La decisión de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo de limitar el padrón electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) solo a quienes ostentan el título de abogado, horas antes de la votación para designar a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), ha causado inquietud en la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La exclusión repentina de miles de profesionales de ciencias afines, que históricamente han intervenido en procesos internos y cuentan con colegiación obligatoria, acarrea no solo temor por el respeto a los derechos adquiridos, sino también dudas profundas sobre la seguridad jurídica y la legitimidad futura de la máxima instancia judicial guatemalteca.
La propia OEA advirtió que medidas como el amparo provisional, dictado a tan solo horas de la elección del 4 de febrero de 2026, abren espacio a la percepción de que las normas pueden adaptarse para favorecer resultados concretos.
De acuerdo con el comunicado difundido, modificar el universo de votantes sobre la recta final del proceso puede dañar la confianza institucional y debilitar la cohesión interna del propio Colegio, un riesgo que amenaza la base misma del Estado de derecho en un contexto caracterizado por la polarización y la fragilidad institucional.
La tensión se agrava por el desacato de sentencias en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y las alteraciones de reglas electorales en el propio CANG. Según la Misión Especial de la OEA, estos episodios comprometen la legitimidad de la Corte de Constitucionalidad y recuerdan la importancia de aplicar procedimientos que sean claros, estables y conocidos de antemano.
En el proceso de impugnación ante la Corte, en el comunicado, la OEA advirtió que estos acontecimientos tendrán repercusiones directas sobre la percepción de legitimidad tanto de la Corte como del sistema de justicia guatemalteco. Subrayó, además, que la independencia judicial depende tanto de garantías personales para jueces y magistrados como de procesos de selección transparentes y previsibles.
También, señaló que los profesionales excluidos, politólogos, sociólogos y miembros de otras disciplinas afines, integran el CANG por mandato legal, cumplen con el pago de cuotas y se encuentran sujetos a su régimen disciplinario.
A juicio del organismo, toda resolución que limite su participación debe considerar principios de igualdad y no discriminación, así como el respeto a derechos consolidados: “Privar de voto, de manera repentina, a un grupo de colegiados obligatorios, que incluye a miles de profesionales de ciencias afines, puede afectar su confianza en las instituciones y debilitar la cohesión interna del propio Colegio”, sostuvo la Misión en su declaración recogida por la OEA.
La Misión de la OEA ha instado a la Corte de Constitucionalidad, al CANG y al resto de las instituciones sujetas al proceso, a garantizar que cualquier resolución sobre la participación de miembros de ciencias afines se sustente en criterios generales y normas aplicables hacia el futuro, evitando alteraciones en función de coyunturas electorales. Reafirmó su disposición para brindar acompañamiento técnico y compartir buenas prácticas, con la finalidad de clarificar el rol de los colegios profesionales y de las ciencias afines en los procesos de selección judicial, aspecto clave para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala.
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