado titular Quelvin Jiménez.

Entre las organizaciones políticas cuya personalidad jurídica quedó anulada figuran el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el Partido Republicano, el Partido de Integración Nacional, la Unión Republicana, el Partido Político Mi Familia, el Partido Humanista Guatemalteco, el Frente de Convergencia Nacional, Podemos y el Partido Popular Guatemalteco. La medida, según informó el Prensa Libre, implica que ningún emblema, símbolo ni denominación de las entidades disueltas podrá ser reutilizado ni registrado por otra formación política durante un plazo mínimo de diez años, como establece el artículo 22 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Esta decisión se produce en medio de una severa restricción financiera: el presupuesto ordinario del Tribunal Supremo Electoral fue recortado en 122 millones de quetzales, una cifra que, según detalló Quelvin Jiménez, es fundamental para asegurar tanto la contratación de servicios como la adquisición de tecnología necesaria para la organización de comicios transparentes. Jiménez explicó que la Corte de Constitucionalidad suspendió la asignación presupuestaria de 2026, lo que obligó al TSE a utilizar sus recursos ordinarios para cumplir con tareas previstas en el Programa Operativo y Presupuestario Electoral (POPE): “Lamentablemente, no se nos ha trasladado la cuota que correspondía a este período. Estamos haciendo las gestiones para que desde el Ministerio de Finanzas se agilice la asignación de la cuota que corresponde asignar al Tribunal Supremo Electoral”. En este marco, la institución ya presentó una iniciativa de ley ante el Congreso para solicitar la ampliación presupuestaria y facilitar la compra de equipos informáticos críticos.

Previo a este listado de cancelaciones, el 27 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral había confirmado la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla. La resolución, sustentada en lo dispuesto por los artículos 94 y 95 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y el artículo 22 de su reglamento, prohíbe expresamente que el nombre, símbolo o emblema del partido cancelado puedan utilizarse o registrarse por cualquier otra organización política hasta después de transcurridos diez años oficiales desde la medida, según informó Prensa Libre.

La causa de la disolución del Movimiento Semilla remonta a 2017, año en que el partido fue acusado de presentar firmas falsas. El juez Fredy Orellana fundamentó su decisión en las facultades atribuidas por legislación sobre crimen organizado, que permite suspender o cancelar la personalidad jurídica de agrupaciones implicadas en actividades ilícitas. Orellana dictó la medida antes de que entrara en vigencia la reforma legislativa aprobada el 25 de noviembre pasado, modificación legal que habilitaría la posible restauración de los derechos partidarios de Semilla, que permanece suspendido desde que Bernardo Arévalo resultó electo en agosto de 2023.

Desde la segunda vuelta de junio de 2023, el accionar de la fiscal general Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Orellana ha sido parte de una escalada judicial contra Arévalo y sus aliados políticos. Las actuaciones de estos tres funcionarios motivaron que Estados Unidos los sancionara, al calificarlos como “antidemocráticos” y “corruptos”, conforme lo documentó el medio Prensa Libre.

Expertos legales, consultados por medios locales, advierten que la competencia para dirimir litigios relacionados con partidos políticos corresponde de manera exclusiva al Tribunal Supremo Electoral, y no a los tribunales penales, reafirmando así el mandato constitucional del organismo.

Las recientes cancelaciones de partidos políticos y las restricciones presupuestarias profundizan la complejidad en la vida política de Guatemala, configurando un escenario en el que las garantías institucionales y los recursos electorales permanecen bajo intensa presión y escrutinio nacionales e internacionales.