La Universidad Estatal de Ohio acordó pagar USD 100 millones a 279 exalumnos que acusaron al médico del campus Richard Strauss de haberlos agredido sexualmente durante las décadas de 1980 y 1990. La junta directiva de la universidad ratificó el acuerdo el miércoles 3 de junio, según informaron la institución y un abogado de las víctimas en un comunicado conjunto, citado por la agencia Reuters.
El pacto pone fin a ocho años de litigio federal y abarca a casi todos los demandantes activos. Solo uno de los 280 exalumnos involucrados en la negociación más reciente no firmó el acuerdo.
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Qué hizo Strauss y por qué la universidad no lo detuvo
Strauss trabajó como médico en el departamento de atletismo y en el centro de salud estudiantil de la universidad entre 1978 y 1998. Durante ese período también atendía pacientes en una clínica privada fuera del campus, según informaron ABC News y CBS News.
Durante ese período abusó sexualmente de al menos 177 hombres, en su mayoría estudiantes, bajo el pretexto de exámenes médicos: los tocamientos y manoseos de genitales eran su método habitual, según determinó la investigación independiente que encargó la propia institución.
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El reporte anual de seguridad del campus registró 1.430 casos de tocamientos atribuibles a Strauss durante su permanencia en la universidad.
El personal universitario tuvo conocimiento de las conductas de Strauss desde 1979, pero no actuó. La universidad lo retiró de sus funciones en 1996 y le permitió jubilarse voluntariamente en 1998 con el título de emérito, distinción que sus fideicomisarios le revocaron en 2019.
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“Nunca habíamos recibido una queja sobre el doctor Strauss”, le respondió por escrito el director del servicio de salud estudiantil a Steve Snyder-Hill, uno de los exdeportistas abusados, cuando este reportó el incidente, según relató a CBS Morningsen en un informe del 2018.
Años más tarde, la institución destruyó los registros médicos de los estudiantes examinados por Strauss. El médico murió en 2005.
Ocho años de batalla legal
La noticia del abuso, que se hizo pública en 2018 tras la denuncia de un exdeportista, impulsó a más de 500 personas a demandar a la universidad por haber mostrado, según los demandantes, una indiferencia deliberada ante los hechos.
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Un informe de 182 páginas elaborado por Perkins Coie, la firma de abogados contratada para conducir la investigación independiente, y publicado en mayo de 2019, documentó los hallazgos: la institución supo de las quejas desde 1979 y no las investigó ni las informó a las autoridades.
Un segundo informe, encargado por el gobernador de Ohio Mike DeWine ese mismo año, llegó a la misma conclusión: la universidad no protegió ni alertó a sus estudiantes incluso después de que el Colegio Médico del Estado la notificara en 1996 sobre la conducta de Strauss.
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Varios exatletas firmaron acuerdos con identidad reservada. Un abogado del caso confirmó que entre las víctimas hay exjugadores de la NFL, sin identificarlos públicamente, según ABC News y CBS News.
Cómo se acumularon los acuerdos
El cierre del miércoles no es el primero. En 2020, la universidad pagó USD 40,9 millones a 162 sobrevivientes. En febrero de 2026 sumó ocho acuerdos adicionales, con lo que el total acumulado llegó a 304 sobrevivientes y más de USD 60 millones antes del anuncio más reciente.
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Con el nuevo acuerdo de USD 100 millones, la cifra global de compensaciones a víctimas de Strauss supera los USD 160 millones en pagos ya ratificados.
Qué dicen las partes y qué sigue
El presidente de la universidad, Ravi Bellamkonda, se dirigió a la junta directiva durante la reunión del miércoles: “Los sobrevivientes del abuso de Strauss son todos Buckeyes, siempre serán parte de nuestra familia y nuestra comunidad”. Agregó que llegar a una resolución final “es un paso importante” y agradeció el coraje de las víctimas, según ABC News y CBS News.
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En un comunicado conjunto, la universidad y un abogado de las víctimas informaron que la mediación y su confidencialidad continúan mientras las partes ultiman los detalles, según Reuters. La resolución aprobada por la junta autoriza al asesor jurídico de la institución y al fiscal general del estado de Ohio a ejecutar el acuerdo con los demandantes.
De concretarse en su totalidad, el pacto pondría fin a los litigios federales pendientes contra la universidad por el caso Strauss.
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