
Irán experimenta una nueva escalada en la represión estatal, evidenciada por un aumento en las ejecuciones por cargos de espionaje y terrorismo. Según medios oficiales iraníes y organizaciones de derechos humanos, la aplicación de la pena de muerte se intensificó, mientras la comunidad internacional y activistas denuncian procesos judiciales acelerados y sin garantías mínimas.
En los últimos meses, el régimen incrementó la velocidad y frecuencia de las sentencias capitales, especialmente después del estallido del conflicto armado con Estados Unidos e Israel, según datos de la organización noruega Iran Human Rights y Democracy for the Arab World Now (DAWN), con sede en Washington.
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Estas entidades advierten que la presión estatal se agudizó tras las protestas masivas de enero, en las que miles de iraníes fueron reprimidos con violencia letal por las fuerzas de seguridad.
Omid Memarian, analista de DAWN, explicó a The New York Times que muchos de estos procesos concluyen en pocos días, los imputados apenas acceden a abogados y suelen ser condenados sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura. Memarian sostiene que el aumento de las ejecuciones responde a la inquietud de las autoridades ante el creciente descontento social.
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El pico más reciente de ejecuciones se registró después del cese al fuego en abril, cuando medios estatales difundieron una serie de sentencias capitales.
Además, a inicios de mayo, se informó sobre la ejecución de tres hombres vinculados a las protestas de enero. La televisión estatal informó el miércoles la muerte de Mohammad Abbasi, arrestado junto a su hija por el presunto asesinato de un policía.
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Según Iran Human Rights, las confesiones de ambos fueron obtenidas bajo coacción y retransmitidas como parte de una estrategia de intimidación.
Otra ejecución reportada fue la de Abdoljalil Shahbakhsh, arrestado en 2022 durante protestas masivas y condenado por terrorismo y ataques armados a comisarías. Iran Human Rights lo identifica como preso político.
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La ofensiva del régimen también abarca la persecución de presuntos espías y saboteadores, fenómeno que se intensificó desde junio de 2025 tras la ofensiva militar israelí y la participación puntual de fuerzas estadounidenses. El régimen iraní asegura haber desmantelado redes de espionaje vinculadas a Israel, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que las detenciones suelen dirigirse a opositores y críticos del régimen.
Entre los últimos ejecutados figuran Erfan Shakourzadeh, estudiante de 29 años de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, condenado por colaborar con agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes, y Ehsan Afrashteh, acusado de entrenarse con el Mossad en Nepal y vender información sensible a Israel.
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El director de Iran Human Rights, Amiry-Moghaddam, reclamó en sus redes sociales el aumento de la presión internacional sobre Irán y pidió que el tema de las ejecuciones sea incluido en futuras negociaciones entre Washington y Teherán.
Otro de los casos citados por organizaciones y allegados es el de Saleh Mohammadi, un adolescente y campeón nacional de lucha libre que fue ejecutado en marzo. La familia enfrenta un trauma psicológico profundo. Tras la ejecución, simpatizantes del régimen se reunieron frente a la casa de Mohammadi, gritando consignas y ejerciendo acoso y presión psicológica constante sobre la familia, lo que intensificó su sufrimiento y les generó una sensación permanente de inseguridad. El familiar señaló que sufre pesadillas todas las noches a raíz de esta situación.
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Con respecto al año pasado, el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Irán describió a medios locales que el régimen ejecutó al menos a 1.600 personas en 2025. La mayoría de las condenas correspondieron a delitos de narcotráfico o asesinato, aunque organizaciones humanitarias afirmaron que las autoridades utilizan el contexto de guerra para intensificar la represión contra críticos.
(Con información de The New York Times)
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