La administración Trump le pidió la renuncia a Kimberly Guilfoyle, su embajadora en Grecia, tras un escándalo de corrupción y favores políticos

Kimberly Guilfoyle llegó a Grecia como uno de los primeros nombramientos diplomáticos del segundo mandato de Donald Trump.

Era exfiscal, exanimadora de Fox News y expareja del hijo mayor del presidente. Nueve meses después, una acumulación de denuncias sobre conducta impropia —dinero, amenazas y favores políticos— la dejó sin el cargo.

La portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, lo confirmó este martes durante su primera conferencia de prensa: “Le hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que renuncie. Ha sido un activo maravilloso para el equipo y le deseamos lo mejor”.

Al cierre de esa declaración, no estaba claro si Guilfoyle había aceptado formalmente la salida.

Las señales de que algo así ocurriría venían desde el fin de semana. The Associated Press informó el domingo —citando a un funcionario de alto rango— que tanto Trump como el secretario de Estado Marco Rubio estaban “extremadamente enojados” con las acusaciones y que resolverían la situación esta semana.

Este lunes, ante periodistas en la Casa Blanca, Trump fue directo: “Lo estamos evaluando. No estamos contentos”.

La reacción dentro de la administración

Rubio había defendido públicamente a Guilfoyle tras las primeras acusaciones. “Nuestra embajadora ha sido una embajadora sólida aquí”, afirmó la semana pasada.

Sin embargo, cuando surgieron nuevas denuncias, cambió su postura: dejó de hacer declaraciones sobre el caso y se negó a responder preguntas al respecto.

El jueves pasado, antes de abordar su avión en Atenas, el secretario de Estado reprendió a los periodistas que insistían en el tema. “Ustedes creen que porque alguna fuente les dijo algo y lo publicaron, es el evangelio. No es el evangelio para mí”, les dijo, mientras Guilfoyle —que había ido a despedirlo— observaba la escena.

Un escándalo que creció semana a semana

Las denuncias contra Guilfoyle comenzaron a publicarse a fines de septiembre en The Wall Street Journal y se multiplicaron con el paso de las semanas.

El primer informe del diario señaló que la embajadora habría advertido a invitados en una recepción que Estados Unidos podría desestabilizar al gobierno griego si lo decidía.

En esa misma publicación se detalló que habría promovido los intereses comerciales de una empresa griega de construcción y energía, y que habría permitido que el lobista de esa compañía participara de reuniones diplomáticas privadas.

Poco después, The Wall Street Journal reveló —con mensajes de texto como respaldo— que Guilfoyle le había pedido a un donante y simpatizante de Trump que pagara una deuda de USD 100.000 en su tarjeta de crédito American Express, días antes de su audiencia de confirmación en el Senado en julio de 2025.

A cambio, le habría prometido acceso a funcionarios de la administración. The New York Times también tuvo acceso a esos mensajes, en los que Guilfoyle se comprometía a ser su “incondicional en el mundo Trump” si recibía el dinero.

Un tercer reporte del Journal indicó que la embajadora se había molestado por no recibir una invitación a un evento con temática griega en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y que había exigido su inclusión mientras alardeaba de viajes de lujo a Francia con ejecutivos de una empresa energética.

Por su parte, The Daily Mail informó que Guilfoyle había distanciado al personal de la Embajada estadounidense en Atenas con un comportamiento reñido con el rol que le corresponde como máxima representante diplomática del país.

La defensa de la embajadora y las consecuencias legales

Guilfoyle no se pronunció directamente sobre ninguna de las acusaciones. Sus abogados, David Schwartz y Jesse Binnall, emitieron un comunicado el domingo en el que rechazaron todas las denuncias.

Sobre ese dinero, sostuvieron que se trataba de un pago pendiente por servicios previos a su nominación como embajadora —apariciones públicas y conferencias— que el donante nunca había abonado.

En cuanto a los viajes en aviones privados, aseguraron que Guilfoyle “solicitó, obtuvo y siguió la orientación del Departamento de Estado y cumplió con las regulaciones de viaje del organismo” en cada ocasión.

Un segundo funcionario del gobierno, que habló bajo condición de anonimato, confirmó a The Associated Press que el inspector general del Departamento de Estado analiza las acusaciones.

El funcionario aclaró que no podía precisar si se había iniciado una investigación formal; las inspectorías generales suelen realizar indagaciones preliminares que no siempre derivan en un proceso disciplinario completo.

El Departamento de Estado no hizo comentarios sobre una posible investigación.

Desde el Congreso, tres legisladores demócratas —el representante Gregory Meeks de Nueva York, la senadora Jeanne Shaheen de Nuevo Hampshire y el representante Robert Garcia de California— reclamaron formalmente la apertura de una investigación.