Debate en Honduras por elección de nuevas autoridades del CNE y TJE, mientras consejeras titulares rechazan renunciar pese a licencia

Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Cossette López y Ana Paola Hall, enfrentaron recientes cuestionamientos públicos y reafirmaron que no abandonarán sus cargos, en un ambiente político tenso por la revisión de aspirantes a puestos clave del sistema electoral.

A través de sus redes sociales, López denunció la existencia de lo que calificó como campañas mediáticas dirigidas a presionar su salida del organismo electoral, argumentando que tanto ella como Hall han sido blanco de críticas constantes e intentos de deslegitimación.

“No vamos a renunciar, dejen de presionarnos, de montar campañitas mediáticas y de crear polémica sobre nuestros derechos”, afirmó la consejera, quien además cuestionó que estos señalamientos desvíen la atención de otros temas nacionales.

Condenan intimidaciones

López también manifestó preocupación por el nivel de hostilidad en el debate público, destacando que las críticas han alcanzado un punto en el que, según explicó, se ve comprometida incluso su seguridad personal: “¿Nos tenemos que dejar matar para que estén conformes?”. Defendió su permanencia en el cargo junto a Hall, con quien aseguró compartir una trayectoria de trabajo institucional.

La consejera añadió que esperan condiciones de mayor estabilidad y respeto institucional, considerando que estas presiones no deberían existir en un entorno democrático, en especial tras los cambios de gobierno que debieron aportar tranquilidad a la administración pública.

Estas declaraciones surgen mientras el Congreso Nacional de Honduras ha iniciado el proceso de revisión de 100 postulaciones para integrar el propio CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), como parte de la renovación de estructuras vinculadas al sistema democrático.

La revisión está a cargo de una comisión especial legislativa, responsable de analizar los perfiles de quienes aspiran a estos puestos, en un contexto donde también se evalúan los criterios de selección y la independencia de las instituciones electorales.

Uno de los temas destacados es la aplicación del artículo 52 de la Constitución de la República, que impone restricciones para aspirar a cargos dentro del CNE, incluyendo la prohibición para personas que tengan cargos de elección popular.

Más de 100 aspirantes

Y es que dentro de los 100 postulantes se encuentran dos diputados en funciones: Mario Portillo y Germán Altamirano, ambos del Partido Libertad y Refundación (Libre), lo que ha abierto el debate sobre la compatibilidad de sus aspiraciones con la normativa constitucional.

En este escenario también participa el sector académico, que ha anunciado su rol como observador del proceso. Representantes académicos señalaron que su papel será exclusivamente de veeduría para garantizar la transparencia, y remarcaron que no respaldarán políticamente a ninguna de las partes involucradas.

También consideran clave la importancia de que la selección de las autoridades electorales se base en la meritocracia y la capacidad técnica, dejando de lado intereses partidarios, en un proceso considerado crucial para la credibilidad del sistema democrático.

El ambiente alrededor del CNE sigue inmerso en posiciones encontradas, entre acusaciones de presión política y exigencias de transparencia en la selección y conformación de las instituciones electorales del país.

Esta semana, la comisión especial legislativa continuará con la revisión de expedientes y análisis de perfiles en los próximos días, donde serán evaluados.