El presidente Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa, esta mañana dijo que su gobierno avanza en una ofensiva contra el crimen organizado, evidenciada por el decomiso de aproximadamente tres toneladas de cocaína y la erradicación de vastas plantaciones de hoja de coca.
Arévalo aseguró que estas operaciones, ya generaron un impacto económico superior a 200 millones de quetzales sobre las finanzas directas a la narcopolítica criminal, territorios y redes de impunidad, resultado de la implementación del estado de sitio en regiones estratégicas y la presión creciente sobre los líderes delictivos internos y externos.
Al cierre de la primera semana bajo este régimen extraordinario, el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda reportó más de 135 detenidos, entre ellos 39 miembros del Barrio 18 y 18 de la MS, así como la captura del primer extraditable del año, conocido como “Chele Peña”. Además, la ofensiva permitió el decomiso de 109 armas de fuego, 799 motocicletas y 236 vehículos, varios identificados en incidentes graves contra agentes policiales, según comunicó Villeda.
En paralelo, las intervenciones en el puerto de Quetzal y Escuintla se mantienen activas, por lo que las cifras de droga incautada podrían incrementarse informaron las autoridades.
En los centros penitenciarios, los operativos han dado como resultado la incautación de 62 cartuchos útiles, 10 teléfonos y 10 radios junto a chips y routers destinados al mantenimiento de la actividad criminal desde el interior de las cárceles.
El ministro de Defensa Henry Sáenz precisó que la operación estatal se extiende a departamentos como Petén e Izabal, con presencia militar sostenida y aislamiento de cabecillas pandilleros. Sáenz detalló la erradicación de 930 mil matas de hoja de coca y el decomiso de embarcaciones de narcomenudeo, así como 38 pipas de heroína y 17 allanamientos adicionales. Zonas como la 18 y el barrio El Gallito permanecen bajo vigilancia especial.
El presidente Bernardo Arévalo de León aseguró que el Estado ha logrado revertir años de control criminal sobre territorios y redes de impunidad: “El mensaje es claro: el crimen organizado ya no gobierna en las cárceles”, afirmó durante su presentación ante la prensa, según información oficial.
Arévalo remarcó que el estado de sitio apunta a restaurar el dominio de las autoridades en los centros penitenciarios y cortar la conexión entre líderes privados de libertad y las organizaciones externas, incluyendo el fin de la vigilancia ilegal por cámaras y radios.
Villeda admitió la existencia de obstáculos para bloquear totalmente las comunicaciones dentro de los penales, haciendo referencia al uso de “terminales Starlink” y otros equipos satelitales, lo que requiere una adaptación constante de las técnicas de interferencia.
Reconoció, además, la complicidad de agentes corruptos que facilitan la entrada de material prohibido. Para contrarrestarlo, el gobierno retiró comercios que proveían apoyo logístico a los internos y fortaleció los anillos de seguridad en torno a los penales.
Las autoridades subrayaron que estas acciones se realizan “dentro del marco del Estado de derecho”, con la perspectiva de mantener el rigor de las operaciones hasta que el control institucional sobre territorios y cárceles sea total.
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