Qué dice la acusación judicial de Estados Unidos que señala a Raúl Castro por homicidio en el derribo de aviones civiles

El ex dictador cubano, Raúl Castro, fue acusado este miércoles por la justicia federal de Estados Unidos de haber autorizado una operación militar que terminó con el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 y provocó la muerte de cuatro personas.

La acusación, presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida, sostiene que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, integró una conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses mediante el derribo deliberado de aeronaves civiles con misiles aire-aire mientras volaban sobre aguas internacionales.

El expediente judicial reconstruye cómo, según los fiscales, el régimen cubano organizó durante meses una operación de inteligencia y seguimiento para identificar los movimientos de Hermanos al Rescate, infiltrar espías en Miami y preparar una respuesta militar contra los vuelos de la organización.

La acusación incluye cargos por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio premeditado. Además de Raúl Castro, aparecen imputados varios pilotos militares cubanos identificados como integrantes de la Fuerza Aérea Revolucionaria que participaron en la misión del 24 de febrero de 1996.

El documento sostiene que la decisión de derribar las avionetas se tomó después de que Hermanos al Rescate realizara vuelos sobre Cuba durante enero de 1996 para arrojar panfletos vinculados con la democracia y los derechos humanos. Según los fiscales, esas acciones provocaron una reacción directa del régimen cubano.

La acusación afirma que, tras esos vuelos, Raúl Castro mantuvo reuniones con mandos militares y autorizó “acciones decisivas y letales” contra las aeronaves de la organización.

El expediente describe además la estructura de mando del sistema militar cubano de aquella época. Señala que Raúl Castro ocupó durante décadas el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y que todas las decisiones militares importantes pasaban por esa cadena de comando. Según el documento, las órdenes relacionadas con operaciones letales debían escalar hasta la conducción política y militar encabezada por Fidel y Raúl Castro.

Uno de los elementos más extensos de la acusación está vinculado a las actividades de espionaje realizadas en el sur de Florida. El texto sostiene que la inteligencia cubana desplegó agentes encubiertos para infiltrarse en organizaciones del exilio cubano y obtener información sobre Hermanos al Rescate.

Entre los nombres mencionados aparecen René González y Juan Pablo Roque, señalados como integrantes de la llamada Red Avispa. Según la acusación, ambos se hicieron pasar por pilotos desertores y lograron integrarse al entorno de la organización radicada en Miami.

La fiscalía afirma que esos agentes transmitían información detallada a La Habana sobre vuelos programados, características de las aeronaves y movimientos de pilotos. El documento también sostiene que la inteligencia cubana ordenó a sus infiltrados no subir a las avionetas previstas para finales de febrero de 1996, un dato que los fiscales utilizan para sostener que el ataque ya estaba planificado.

El expediente identifica esa operación de inteligencia con el nombre “Operación Escorpión”. Según el texto judicial, el objetivo era fortalecer la capacidad de respuesta del régimen cubano frente a las actividades de Hermanos al Rescate y anticipar posibles vuelos vinculados con protestas opositoras dentro de la isla.

La acusación también contextualiza la situación política y económica que atravesaba Cuba durante la década de 1990. El documento menciona el colapso de la Unión Soviética y la crisis económica posterior como parte del escenario que impulsó un aumento de la migración marítima desde la isla hacia Estados Unidos.

En ese contexto, Hermanos al Rescate realizaba vuelos para localizar balsas y embarcaciones precarias de migrantes cubanos perdidos en el estrecho de Florida. Con el tiempo, la organización amplió sus actividades y comenzó a respaldar grupos opositores cubanos.

Los fiscales sostienen que la dictadura cubana interpretó esas acciones como una amenaza política. El documento menciona especialmente el apoyo que Hermanos al Rescate brindaba al grupo disidente Concilio Cubano, que planeaba realizar reuniones opositoras dentro de la isla en febrero de 1996.

Según la acusación, la inteligencia cubana buscó impedir tanto esas reuniones como los vuelos de apoyo organizados desde Miami. Para ello, la Fuerza Aérea cubana realizó ejercicios de entrenamiento destinados a localizar e interceptar avionetas civiles de baja velocidad similares a las utilizadas por Hermanos al Rescate.

El relato judicial reconstruye luego lo ocurrido el 24 de febrero de 1996. Ese día, tres aeronaves civiles despegaron desde el aeropuerto Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, rumbo al sur.

Poco después, cazas MiG cubanos despegaron desde la base aérea de San Antonio de los Baños. Según el expediente, los pilotos militares recibieron autorización para destruir las aeronaves civiles mientras estas volaban sobre aguas internacionales.

La acusación sostiene que el primer ataque ocurrió alrededor de las 3:21 de la tarde. Un misil aire-aire impactó contra una de las avionetas de Hermanos al Rescate y mató a sus dos ocupantes.

Minutos después, otro misil destruyó una segunda aeronave civil y provocó la muerte de otras dos personas. Los fiscales remarcan en repetidas ocasiones que las avionetas estaban desarmadas y que no existió advertencia previa antes del ataque.

El expediente también afirma que un tercer avión fue perseguido por cazas cubanos pero logró escapar.

Para la fiscalía estadounidense, el punto clave del caso es demostrar que existió una conspiración coordinada desde la estructura estatal cubana. El documento sostiene que espías en Miami recopilaron información, que la inteligencia cubana la transmitió a las fuerzas armadas y que los pilotos militares actuaron siguiendo órdenes previamente autorizadas.

La acusación detalla además que varios pilotos cubanos escucharon por radio las solicitudes de autorización para abrir fuego y las confirmaciones posteriores de que las aeronaves habían sido destruidas.