Organizaciones civiles demandan transparencia en selección del fiscal de Guatemala y rechazan inclusión de Consuelo Porras

La comisión de postulación encargada de seleccionar la nómina para fiscal general de Guatemala ha iniciado las entrevistas públicas con los aspirantes.

Este proceso examina la independencia, la idoneidad de los postulantes y la transparencia del procedimiento. La elección incidirá directamente en el rumbo del Ministerio Público, una institución que, según datos presentados ante los comisionados, solo logra judicializar un 6 % de los casos que investiga, lo que indica una eficacia baja en comparación con otros países de la región.

Jaime Arellano, ex viceministro de Justicia de Chile, presentó esta información durante las audiencias públicas previas a las entrevistas, en declaraciones reunidas por la propia comisión de postulación al comenzar la fase central del proceso.

El 6 % de judicialización evidencia la urgencia de reformar la Fiscalía General

El Ministerio Público de Guatemala presenta una de las tasas de judicialización más bajas de América Latina: apenas el 6 % de todos los expedientes investigados se traduce en una acusación formal. Según el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT), este indicador —destacado en la exposición de Arellano— alerta sobre la magnitud del reto que aguarda al siguiente fiscal general. La cifra se remarcó al cerrar la audiencia dedicada a examinar los requisitos y estándares que debe cumplir quien esté al frente de la institución.

Entre el lunes 6 y el viernes 10 de abril, los cincuenta aspirantes serán entrevistados en grupos diarios de entre doce y trece personas, conforme a la convocatoria oficial revisada por la comisión de postulación. Las sesiones inician a las 9:00 y tienen lugar en la sala de vistas del edificio asignado, según el cronograma expuesto en sesión pública.

Las audiencias comenzaron con la participación de Jaime Arellano, también ex director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA. Junto con José Ugaz, expresidente global de Transparency International, y Ana Lorena Delgadillo, especialista mexicana en justicia, el panel pidió a los comisionados priorizar candidatos verdaderamente independientes de poderes fácticos.

Entre los requisitos enunciados por Arellano ante la comisión —según consta en la transcripción oficial— figuran la ausencia de conflictos de interés, compromiso comprobado con los derechos humanos y el estado de derecho, íntegra ética y una trayectoria profesional incuestionable.

Las audiencias públicas colocan el escrutinio ciudadano en el centro del proceso

El lunes, varias organizaciones de la sociedad civil participaron en la audiencia previa a las entrevistas para exponer sus demandas y objeciones ante la comisión. Representando al Movimiento Cívico Nacional, su presidente ejecutivo insistió en que el proceso debe regirse por criterios objetivos, fechas claras y reglas verificables, advirtiendo sobre el riesgo de una fiscalía debilitada en legitimidad pública cuando prevalecen la opacidad o la discrecionalidad.

Durante el año, el movimiento difundió una carta ciudadana en favor de la transparencia y la institucionalidad, que fue consignada ante la comisión para exigir la publicación de reglas, parámetros de evaluación y argumentos de cada decisión.

De acuerdo con su presidente, las evaluaciones a los aspirantes deben realizarse bajo criterios uniformes y las resoluciones explicarse de modo comprensible para los ciudadanos. El documento señala: “la fortaleza de las instituciones depende en gran medida de la calidad de los procesos que dan origen a esas instituciones”.

En la comparecencia también se instó a cumplir rigurosamente los plazos legales. Se aclaró que prórrogas o dilaciones no sólo afectan la alternabilidad de cargos, establecida por el artículo 113 de la Constitución, sino que también perjudican la confianza en el sistema republicano de Guatemala.

Víctimas del conflicto armado rechazan la reelección de Consuelo Porras

El mismo día, organizaciones de víctimas del conflicto armado interno, representadas por Feliciana Macario Tebalán y Juan Sanic, entre otros treinta delegados, solicitaron a la comisión excluir de la nómina a Consuelo Porras y a toda persona investigada por corrupción o violación de derechos humanos.

Las víctimas señalaron que, tras la llegada de Consuelo Porras a la fiscalía, el acceso a la justicia para quienes sufrieron durante la guerra y para otros delitos graves ha disminuido. Argumentaron la desarticulación de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Unidad de Caso por el Conflicto Armado del Ministerio Público. Macario Tebalán afirmó: “Sabemos que, además de nuestra tacha, se presentaron 24 tachas más contra Consuelo Porras y solo cinco fueron admitidas”, lo que evidencia falta de justificación en la resolución de las objeciones y rechazo a la gestión actual.

En su intervención, Juan Sanic señaló a los comisionados: “No se dejen presionar por grupos corruptos que buscan la impunidad, ni se dejen doblegar por amenazas de grupos externos que sólo quieren usar la justicia para sus propios intereses”. Insistió en que “evalúen con seriedad las tachas y que no incluyan en la nómina final de candidatos a Consuelo Porras ni a ninguna persona señalada de corrupción y violaciones a los derechos humanos”.

El bloque ciudadano solicitó máxima publicidad sobre los expedientes y objeciones presentadas contra los aspirantes, reafirmando el derecho colectivo a conocer tanto los nombres como los motivos para excluir o aceptar cada candidatura.

La exigencia de transparencia y reglas verificables marca el proceso de selección

El Panel de Personas Expertas Independientes determinó que la comisión debe garantizar la publicación de las tachas, difundir los fundamentos de cada resolución y velar por el derecho de la ciudadanía a participar activamente en todas las etapas del proceso.

El panel solicitó que, en las entrevistas públicas, se interpele específicamente sobre conflictos de interés y observaciones surgidas de la ciudadanía.

Las entrevistas concluirán con la presentación de seis candidatos al presidente de la República y serán observadas en tiempo real por organizaciones civiles y entidades internacionales. El énfasis de las audiencias es que la legitimidad del futuro fiscal general dependerá tanto de sus calificaciones personales como de la transparencia y objetividad en la selección, bajo el escrutinio de la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional.