La administración de Donald Trump otorgó un plazo de 10 días a la Universidad Estatal de San José para modificar su política sobre deportistas transgénero bajo la amenaza de sanciones legales y la posible pérdida de fondos federales, tras una investigación federal concluida en enero que determinó que la institución violó normas de acoso sexual y discriminación, según publicó el diario local The Mercury News.
La presidenta de San Jose State, Cynthia Teniente-Matson, confirmó que la universidad rechazó las condiciones exigidas por el gobierno federal y recurrió a una demanda judicial para intentar frenar la retirada de financiación.
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El gobierno de Trump exige la exclusión de deportistas transgénero en la universidad
En enero, el Departamento de Educación de Estados Unidos concluyó que permitir la participación de una atleta transgénero en el equipo de voleibol femenino violaba el Título IX, la principal normativa federal contra la discriminación por sexo en espacios educativos, de acuerdo con la investigación citada por The Mercury News.
El informe sostuvo que tanto el acceso de la deportista a la competencia femenina como a las instalaciones para mujeres suponían una denegación de oportunidades y beneficios educativos en igualdad de condiciones.
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Para remediar la infracción, el Departamento presentó un acuerdo que requería que la universidad adoptara definiciones basadas en la biología para el sexo, separara equipos deportivos e instalaciones según el sexo biológico, restaurara títulos y registros deportivos a atletas nacidas mujeres y remitiera cartas de disculpa personalizadas a quienes, según la investigación federal, sufrieron discriminación. En caso de negarse, el centro educativo podría perder el acceso a fondos federales, según el despacho dirigido por la subsecretaria para Derechos Civiles, Kimberly Richey.
“El departamento está poniendo a la universidad sobre aviso: cumpla la ley o arriesgue sus recursos federales”, advirtió Richey en declaraciones recogidas por The Mercury News. Esta advertencia se emitió después del vencimiento previo de un plazo para alcanzar un acuerdo voluntario, que había expirado el fin de semana anterior.
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Un conflicto con múltiples frentes y consecuencias millonarias
El conflicto nació en 2024, cuando la inclusión de una atleta transgénero en el equipo femenino de voleibol fue rechazada por equipos rivales —algunos se negaron a competir— y una compañera interpuso una demanda, según relata The Mercury News. Las investigaciones oficiales fueron abiertas en febrero de 2025.
Desde 2025, el presidente Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas que restringen los derechos de la población transgénero, estableciendo, entre otras medidas, la limitación de tratamientos de afirmación de género en jóvenes, la prohibición de la participación de atletas transgénero en competiciones y el uso del criterio binario para el reconocimiento legal del sexo.
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The Mercury News indica que estas políticas afectaron tanto a centros de primaria y secundaria como a universidades, especialmente en California.
En junio, la administración de Trump determinó que el Departamento de Educación de California y la Federación Interestatal de California incumplieron la ley federal al permitir la participación de deportistas transgénero, pero las autoridades locales sostienen que la normativa californiana requiere la inclusión según identidad de género.
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Los directivos universitarios se enfrentan así a presiones cruzadas: arriesgan la pérdida de fondos federales si rechazan las exigencias federales, pero también arriesgan la financiación local si las aceptan.
El gobernador Gavin Newsom advirtió en octubre que las universidades de California que cedan frente a la agenda “anti-DEI y antitransgénero” dejarán de recibir miles de millones de USD en ayudas estatales.
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Ni la Universidad Estatal de California —institución de la que depende San Jose State— ni las autoridades californianas respondieron a la solicitud de comentarios respecto a posibles medidas ante la advertencia federal, de acuerdo con The Mercury News.
La universidad comunicó oficialmente que no modificará su postura ni aceptará el acuerdo federal y mantiene que la ley vigente prohíbe discriminar a estudiantes transgénero.
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La controversia enfrenta a una universidad que sostiene la protección de estudiantes trans con un gobierno federal decidido a restringir su participación bajo la amenaza de consecuencias legales y económicas.
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