Arrestan a un pastor y su esposa por abuso sexual y físico de un menor bajo custodia estatal en Carolina del Sur

Un pastor y su esposa fueron arrestados en Carolina del Sur el 1 de abril tras una denuncia de abuso sexual y físico contra un menor que estaba bajo su cuidado en régimen de acogida, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Richland y fue reportado por WIS News 10. R

odney Gibson y Kawiana Young, ambos de 50 años, enfrentan múltiples cargos relacionados con delitos contra menores, incluyendo conducta sexual criminal y maltrato físico.

La denuncia fue presentada por el propio menor el mes pasado, quien relató a las autoridades haber sido víctima de abusos sexuales por parte de Gibson desde los 15 años y de maltrato físico ejercido por Young.

La oficina del sheriff detalló que, tras la declaración del menor, este fue puesto inicialmente bajo custodia protectora de emergencia para resguardar su integridad.

El proceso judicial se intensificó el 20 de marzo, cuando un juez de familia determinó en audiencia que el menor debía regresar al hogar de los acusados, pero posteriores entrevistas y nuevas pruebas permitieron a los investigadores solicitar las órdenes de detención, que culminaron el 1 de abril con el arresto de Gibson y Young.

Ese mismo día, el menor fue trasladado nuevamente a custodia de emergencia, según confirmó el departamento.

Según el Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur, Young contaba con licencia oficial como madre de acogida desde junio de 2021 hasta junio de 2025. Durante este periodo, seis menores estuvieron bajo su cuidado, aunque la autoridad estatal indicó que Young entregó voluntariamente su licencia tras la denuncia.

El departamento subrayó que Young nunca notificó que Gibson vivía en la residencia, ni comunicó su matrimonio o cualquier vínculo con él, lo que representa una violación directa de los protocolos de transparencia y seguridad establecidos para las familias de acogida. La institución aseguró que colabora activamente con la investigación criminal en curso.

El caso de Rodney Gibson y Kawiana Young ha generado preocupación entre las organizaciones de protección infantil de Carolina del Sur, ya que revela posibles fallas en la supervisión y monitoreo de los hogares de acogida.

De acuerdo con el portal oficial de estadísticas del gobierno federal estadounidense Child Welfare Information Gateway, en 2023 se registraron más de mil setecientas denuncias de abuso o negligencia en hogares de acogida en todo Estados Unidos, lo que pone en relieve la importancia de los controles estrictos y la verificación de antecedentes en las familias que reciben menores bajo custodia estatal.

Las autoridades locales han enfatizado la gravedad de las acusaciones, señalando que los cargos incluyen conducta ilícita con un menor, conducta sexual criminal en primer y segundo grado, así como contribuir a la delincuencia de un menor, delitos que la legislación de Carolina del Sur castiga de forma grave.

Según explicó un vocero de la Fiscalía del Condado de Richland, los delitos sexuales contra menores pueden conllevar penas de hasta 30 años de prisión, dependiendo de la gravedad y la persistencia del abuso.

El seguimiento mediático del caso ha evidenciado la relevancia de la coordinación entre organismos estatales, fuerzas de seguridad y el sistema judicial para proteger a los menores bajo tutela pública.

La revista estadounidense The Atlantic publicó recientemente un informe sobre los desafíos en la supervisión de hogares de acogida en Estados Unidos, advirtiendo que la falta de comunicación entre agencias y la sobrecarga de casos pueden dejar a menores en situaciones vulnerables sin la protección adecuada.

En este contexto, el Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur ha reiterado que las familias de acogida deben cumplir con estrictos requisitos de idoneidad, incluyendo la obligación de informar cambios en la composición del hogar y cualquier circunstancia relevante que pueda afectar la seguridad del menor.

La omisión de Young al no notificar la presencia de Gibson y su relación con él será un punto clave en la investigación interna y en los procesos judiciales que enfrentan ambos acusados.

Actualmente, la identidad y el paradero del menor se mantienen en reserva por razones de protección y privacidad, conforme a las leyes estatales de Carolina del Sur y a los protocolos nacionales para víctimas de delitos sexuales.

Las autoridades han solicitado a los medios de comunicación evitar la publicación de detalles que puedan llevar a la identificación de la víctima.

Supervisión estatal y antecedentes en hogares de acogida

Expertos en protección infantil han señalado que este tipo de casos subraya la necesidad de fortalecer la supervisión y la capacitación de los cuidadores en el sistema de acogida.

Según datos de la organización de referencia en investigación sobre cuidado infantil Foster Care Institute, solo en 2022 más de 400 mil menores vivían en hogares de acogida en Estados Unidos, y las denuncias de abuso o negligencia, aunque representan un porcentaje reducido del total, tienen consecuencias graves y de largo plazo para las víctimas.

La experiencia en Carolina del Sur muestra que la cooperación entre las agencias estatales y los mecanismos de denuncia anónima son herramientas esenciales para detectar situaciones de riesgo.

El Departamento de Servicios Sociales ha recordado que existen líneas de atención y protocolos específicos para que tanto menores como adultos puedan reportar sospechas de abuso sin temor a represalias.

Respuesta institucional y próximos pasos

El Departamento del Sheriff y el Departamento de Servicios Sociales han reiterado su compromiso de investigar a fondo el caso y de revisar los procedimientos internos para evitar que situaciones similares se repitan.

Según informaron fuentes oficiales, los acusados permanecen detenidos a la espera de la audiencia de fianza, mientras la investigación judicial continúa recopilando pruebas y testimonios.

Las autoridades han instado a la comunidad a colaborar con la investigación y a mantenerse atentos ante cualquier indicio de abuso o negligencia en hogares de acogida, recordando que la protección de los menores es una responsabilidad compartida por toda la sociedad.