Once inmigrantes acusados por integrar una red que explotó a menores y traficó armas en cuatro estados de Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó una acusación federal contra 11 ciudadanos de nacionalidad venezolana y colombiana.

Según el expediente judicial, se les atribuye la coordinación de una red criminal involucrada en el tráfico sexual de menores y adultos, la venta de drogas sintéticas y el comercio ilegal de armas de fuego.

Las operaciones de este grupo se desarrollaron en Ohio, Tennessee, Carolina del Norte y Florida, donde las autoridades llevaron a cabo detenciones coordinadas y desarticularon parte de la estructura delictiva.

El caso, que incluye la explotación de una adolescente y una mujer adulta, expone la sofisticación de las organizaciones transnacionales que actúan en territorio estadounidense.

El operativo federal: arrestos simultáneos en cuatro estados

La investigación estuvo a cargo de una Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional y desembocó en la presentación de 30 cargos federales el 11 de junio de 2026.

El Departamento de Justicia informó que 10 de los 11 acusados fueron detenidos el martes siguiente, en un despliegue coordinado que abarcó varias jurisdicciones.

El único imputado que permanece prófugo sigue siendo buscado por las autoridades. El organismo también remarcó que 10 de los procesados carecen de estatus migratorio regular en Estados Unidos.

El expediente judicial describe cómo la organización trasladaba víctimas entre estados con el objetivo de promover la prostitución. De acuerdo con Fox News Digital, los acusados publicaban anuncios de sexo comercial en plataformas digitales, sobre todo en la región central de Ohio.

Entre las víctimas identificadas figura una menor de edad, de entre 14 y 18 años, y una mujer adulta, ambas explotadas sexualmente durante el periodo investigado. Además, el documento sostiene que cuatro de los imputados conspiraron entre julio y agosto de 2025 para cometer estos delitos.

El grupo operaba con una estructura flexible, capaz de movilizar personas y recursos entre diferentes estados, lo que dificultó el rastreo de sus actividades. Durante la investigación se documentó la venta de drogas, en particular éxtasis, y el tráfico de al menos nueve armas de fuego. Algunos de los acusados también enfrentan cargos adicionales por posesión ilegal de armas debido a su condición migratoria.

El fiscal federal Dominick S. Gerace II subrayó el compromiso de las autoridades al afirmar que los acusados, en su mayoría en condición migratoria irregular, participaron en “una panoplia de actividades ilícitas de tráfico, desde drogas y armas de fuego hasta seres humanos”. Gerace aseguró que el Departamento de Justicia actuará con todo el rigor legal ante delitos de semejante gravedad.

La coordinación del operativo involucró a agentes del FBI y de Homeland Security Investigations (HSI). Jason Cromartie, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Cincinnati, afirmó que la prioridad es “mantener a Ohio a salvo y sacar de las calles narcóticos, armas de fuego y delincuentes violentos”.

Jared Murphey, agente especial interino de HSI en Detroit, sostuvo que la acusación “demuestra el compromiso de la fuerza de tareas para proteger a las comunidades frente a organizaciones criminales transnacionales acusadas de explotar a víctimas vulnerables”.

Identidad y distribución geográfica de los acusados

La acusación formal revela que seis de los once imputados residían en Ohio: Jean Pierre Alejandro Guillen Salcedo, Taidin Adreina Ferrer Guillen, Pedro Angel Colls-Flores, Alismar Daniela Contreras-Arevalo, Briyi Daniela Ordonez-Iter y Julian David Patino Pena.

Dos de los procesados, John Alexandre Fajardo-Ulzcategui y Jose Ruben Sanchez-Pena, vivían en Tennessee. El listado se completa con Keivar Elian Guillen Salcedo, con domicilio en Charlotte, Carolina del Norte; Therry Brayant Leon Gavida, residente en Jacksonville, Florida; y Dervin Alejandro Colmenares Quintero, con residencia oficialmente consignada en México.

Esta dispersión geográfica demuestra la capacidad de la organización para establecerse en distintos puntos de Estados Unidos, facilitando la movilidad de víctimas y la ocultación de sus actividades ilícitas. Además, la presencia de ciudadanos venezolanos y colombianos evidencia la dimensión internacional de la red.

Estrategia federal y marco legal

El caso se enmarca en la iniciativa de la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional, creada mediante la orden ejecutiva 14159 del presidente Donald Trump.

El objetivo de esta estrategia es combatir organizaciones criminales transnacionales, pandillas extranjeras, redes de trata de personas y extranjeros violentos que actúan en suelo estadounidense.

Cabe aclarar que la acusación contra los once imputados no está relacionada con operaciones militares estadounidenses en Venezuela ni con cifras de menores víctimas de trata atribuidas a carteles criminales, como se mencionó en algunos medios.

Esos datos refieren a investigaciones independientes y no figuran en los documentos oficiales vinculados a este expediente, una precisión que también remarcó Fox News Digital.

Aspectos clave y alcance judicial

La causa sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones en el marco de la ofensiva federal contra el crimen organizado transnacional.

El Departamento de Justicia recordó que todos los acusados gozan del principio de presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal. El expediente judicial permanece bajo secreto parcial y la investigación continúa su curso.