Un ex piloto cubano acusado junto a Raúl Castro fue condenado por otra causa en Estados Unidos

El expiloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez fue condenado este jueves a siete meses de prisión por fraude migratorio en un tribunal federal de Jacksonville, Florida, aunque deberá cumplir solo 10 días adicionales de esa pena por llevar más de seis meses detenido. La condena queda eclipsada por una acusación mucho más grave: conspirar para asesinar a ciudadanos estadounidenses en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

El exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, de 65 años, llegó a un acuerdo de culpabilidad en el caso migratorio. Admitió haber mentido al solicitar la residencia permanente en abril de 2025, cuando declaró no haber recibido entrenamiento militar ni haber servido en el ejército, pese a haber integrado la Fuerza Aérea Cubana entre 1980 y 2009.

González-Pardo ingresó a Estados Unidos en 2024 bajo el programa de parole humanitario habilitado por la administración del entonces presidente Joe Biden y fue arrestado en noviembre de ese año. Su defensa alegó que la omisión en el formulario migratorio pudo deberse a miedo, confusión o al temor de que una respuesta veraz comprometiera su permanencia en el país.

El caso de mayor peso fue revelado el 20 de mayo pasado, cuando la Fiscalía estadounidense acusó a González-Pardo, junto con otras cinco personas, de conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses. Los hechos se remontan al 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de la Fuerza Aérea Cubana derribaron dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate sobre el Estrecho de la Florida, causando la muerte de sus cuatro tripulantes.

Según la acusación, González-Pardo pilotaba uno de los cazas que persiguió a una tercera avioneta civil, en la que viajaba el líder de la organización, José Basulto, quien logró escapar. La Fiscalía sostiene además que el expiloto y otros tres acusados recibieron entrenamiento específico para localizar y perseguir aeronaves pequeñas como las utilizadas por Hermanos al Rescate.

Entre los imputados figura el exdirigente cubano Raúl Castro, de 94 años, quien ejercía como ministro de Defensa en el momento de los hechos y quien, según la acusación, autorizó el uso de la fuerza letal contra la organización. Castro enfrenta cargos de conspiración, asesinato y destrucción de aeronaves, en lo que constituye la primera vez que la justicia estadounidense imputa a un alto cargo del gobierno cubano.

El abogado criminalista Nelson Rodríguez Varela advirtió que la condena por fraude migratorio resultará insignificante frente a lo que podría recibir González-Pardo en el proceso por asesinato. “La sentencia que él vaya a recibir en el segundo caso va a ser una sentencia mucho más seria”, señaló el letrado, quien añadió que el expiloto permanecerá bajo custodia hasta que se resuelva ese proceso.

Rodríguez Varela apuntó también que González-Pardo podría convertirse en el testigo central contra Raúl Castro, dado que es el único de los acusados que se encuentra bajo la jurisdicción de la justicia estadounidense. “Pienso que ya debe haber estado cooperando” con las autoridades, afirmó el abogado.

El caso por asesinato podría tardar varios meses en avanzar, ya que González-Pardo aún no ha sido presentado ante un juez en ese proceso. Por el delito de fraude migratorio, la pena máxima contemplada es de 10 años de prisión, aunque la condena impuesta este jueves se situó muy por debajo de ese techo.

La Habana sostiene que las avionetas derribadas en 1996 se encontraban dentro del espacio aéreo cubano en el momento del incidente. El gobierno de la isla acusa además a Basulto de haber pertenecido a la CIA y de haber participado en acciones paramilitares, incluida la invasión de Bahía de Cochinos de 1961.

Los cargos contra Castro se producen en un contexto de máxima presión de Washington sobre Cuba, sometida a un embargo estadounidense desde 1962 que fue agravado en enero pasado. El abogado de inmigración José Guerrero subrayó, al margen del caso penal, la obligación legal que rige para cualquier solicitante: “Siempre tienes que decir la verdad en cualquier aplicación que sometas al servicio de inmigración”.