El Gobierno de Daniel Ortega enfrenta exigencias por la desaparición del excoronel Carlos Brenes

Organizaciones de derechos humanos exigen al Gobierno de Daniel Ortega una prueba de vida del excoronel Carlos Brenes. El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más han elevado la tensión política en Nicaragua al reclamar al Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo una prueba de vida para el excoronel sandinista y opositor Carlos Brenes. El exmilitar, de 71 años, fue arrestado el 15 de agosto de 2025 y su paradero actual es motivo de preocupación creciente.

Las agrupaciones advierten que Brenes depende de insulina para sobrevivir y que en enero sufrió un agravamiento en su salud debido a una herida en el pie. El Grex responsabiliza directamente a la pareja presidencial y a las autoridades penitenciarias por cualquier deterioro en el estado del exmilitar.

Demandas y contexto de la detención

Desde Costa Rica, el abogado Gonzalo Carrión, integrante del colectivo Nicaragua Nunca Más y actualmente desnacionalizado, apoyó el pedido de prueba de vida para Brenes, afirmando que se encuentra “detenido y desaparecido desde agosto de 2025”.

Además, reclamó la libertad inmediata de todas las personas consideradas presas políticas en Nicaragua, cuya cantidad, según sus cifras, supera la decena.

La detención de Brenes y su esposa, Salvadora Martínez, ocurrió durante una ola de arrestos en el contexto del 46 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio de 2025. Según los organismos, las capturas respondieron a órdenes directas de Ortega, dirigidas a procesar a quienes fueran señalados como conspiradores contra el Gobierno.

Situación de los presos políticos y medidas internacionales

A inicios de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) extender las medidas provisionales a favor de cinco disidentes encarcelados, entre ellos Brenes.

Dichas medidas pretenden proteger a quienes, de acuerdo con la CIDH, se encuentran en condiciones de “extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos”.

Las resoluciones provisionales de la Corte IDH son obligatorias para los Estados y se aplican cuando la integridad o la vida de las personas está en riesgo inminente. La solicitud de la CIDH evidencia la preocupación internacional por la situación de los opositores detenidos en Nicaragua.

Organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos exigen una respuesta oficial acerca del estado y la integridad de los detenidos.

La incógnita sobre el destino de Carlos Brenes y otros opositores persiste, mientras sus allegados insisten en la necesidad de garantías mínimas: verificación de vida, atención médica y respeto a los derechos fundamentales.

Crisis política y antecedentes

Nicaragua permanece sumida en una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. En esos comicios, Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, en medio de acusaciones de fraude y represión. La mayoría de los líderes opositores se hallaban entonces en prisión o fueron expulsados posteriormente del país y despojados de su nacionalidad.

En este contexto, la exigencia de pruebas de vida para Carlos Brenes visibiliza la preocupación por el trato a los disidentes y la opacidad del sistema penitenciario nicaragüense. Las organizaciones insisten en la exhibición inmediata de Brenes y de todas las personas detenidas bajo condiciones de desaparición forzada como un paso esencial hacia el respeto de los derechos humanos en el país.