El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, anunció este lunes una intensificación de la ofensiva contra la Mara Salvatrucha en respuesta al reciente aumento de homicidios.
Esta estrategia busca replicar los métodos aplicados contra el Barrio 18, con operativos focalizados y ampliación del control territorial, en el marco de un repunte sostenido de la violencia y robustecimiento de las medidas excepcionales de seguridad en diferentes departamentos del país, de acuerdo con medios locales y el portal Centroamérica 360.
Durante el último fin de semana, la Policía Nacional Civil (PNC) —la fuerza de seguridad guatemalteca— detuvo a 549 personas, incautó 36 armas de fuego y retuvo 667 motocicletas junto a 129 vehículos relacionados con delitos graves, en una operación orientada a debilitar el aparato logístico y de movilidad de las organizaciones delictivas. Según explicó el portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, estas acciones contribuyen a transparentar el funcionamiento institucional y aumentan la presión sobre estructuras criminales.
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La detención de presuntos sicarios y de miembros de pandillas implicadas en ataques armados recientes, entre ellos integrantes de la Mara Salvatrucha, refuerza la ofensiva sostenida contra grupos juveniles organizados en hechos violentos de alto impacto.
El Ejecutivo mantiene el enfoque estratégico y orienta recursos a la represión del crimen organizado
El presidente Bernardo Arévalo detalló que la estrategia para desarticular al Barrio 18 será extendida a la Mara Salvatrucha, tras el desplazamiento de grupos criminales hacia nuevas áreas y el repunte en los homicidios. Confirmó que las fuerzas de seguridad intensificarán requisas y patrullajes en zonas conflictivas y reiteró la prioridad de construir una cárcel de máxima seguridad en Izabal como parte del plan para debilitar las estructuras delictivas nacionales, indica la publicación de Centroamérica 360.
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Arévalo puntualizó: “No estamos mirando para otro lado”, en referencia a la ofensiva estatal frente a la criminalidad de las pandillas. Precisó que el objetivo gubernamental es retomar la tendencia a la baja en los asesinatos durante los próximos meses y atribuyó el reciente incremento de violencia a un reacomodo territorial de las organizaciones.
Recrudecimiento de la seguridad en cinco departamentos y ampliación de operativos
El Ejecutivo amplió el estado de prevención en cinco departamentos —Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango— mediante el Decreto Gubernativo 6-2026, una medida que excluye a Petén y Sacatepéquez, según detalló Infobae. En enero, el país atravesó un mes de estado de sitio tras disturbios en penales y atentados contra agentes policiales, en respuesta a la intensificación de los ataques armados y el desafío constante de las maras al poder estatal.
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En el plano operativo, la Policía Nacional Civil desplegó controles vehiculares en puntos estratégicos para detectar vehículos y personas asociadas a actividades ilícitas o incumplimiento de normas. Un incidente reportado en el kilómetro 175 de la ruta al Atlántico, a la altura de Gualán, derivó en un tiroteo que dejó dos muertos y una persona detenida, hecho que evidencia cómo la conflictividad vial puede escalar a violencia letal.
Además, en la zona 3 de Escuintla, los agentes capturaron a Sadrac, de 35 años, imputado por el homicidio de un hombre tras una confrontación. En el barrio San Lorenzo de Amatitlán se neutralizó a dos supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha, uno de ellos menor de edad, cuya participación en un ataque armado resultó en una víctima fatal y dos heridos, según precisó Aguilar.
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En el sector norte de la capital, el despliegue policial permitió la captura, en 24 horas, de doce integrantes del Barrio 18, incluido un menor, en el marco de un operativo tras un ataque armado en el barrio San Antonio, zona 6, que dejó un muerto y dos heridos, según reportó la PNC.
La Policía Nacional Civil remarcó que la coordinación interinstitucional y la presencia territorial renovada constituyen ejes centrales del dispositivo de seguridad, reforzando patrullajes, operativos y acciones preventivas en puntos del país vulnerables a la violencia de los grupos delictivos.
La construcción de una cárcel de máxima seguridad en Izabal y el despliegue de fuerzas en zonas críticas forman parte de la estrategia integral para retomar la tendencia a la baja en los homicidios y restablecer el control estatal sobre el territorio, destacan medios locales.
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