El sistema electoral hondureño volvió al centro del debate por la situación del Consejo Nacional Electoral y las dificultades para alcanzar acuerdos sobre la integración de los órganos que organizan y supervisan los comicios. En ese marco, el diputado Antonio Rivera Callejas planteó reformas para modificar su funcionamiento.
Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, sostuvo que Honduras debe avanzar hacia una “despolitización” de los organismos electorales, una discusión presente desde hace años y reactivada por los problemas de gobernabilidad que afectan al sistema.
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Entre sus planteamientos figuran cambios para el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con el objetivo de evitar bloqueos y mejorar la operatividad de ambas instituciones.
Según el parlamentario considera que uno de los principales obstáculos para el funcionamiento de ambos organismos es la exigencia de unanimidad para adoptar determinadas decisiones, una condición que, a su juicio, ha generado bloqueos y retrasos en momentos clave.
Nuevos requisitos electorales
Por eso, propone sustituir ese requisito por un sistema de mayoría simple, para que las resoluciones puedan adoptarse sin depender del consenso absoluto entre todos sus integrantes.
La iniciativa también contempla cambios en las normas de quórum, de modo que las sesiones puedan desarrollarse con la mitad más uno de sus miembros y evitar paralizaciones derivadas de ausencias o desacuerdos internos.
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Otro de los puntos planteados por el legislador está vinculado con la responsabilidad de quienes integran los órganos electorales.
La propuesta incluye mecanismos sancionatorios para magistrados o consejeros que no asistan a las sesiones convocadas o que abandonen deliberadamente las reuniones para impedir el desarrollo de las actividades institucionales.
No obstante, el parlamentario también planteó reformas más amplias al modelo electoral. Entre ellas mencionó la “ciudadanización” de las mesas electorales, una propuesta orientada a ampliar la participación ciudadana en los procesos de votación y reducir la influencia directa de los partidos políticos en ciertas etapas del proceso.
Además, propuso debatir la implementación de una segunda vuelta electoral para la elección presidencial y que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) quede bajo la administración directa del CNE para reforzar la transparencia en la divulgación de resultados.
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El debate sobre las reformas coincide con un momento delicado para el Consejo Nacional Electoral. Las solicitudes de licencia presentadas por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall generaron preocupación sobre la capacidad operativa del organismo, especialmente porque además existe una vacante pendiente de ser completada.
Acuerdos pendientes
La designación de nuevas autoridades electorales requiere una mayoría calificada de 86 votos en el Poder Legislativo.
Distintos sectores políticos mantienen posiciones divergentes sobre los perfiles que deberían integrar estos organismos. Mientras algunos promueven representantes de organizaciones independientes de la sociedad civil, otros defienden la participación de figuras vinculadas a las principales fuerzas políticas del país.
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Esas diferencias han impedido hasta ahora construir acuerdos para renovar de forma permanente la integración de los órganos electorales.
Advertencias de sociedad civil
Ante ese panorama, algunos actores consideran que los nombramientos interinos podrían convertirse en una alternativa temporal mientras continúan las negociaciones políticas.
La politóloga Patricia Bourdeth, integrante de Defensores de Honduras, advirtió que la ausencia temporal de dos consejeras, sumada a la vacante existente, podría generar mayor incertidumbre institucional.
A su juicio, un organismo electoral incompleto o con limitaciones operativas puede afectar la confianza ciudadana en los procesos democráticos y proyectar señales de inestabilidad en distintos ámbitos del país.
Bourdeth señaló que las consecuencias de una crisis en las instituciones electorales no se limitan al plano político, sino que también pueden tener repercusiones económicas y sociales. La incertidumbre institucional, agregó, suele ser observada por inversionistas, organismos internacionales y otros actores económicos, en especial en períodos previos a procesos electorales.
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