El presidente Bernardo Arévalo manifestó su postura mediante redes sociales tras la elección de Magistrados Titular y Suplente de la Corte de Constitucionalidad por parte del Congreso de la República, señalando que este hecho evidencia que la lucha por recuperar las instituciones de justicia aún no ha terminado.
Anticipó que en los días siguientes dará a conocer los nombramientos de Magistrados Titular y Suplente que corresponden al presidente en consejo de ministros, comprometiéndose a tomar decisiones que “respondan, sin duda, a los anhelos de cambio del pueblo”.
Arévalo expuso que algunos actores políticos “luchan hasta el último momento por responder al clamor del pueblo" mientras que otros “eligen darle la espalda”.
La controversia surgida durante el proceso de designación resalta el debate sobre la legitimidad de las instituciones judiciales, de acuerdo con el mandatario, al rechazar la elección de los magistrados Roberto Molina Barreto y Luis Rosales.
En el último tramo del proceso legislativo, el bloque oficialista del Movimiento Semilla anticipó medidas legales y disciplinarias contra la diputada Ivanna María Luján Padilla. La agrupación declaró públicamente el 6 de marzo de 2026 su rechazo absoluto tras el voto de Luján Padilla a favor de una candidatura no alineada con la plataforma oficial en la elección del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad.
El Movimiento Semilla y la dinámica interna tras la elección
El Movimiento Semilla difundió un comunicado en el que caracterizó la actuación de Luján Padilla como una “falta de ética partidaria” por respaldar una candidatura divergente en una instancia que, subrayaron, debe responder al interés público y a la autonomía judicial. La bancada resaltó que tales comportamientos amenazan con profundizar la captura institucional de las cortes superiores.
En el texto dado a conocer por el partido, se hizo hincapié en que las sanciones legales y administrativas serán notificadas próximamente, aunque aún no se especificaron las medidas que serán implementadas.
La estructura oficialista insistió en su política de impulsar una justicia independiente para Guatemala, y justificó la inminente actuación disciplinaria con la necesidad de salvaguardar los principios que defiende el partido frente a cualquier intento de condicionar la función jurisdiccional.
Según Samuel Pérez en los últimos días se han registrado presuntas operaciones desde el sector empresarial organizado, encabezado por el CACIF, a quienes definió como “la más rancia oligarquía corrupta de nuestro país”, acusándolos de invertir “millones de dólares” con el fin de manipular la designación de magistrados.
<b>Tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo en la disputa por la justicia</b>
El episodio deja manifiesta la tensión sostenida entre Ejecutivo y Legislativo en torno al manejo de los órganos judiciales y los mecanismos de designación de magistrados. La postura de Bernardo Arévalo sobre la necesidad de renovación y el compromiso con los anhelos ciudadanos marca un contraste con la línea impulsada por el segmento parlamentario afín al oficialismo.
La elección y los pronunciamientos evidencian que la batalla institucional en Guatemala, especialmente sobre la Corte de Constitucionalidad, seguirá estando en el eje de la agenda política nacional en los próximos meses.
El diputado Boris España afirmó que la selección fue “verdaderamente democrática” y que contó con una terna de profesionales calificados, además de criticar el intento de ciertos legisladores de obstaculizar la designación mediante ataques personales y estrategias descalificatorias.
Orlando Blanco, diputado de la bancada VOS señaló quela votación en el Congreso no respondió únicamente a un “acuerdo político”, sino a un “consenso logrado entre muchos actores, independientemente de si uno está de acuerdo o no”, y recalcó que el procedimiento político guatemalteco requiere asumir que estas prácticas son habituales
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