
Cerca de 5 millones de personas podrían perder la cobertura de Medicaid por los requisitos laborales que comenzarán a regir el 1 de enero. La administración de Donald Trump impulsó esta medida, que obliga a muchos adultos a trabajar, estudiar o realizar voluntariado durante al menos 80 horas mensuales para conservar el beneficio.
La normativa, presentada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), también contempla una serie de exenciones para grupos específicos, como mujeres embarazadas, padres de niños pequeños, veteranos con discapacidades y personas médicamente frágiles. Quienes no reúnan estos requisitos deberán adaptarse a las nuevas reglas para no quedar fuera del sistema.
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Qué cambiará en Medicaid y a quiénes afecta
Desde el 1 de enero, la mayoría de los adultos que reciben Medicaid en Estados Unidos deberá acreditar al menos 80 horas mensuales de trabajo, estudio o voluntariado. El objetivo, según el gobierno, es incentivar la búsqueda de empleo y la inserción social.
Sin embargo, especialistas advierten que la principal causa de pérdida de cobertura será la dificultad para cumplir con los trámites y no la falta de trabajo.
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Durante el primer año, los beneficiarios podrán declarar en sus formularios de alta o renovación si cumplen alguna de las condiciones para quedar exentos, sin tener que presentar documentación. Esta medida temporal busca dar tiempo a los estados para desarrollar sistemas de verificación, aunque a partir de 2028 se exigirá comprobar los datos aportados.
Quiénes estarán exentos de los requisitos laborales
Algunos grupos podrán mantener la cobertura de Medicaid sin cumplir con las nuevas exigencias. La normativa contempla las siguientes exenciones:
- Mujeres embarazadas: podrán mantener la cobertura sin cumplir con las nuevas exigencias.
- Padres o cuidadores principales de niños pequeños: quedan exceptuados de las obligaciones laborales, educativas o de voluntariado.
- Veteranos con discapacidades: no deberán acreditar actividad mensual para conservar el beneficio.
- Personas consideradas “médicamente frágiles”: incluye a quienes tengan condiciones que limiten significativamente su capacidad para trabajar, como cáncer o trastornos por consumo de sustancias.
- Otros grupos definidos por cada estado: los estados podrán determinar qué afecciones médicas permiten la exención y elaborar listados técnicos propios.
Estas excepciones buscan proteger a los sectores vulnerables, aunque la definición y el control final dependerán de la regulación en cada estado.
Cómo funcionará el sistema de declaración y verificación
Durante 2025, los beneficiarios podrán autoacreditar ante el sistema que cumplen alguna de las condiciones para ser eximidos, al momento de solicitar o renovar el Medicaid. Esta decisión temporal pretende evitar que las personas pierdan la cobertura por no contar con documentación suficiente en el corto plazo.
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“Permitir que las personas se autodeclaren elegibles para las exenciones durante el próximo año significa que menos afiliados a Medicaid se quedarán fuera del sistema y terminarán sin seguro”, indicó Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de la organización de políticas de salud, KFF (Kaiser Family Foundation), a la cadena estadounidense de noticias, NBC News.
A partir de 2028, los estados deberán verificar la información presentada utilizando expedientes médicos y datos administrativos. Las autoridades federales reconocen que este sistema podría facilitar que algunos beneficiarios declaren falsamente cumplir los requisitos, pero consideran que es necesario para no dejar desprotegidas a las personas mientras se perfeccionan los controles.
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“Somos indulgentes, pero no somos ingenuos”, advirtió el Dr. Mehmet Oz, administrador de los CMS.
Impacto esperado y argumentos del gobierno
KFF estima que los nuevos requisitos y las dificultades administrativas llevarán a cerca de 5 millones de personas a perder el Medicaid para 2034, principalmente por obstáculos burocráticos y no por su situación laboral. El informe destaca que la mayoría de las bajas se producirán por problemas de papeleo, más que por falta de trabajo.
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El gobierno de Donald Trump sostiene que la política busca alentar la inserción laboral y reducir la dependencia de la ayuda estatal. Para justificar la medida, las autoridades citaron un informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica, organización de investigación económica, que muestra que los estadounidenses trabajan menos horas que en décadas pasadas.
Según el argumento oficial, el acceso a beneficios públicos reduce los incentivos para buscar empleo o aumentar la jornada laboral.
Desafíos en la aplicación y dudas pendientes
Organizaciones civiles y expertos advierten que la implementación complica la tarea de los estados para establecer sistemas de verificación y evitar que personas elegibles pierdan cobertura por simples cuestiones administrativas.
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Nebraska, uno de los primeros estados en aplicar los requisitos laborales, elaboró criterios para definir quién califica como “médicamente frágil”. Esto anticipa el nivel de complejidad que enfrentarán otros estados a medida que se extiendan las nuevas reglas y se vuelvan más estrictos los controles.
La guía federal deja en manos de cada estado la definición de protocolos, la verificación de exenciones y la comunicación de los cambios. La ausencia de exención para personas sin hogar es una de las principales críticas de los defensores de derechos sociales.
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