La elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad se realizará bajo mandato judicial en el Congreso

Un fallo reciente obliga a los legisladores a completar el proceso de selección en una sola sesión, utilizando una nómina previamente elaborada y requiriéndose mayoría absoluta para definir los cargos

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Juramentación presidenta de la Corte Suprema de Justicia
Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

El pleno de diputados del Congreso de la República se prepara para elegir a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), tras la resolución que garantiza la realización de la sesión plenaria programada para este jueves 5 de marzo.

La CC ordenó mantener abierta la sesión, prohibiendo que se levante antes de concluir los puntos del orden del día, luego de que el pasado martes, el presidente del Congreso, Luis Contreras, cancelara la convocatoria por falta de cuórum en la Junta Directiva.

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Durante a jornada, los diputados deberán someter a votación la elección de los magistrados que representarán al Congreso ante la CC para el período 2026-2031, tomando como base la nómina de 47candidatos propuesta por la Comisión Mixta, conformada por los Jefes de Bloque y miembros de la Junta Directiva.

De acuerdo con las disposiciones, primero se votará por el magistrado titular y después por el suplente, siendo electos quienes alcancen la mayoría absoluta de 81 votos entre todos los diputados.

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El Congreso suspende sesión por ausencia de la Junta Directiva

Más de 100 diputados asistieron el martes 3 de marzo al Congreso, una cifra suficiente para alcanzar la mayoría, pero la sesión fue cancelada. Luis Contreras, presidente del Congreso, suspendió la actividad ante la ausencia de miembros de la Junta Directiva, lo que imposibilitó el inicio formal de la jornada donde se contemplaba como primer punto la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Entre las repercusiones del aplazamiento, Roberto Molina Barreto figuraba hasta ese momento como el principal candidato para ser designado magistrado titular, un dato que reavivó la tensión entre los bloques parlamentarios.

Desde la bancada oficialista, el congresista Samuel Pérez rechazó la hipótesis de un boicot para frenar la designación, y trasladó las acusaciones: señaló que la oposición mantenía negociaciones internacionales con el objetivo de influir en los nombramientos que debe realizar el Legislativo.

Los diputados opositores, en contraste, interpretaron la suspensión como una estrategia del oficialismo para bloquear la elección, intensificando el enfrentamiento político en torno a la conformación de la Corte de Constitucionalidad.

Diputados del Congreso de la República
Diputados del Congreso de la República, reunidos en el Salón del Pueblo. (Organismo Legislativo)

Sonia Gutiérrez, diputada de la bancada Winaq, advirtió sobre la importancia de elegir sin presiones externas en el proceso de selección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. “Bajo ninguna circunstancia debe haber ninguna presión de ningún otro sector”, sostuvo la legisladora, quien hizo un llamado para que se priorice a profesionales “comprometidos con la institucionalidad de justicia, con la Constitución y con el pueblo de Guatemala”.

La inquietud por el riesgo de influencias indebidas fue compartida por Nery Ramos, primer vicepresidente del Congreso y exdirector de la Policía Nacional Civil, quien alertó sobre la gravedad de que el narcotráfico y el crimen organizado condicionen decisiones clave del Estado.

Gutiérrez insistió en que el país “merece que a esa Corte de Constitucionalidad lleguen profesionales idóneos, probos, de reconocida honorabilidad, que no tengan vínculos con las élites, con los sectores tradicionales, con terroristas o vínculos con el crimen organizado”.

El proceso de elección en el Congreso de la República, ha generado una serie de opiniones y señalamientos, el encargado de negocios John Barrett, quien advirtió: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.

En ese contexto, Barrett sostuvo que las elecciones de segundo grado tienen naturaleza propia en Guatemalay requieren cumplimiento estricto de sus normas. Según su declaración: “Como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos”.

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