Una jueza federal bloqueó el lunes las restricciones que la administración de Donald Trump impuso sobre el uso de cupones de alimentos para comprar bebidas azucaradas y dulces en cinco estados, en un fallo que desmonta una de las piezas centrales del movimiento “Hacer América Saludable de Nuevo”.
La jueza Amy Berman Jackson, del Tribunal de Distrito Federal de Washington, determinó en una resolución de 68 páginas que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) no tenía autoridad legal para aprobar las exenciones estatales que restringían qué productos pueden adquirir los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
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El fallo suspende de forma inmediata las restricciones en Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental.
Qué es SNAP y por qué importa este fallo
SNAP, el programa federal de cupones de alimentos, entrega beneficios mensuales a 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos. En el año fiscal 2024, el programa costó más de USD 100.000 millones y distribuyó un promedio de USD 190,59 al mes por persona, según datos del USDA.
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El fallo afecta directamente a millones de familias que dependen de esos beneficios para cubrir su alimentación básica. Cinco beneficiarios de SNAP, representados por el Centro Nacional de Derecho y Justicia Económica, demandaron al USDA en marzo al argumentar que las restricciones dificultaban el manejo de condiciones de salud como diabetes y alergias, y generaban confusión al momento de comprar.
La palabra de la jueza
Jackson fue directa al delimitar los alcances legales del USDA. “El Congreso definió qué se supone que es un ‘alimento’ y no autorizó a la agencia a modificar o anular esa definición”, escribió en su resolución, según reportó The Hill.
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La jueza reconoció que las intenciones del gobierno pueden ser genuinas, pero trazó una línea clara: “Lo que no pueden hacer es violar la ley y sus propias regulaciones en el camino”, según citó Reuters.
Agregó que el USDA solo puede aprobar exenciones para mejorar la eficiencia administrativa del programa, no para redefinir qué constituye un alimento. “Mejorar la salud y la dieta de los beneficiarios de SNAP no está incluido”, sentenció.
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La abogada Katharine Deabler-Meadows, del Centro Nacional de Derecho y Justicia Económica, calificó el fallo como “un paso importante para restaurar la asistencia alimentaria esencial a las millones de familias que dependen de SNAP en todo el país”, según recogió The New York Times.
El alcance de las restricciones bloqueadas
El USDA había aprobado exenciones de “restricción alimentaria” en 23 estados, que les permitían impedir que los beneficiarios de SNAP compraran productos como refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados. Las restricciones contaban con el respaldo de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., como parte de la agenda MAHA.
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Los cinco estados incluidos en la demanda presentaron sus solicitudes al USDA entre abril y agosto de 2025, según consta en el expediente judicial citado por The Hill. Jackson anuló y devolvió las cartas de aprobación emitidas por Rollins para esos estados.
La respuesta del gobierno
El USDA no retrocede. Un portavoz de la agencia anticipó que la batalla legal continuará: “La idea de que los fondos de los contribuyentes no deben usarse para comprar comida chatarra no debería ser controversial”, según declaró a Reuters y The Associated Press.
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“El USDA no abandonará la lucha por Hacer América Saludable de Nuevo, incluidas las familias y comunidades que dependen de SNAP”, agregó el portavoz.
Cómo funciona el sistema
Los beneficios de SNAP se cargan en tarjetas de prepago a través del sistema de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés). Los estados administran las solicitudes y determinan la elegibilidad según las pautas federales, pero los fondos provienen del gobierno federal.
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La resolución de Jackson no cierra el debate sobre qué deben financiar los cupones de alimentos. El USDA puede apelar el fallo o buscar una vía legislativa para imponer las restricciones que la jueza consideró fuera de su alcance administrativo.
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