Una fuga con tobilleras electrónicas cortadas, tres hijos abandonados con una nota y una captura final en Montenegro terminó por convertir un fraude con fondos de la pandemia en una nueva bandera política en Washington.
Así quedó planteado el caso de Richard Ayvazyan y Marietta Terabelian, la pareja de California condenada por quedarse con USD 18 millones en ayudas públicas, tal y como publicó el New York Post.
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Los dos integraron una red que usó identidades robadas para cobrar dinero creado durante la emergencia sanitaria. La maniobra incluyó datos de estudiantes extranjeros, personas mayores y fallecidos, afirmó el New York Post.
A partir de ese episodio, la senadora republicana Joni Ernst presentó una ley para impedir que quienes comparten hogar con personas condenadas por fraude accedan a subvenciones, préstamos, reembolsos y otras asistencias federales.
El diario estadounidense indicó que el texto contempla excepciones para cónyuges que viven separados y para víctimas de violencia doméstica.
El expediente de California que empujó el debate
La causa judicial tuvo como figura central a Ayvazyan, a quien la Justicia señaló como líder del esquema, y a Terabelian, su esposa.
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El proceso terminó en 2021 con condenas por el desvío de dinero estatal y federal destinado a aliviar el impacto económico del COVID-19, de acuerdo con el reporte del New York Post.
En la trama también aparecieron Tamara Dadyan, cuñada de Ayvazyan, y su esposo Artur Ayvazyan. La cobertura del New York Post aseguró que ambos participaron del mecanismo que permitió cobrar fondos reservados para personas y empresas afectadas por la crisis sanitaria.
La fuga amplió la repercusión del expediente. La pareja escapó de Estados Unidos pese al monitoreo judicial y fue localizada tiempo después en Montenegro, informó el periódico.
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Ayvazyan cumple hoy una pena de 17 años de prisión. Terabelian cumple otra de seis años. El New York Post recordó que un juez definió al principal acusado como un “estafador de sangre fría” que “ve el fraude como un logro”.
La ley que impulsa Joni Ernst
Ernst tomó ese antecedente como base para una nueva ofensiva contra el uso irregular de recursos públicos. La legisladora bautizó su proyecto como No Cash for Cohabitating Kins of Crooks Act, precisó el New York Post.
La republicana de Iowa sostuvo que el problema supera este episodio y alcanza a otros núcleos del país. “Cometer fraude es algo literal en estas familias de delincuentes”, afirmó en declaraciones recogidas por el diario.
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La senadora agregó que su investigación detectó maniobras similares en varios estados. “Mi última investigación encontró esquemas que brotan de árboles familiares de todo el país, con parientes que se unen para despojar a los contribuyentes por USD 50 millones”, aseguró.
Ese cálculo surge de una lista de 15 grupos incluidos en su premio mensual Squeal Award, una distinción con la que busca exponer episodios de despilfarro, abuso y estafa con dinero estatal.
La propuesta forma parte también del trabajo que Ernst desarrolla en el Senate DOGE Caucus, desde donde promovió otras acciones orientadas al control del gasto y a la supervisión de programas federales, detalló el New York Post.
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Los otros expedientes que citó como respaldo
La legisladora no limitó su argumento a lo ocurrido en California. En su lista también aparece un grupo de Minnesota vinculado al escándalo de Feeding Our Future, una trama por USD 250 millones asociada al programa federal de nutrición infantil.
Dentro de esa causa, Gandi Yusuf Mohamed y cinco parientes fueron condenados por desviar más de USD 10 millones que debían destinarse a comida para niños necesitados, señaló el New York Post.
La nota agregó que uno de los implicados mantuvo una reunión con el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, hecho que atrajo críticas de legisladores republicanos.
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Ernst también mencionó a los Edwards, residentes de Florida cuando presentaron una supuesta organización religiosa para pedir asistencia del programa de protección de salarios durante la pandemia.
El diario afirmó que ese grupo buscó USD 6 millones, aunque recibió USD 8,4 millones tras declarar más de 500 empleados.
Otro expediente citado fue el de cuatro hermanas acusadas de presentar cerca de 200 reclamos falsos para obtener ayudas agrícolas por USD 11,5 millones.
Las autoridades concluyeron que, en la mayoría de los casos, ni siquiera habían intentado explotar campos, aseguró el New York Post.
La lista se completa con allegados del estado de Washington que simularon tareas de cuidado para cobrar USD 1,1 millones de la Administración de Veteranos.
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Ernst cerró su ofensiva con una frase que dejó expuesto el tono de su campaña. “La próxima reunión de esta familia de estafadores será en la cárcel”, afirmó, tal y como reprodujo el medio estadounidense.
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