
La administración de Donald Trump enfrenta una demanda por las demoras en la renovación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un retraso que ya dejó a beneficiarios sin permiso de trabajo, sin empleo y con un mayor riesgo de deportación.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) indica en su sitio web que DACA permite que las personas que llegaron al país cuando eran niños y cumplen determinados criterios soliciten acción diferida por un período de dos años, con posibilidad de renovación.
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De acuerdo con una exclusiva de NBC News, los grupos que impulsaron la acción judicial sostuvieron que miles de beneficiarios dejaron vencer su estatus porque sus renovaciones no se resolvieron a tiempo, aunque el trámite debe completarse cada dos años. El tiempo mediano de procesamiento para 2026 figura en 2,7 meses, frente a medio mes en 2025, 1,8 meses en 2024 y un mes en 2023.
Qué información exigieron las organizaciones sobre plazos y políticas
La demanda fue presentada el 25 de junio en el Distrito Norte de California contra Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el USCIS. El caso fue impulsado por el Justice Action Center en representación de East Bay Sanctuary Covenant y el Immigration Institute of the Bay Area, entidades que asisten a beneficiarios de DACA afectados por demoras y pérdidas de estatus.
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Las dos organizaciones enviaron el 7 de mayo pedidos formales de información para saber por qué beneficiarios que solicitaron la renovación hacia octubre y noviembre no habían recibido una respuesta. Tras no recibir noticias de ICE y USCIS antes del 5 de junio, decidieron acudir a la Justicia para obligar al gobierno federal a dar explicaciones.
En consecuencia, las organizaciones reclamaron información sobre políticas y cambios vinculados con las solicitudes de renovación, además de datos sobre los tiempos actuales de trámite, la cantidad de renovaciones y el tiempo que demora cada una.
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Catherine Seitz, directora legal del Immigration Institute of the Bay Area, dijo a NBC News: “¿Se trata de un problema pasajero que se solucionará pronto, o es algo que perdurará?”. Luego agregó: “Necesitamos saberlo para poder informar a nuestros clientes”.

El patrón dejó de ser previsible y las aprobaciones ahora aparecen de forma irregular
Varios beneficiarios de DACA relataron a NBC News que el proceso de renovación antes era sencillo y, por lo general, demoraba menos de seis semanas, pero que este año acumuló retrasos de meses.
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Shiori Akimoto, responsable del programa de servicios legales migratorios de East Bay Sanctuary Covenant, explicó que trabaja con clientes de DACA desde que Obama creó el programa por orden ejecutiva en 2012 y que, hasta ahora, las renovaciones seguían un “patrón predecible”.
Akimoto aseguró que vio casos con retrasos de meses, sin embargo, recientemente algunos clientes que presentaron su renovación en abril y mayo obtuvieron aprobación en seis semanas: “Simplemente no sabemos por qué el USCIS está tomando decisiones de esta manera. Es totalmente arbitrario”.
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Por su parte, Hillary Li, abogada del Justice Action Center, declaró al medio: “Durante los años que DACA ha estado vigente, las renovaciones han sido bastante fiables. Pero ahora, desde hace meses, vemos que estas demoras provocan que las personas pierdan su estatus migratorio, lo que significa que pierden sus empleos y su capacidad para mantener a sus familias. Además, pierden su protección contra la deportación”.

El gobierno afirma que DACA no otorga estatus legal y que no impide una deportación
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo en un comunicado que los beneficiarios de DACA “no están automáticamente protegidos contra las deportaciones”. La agencia agregó: “DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país. Cualquier inmigrante indocumentado beneficiario de DACA puede ser arrestado y deportado por diversos motivos, entre ellos, si ha cometido algún delito”.
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Un fallo judicial de este año determinó que todos los beneficiarios actuales de DACA pueden conservar sus protecciones contra la deportación y sus autorizaciones de trabajo, siempre que cumplan los requisitos y renueven su estatus. Aun así, la administración Trump arrestó y deportó a beneficiarios del programa.
A su vez, una decisión del mes pasado de la Junta de Apelaciones de Inmigración estableció que los jueces no pueden usar únicamente el estatus de un beneficiario de DACA como motivo para frenar un proceso de deportación.
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Los retrasos ya impiden trabajar a médicos, docentes y personal de salud
La demanda describió casos concretos de profesionales que quedaron paralizados por la falta de respuesta del gobierno. Un graduado de 26 años de una escuela de medicina de primer nivel no pudo iniciar su residencia en anestesiología mientras su renovación seguía pendiente.
Otro beneficiario de DACA que completó una especialización en cirugía ortopédica en Nueva York no pudo trabajar desde febrero y tampoco pudo comenzar este año su puesto en un centro médico rural de Pensilvania con escasez de atención.
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En Nueva York, Angel Ortega, profesor de educación física en una escuela pública, presentó su renovación unos 110 días antes de que venciera su permiso de trabajo emitido por DACA el mes pasado y todavía no recibió respuesta.
Ortega recordó que, en México, cuando tenía tres años, ya lo formaban para cortar alfalfa y convertirse en trabajador rural, la única ocupación que había tenido toda su familia. Su madre lo llevó a Nueva York en 1994, cuando él tenía cuatro años, para buscar una vida mejor.
Se graduó de la secundaria como estudiante y atleta destacado. Gracias a DACA, pudo obtener un título universitario y convertirse en docente. Desde que perdió el estatus, abrió una campaña en GoFundMe por si su renovación no llega a tiempo para el nuevo semestre. Si eso ocurre, dijo, teme tener que explicarles a sus alumnos por qué no puede enseñarles.
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