El acusado de intentar matar a Donald Trump compró armas en South Bay, epicentro de la venta en Los Ángeles

La acusación federal contra Cole Tomas Allen, exalumno de Caltech y residente de Torrance, por intento de asesinato del presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, renovó el debate sobre la circulación y el control de armas en el sur de California.

De acuerdo con Los Angeles Times, Allen fue presentado el lunes ante un tribunal federal en Washington, D.C., donde enfrenta cargos federales por intento de asesinato, transporte interestatal de armas con fines criminales y uso de armas en un crimen violento.

El juez ordenó su detención sin derecho a fianza tras la presentación de pruebas que incluyen la portación de una escopeta calibre 12, una pistola semiautomática calibre .38 y varios cuchillos, además de un manifiesto que señalaba como objetivos a altos funcionarios del gobierno.

Según Los Angeles Times, Allen adquirió legalmente las armas utilizadas en el ataque en dos comercios de South Bay: una escopeta en Turner’s Outdoorsman, en Torrance, y una pistola semiautomática en CAP Tactical Firearms, en la vecina Lawndale.

La fiscalía argumentó que Allen planificó el ataque y viajó armado desde California a Washington, D.C., con la intención explícita de atentar contra el mandatario. La acusación formal, presentada el lunes 27 de abril, marca el inicio de un proceso penal federal que podría derivar en una condena a cadena perpetua.

Torrance: densidad de armerías y armas en delitos

El contexto del caso revela una realidad poco visible para buena parte del público: la notable densidad de armerías en el sur de California y su vínculo con la circulación de armas involucradas en delitos en el área metropolitana de Los Ángeles.

Los Angeles Times reportó que, hasta noviembre de 2023, Torrance contaba con 18 armerías, equivalente a un comercio cada 8.150 habitantes en una población cercana a 147.000 personas. En contraste, la ciudad de Los Ángeles —capital del condado— tenía 38 armerías para más de 4 millones de habitantes, lo que representa una tienda cada 100.000 residentes.

Las cifras oficiales muestran que Torrance figura como un nodo crítico en la venta y posterior uso de armas en crímenes. Entre 2017 y 2021, los comercios de armas de la ciudad vendieron el tercer mayor volumen nacional de armas recuperadas en delitos en Los Ángeles, solo por detrás de Las Vegas y Phoenix, según un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) citado por Los Angeles Times. Durante ese periodo, más de 700 armas incautadas en Los Ángeles habían sido previamente adquiridas en comercios de Torrance.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de California, la sucursal de Turner’s Outdoorsman en Torrance vendió 1.652 armas vinculadas a delitos entre 2010 y 2022. CAP Tactical Firearms, también mencionada en la acusación contra Allen, vendió en el mismo periodo 150 armas relacionadas con investigaciones judiciales.

Reacciones, regulación local y perfil del acusado

El impacto del caso llevó a declaraciones públicas de autoridades locales. George K. Chen, alcalde de Torrance, expresó en la red social X: “Torrance es una comunidad construida sobre el respeto, la diversidad, el trabajo duro y la seguridad pública. Nuestra comunidad se une al país para condenar el incidente violento que ocurrió en Washington, D.C.”, según recogió Los Angeles Times.

La regulación sobre el comercio de armas varía según el municipio dentro del condado de Los Ángeles. Tras el tiroteo de Uvalde en 2022, la ciudad de Burbank estableció una moratoria temporal para nuevas armerías y, en 2024, implementó zonas de amortiguamiento alrededor de escuelas e iglesias.

En 2023, Torrance prohibió la apertura de nuevos comercios de armas en el centro histórico, aunque estos negocios siguen presentes en otras zonas comerciales de la ciudad.

Propietarios y empleados del sector manifestaron sus posturas ante las restricciones. Jack Brandhorst, dueño de Red Rifle Ltd., sostuvo tras el rechazo del permiso para trasladar su tienda: “Estos concejales solo complacieron a los sectores más ruidosos. No existe ninguna ley o norma que limite las armerías en esa zona”, declaró a Los Angeles Times.

Por su parte, Turner’s Outdoorsman reiteró su política de no comentar con la prensa sobre investigaciones policiales, mientras que CAP Tactical Firearms no emitió declaraciones.

El perfil de Cole Tomas Allen despertó sorpresa en la comunidad local y entre quienes lo conocían en el ámbito académico. Los Angeles Times recogió testimonios de vecinos que lo describen como discreto, inteligente y con destacada habilidad en matemáticas y ciencias.

También se documentó su participación como coordinador general de grupo en la Caltech Christian Fellowship, según una publicación de 2016 de la organización.

El manifiesto atribuido a Allen, que forma parte de la investigación federal, contiene referencias explícitas a la fe cristiana y menciona: “Poner la otra mejilla cuando alguien más es oprimido no es una conducta cristiana; es complicidad con el crimen del opresor”, texto citado por Los Angeles Times.

En una entrevista posterior, Donald Trump afirmó a Fox News que Allen “odia a los cristianos” y lo calificó como “enfermo”.

Actualmente, Allen permanece bajo custodia federal y la próxima audiencia está programada para el jueves. La acusación formal y la investigación en curso mantienen el foco en la intersección entre la regulación de armas, la seguridad pública y la violencia política en Estados Unidos.