(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump prometió en su última campaña presidencial que ejecutaría una profunda reforma destinada a limitar la permanencia de refugiados extranjeros en Estados Unidos.
Trump avanzó sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y logró que la Corte Suprema falle a su favor, tras una compleja batalla judicial que se libró en distintos estrados inferiores.
El TPS fue creado en 1990, diseñado por el senador demócrata Edward Kennedy y promulgado por la administración republicana de George H. W. Bush.
Se trata de un permiso de trabajo y la protección frente a un eventual pedido de deportación para ciudadanos extranjeros que nacieron en países afectados por un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia, por citar ejemplos históricos que justificaron la vigencia del TPS.
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El Salvador desde 1991, y Honduras a partir de 1998, son casos emblemáticos en la aplicación del TPS. Este recurso legal no concede la residencia o la ciudadanía, y si el TPS caduca, los beneficiarios vuelven a un status irregular y están sujetos a una eventual deportación.
La decisión migratoria de Estados Unidos tendrá distinta respuesta política en Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua.
Haití es un estado fallido, que tiene un gobierno débil y está acechado por bandas de narcotraficantes que controlan el 80 por ciento de su territorio.
Informes oficiales aseguran que hay cerca de 300.000 refugiados haitianos en Estados Unidos, que no tienen intenciones de regresar a la isla caribeña.
Distinta es la situación en Honduras: su presidente Tito Asfura diseñó un sistema de emergencia para acompañar el regreso de miles de hondureños que deberán abandonar Estados Unidos en el corto plazo.
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Desde esta perspectiva, Asfura dialogó con Marco Rubio -secretario de Estado-para desplegar un proceso migratorio que permita una transición familiar ordenada.
En este contexto, los consulados de Honduras estarán a disposición en las distintas ciudades de Estados Unidos para asesorar a los futuros repatriados, que se calculan en 80.000.
La premisa básica es que no se separe la familia y que se facilitará la mudanza desde los Estados Unidos con todos los bienes que se hayan comprado durante la vigencia del TPS.
“Debemos ser respetuosos de las decisiones soberanas de los Estados Unidos. Nuestro compromiso como gobierno es trabajar de la mano con las autoridades estadounidenses por la vía diplomática para garantizar una transición ordenada, digna y humanitaria para nuestros compatriotas, asegurando que las familias no sean separadas y que puedan retornar con sus bienes”, sostuvo Asfura.
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El caso de Venezuela es complejo. El régimen liderado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro expulsó a miles de venezolanos que encontraron refugio en Estados Unidos.
Las cifras que se manejan en la administración republicana sostienen que 300.000 venezolanos estarían desde hace años en territorio americano.
Y aún no hay proceso formal que permita su traslado hasta Caracas. Muchísimos son refugiados políticos aún perseguidos por el régimen, a lo que hay que sumar la situación de precariedad causada por los dos terremotos de junio.
Como Venezuela, Nicaragua es una dictadura que causó una migración forzosa ante la represión ilegal y la dificultades económicas. Cerca de 5.000 nicaraguenses se refugian en Estados Unidos, y su situación personal es incierta.
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La Casa Blanca no tiene relación con la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega, y hay muchísima incertidumbre sobre los pasos que tomará el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para enviar a los refugiados nicaragüenses hacia Managua.
La caída del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela involucra a un número superior a los 500.000 expatriados que viven en Estados Unidos.
Trump desea que todo se acelere antes de los comicios de medio término, convocados para el próximo 3 de noviembre. Cree que la anulación del TPS puede fortalecer las posibilidades electorales del Partido Republicano.
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