La Casa Blanca rechazó la propuesta del empresario Elon Musk de asumir el pago de los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) durante el cierre parcial que afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ha provocado demoras en aeropuertos de Estados Unidos, informaron fuentes a CBS News.
El ofrecimiento propuesto por el empresario tecnológico ascendía a USD 250 millones, según dos fuentes citadas por el medio.
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El cierre parcial del gobierno federal, que mantiene sin fondos al Departamento de Seguridad Nacional desde hace 40 días, ha generado un impacto directo en la operatividad de los aeropuertos estadounidenses.
Los empleados de la TSA han visto reducidos sus ingresos a la mitad y, según el titular interino de la agencia, al finalizar la semana, el personal habrá perdido en conjunto mil millones de dólares en salarios, una cifra que se suma a los perjuicios del cierre anterior, que se extendió por 43 días.
De acuerdo con la información publicada por CBS News, la iniciativa de Musk buscaba mitigar el efecto económico sobre los trabajadores afectados.
El dueño de SpaceX y Tesla utilizó su cuenta de X el sábado para plantear públicamente su ofrecimiento: “Me gustaría ofrecerme a pagar los salarios del personal de la TSA durante este impasse de financiamiento que está afectando negativamente la vida de tantos estadounidenses en los aeropuertos de todo el país”, escribió Musk.
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Su propuesta generó repercusión inmediata en la administración y entre los funcionarios responsables de la seguridad aeroportuaria, a la vez que sumó presión sobre el Ejecutivo y el Congreso para alcanzar un acuerdo presupuestario.
Obstáculos legales y cuestionamientos éticos
Algunos funcionarios de la administración Trump mostraron apertura ante la iniciativa y el presidente Donald Trump expresó su respaldo explícito.
Pero la Casa Blanca consideró que existen obstáculos legales insalvables para canalizar recursos privados al pago de sueldos de empleados públicos.
Las fuentes consultadas por CBS News detallaron que la principal dificultad proviene de los contratos federales que mantiene Musk con el Estado y de las restricciones establecidas por la Oficina de ética Gubernamental de Estados Unidos, que prohíbe donaciones directas de particulares a salarios de funcionarios.
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Especialistas en derecho administrativo señalaron que cualquier intento de transferir fondos privados a cuentas generales del gobierno para destinarlos a salarios requeriría una autorización expresa del Congreso.
La Oficina de ética Gubernamental obliga a que los pagos a empleados federales se realicen exclusivamente con partidas presupuestarias aprobadas por el Poder Legislativo, con el fin de evitar conflictos de interés y garantizar la independencia de la función pública.
Posturas políticas y clima de tensión
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responsabilizó a los legisladores demócratas por la situación y enfatizó que la solución depende de la aprobación de los fondos para el DHS en el Congreso.
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“El presidente y los republicanos han mantenido una posición clara: financiar el Departamento de Seguridad Nacional”, subrayó Leavitt en declaraciones recogidas por CBS News.
La administración de Trump mantiene como condición para cualquier acuerdo incluir los recursos solicitados para seguridad fronteriza y proyectos relacionados con el muro con México, lo que ha obstaculizado las negociaciones presupuestarias.
En paralelo, trabajadores y sindicatos de la TSA alertaron sobre el deterioro de las condiciones laborales y los controles de seguridad en los aeropuertos.
El sindicato nacional estimó que más de 50.000 empleados sufrieron una merma de ingresos durante un periodo que ya supera los 40 días, lo que afecta directamente la capacidad de respuesta en los principales puntos de entrada al país.
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Contexto del cierre y antecedentes
El cierre parcial del gobierno federal se inició hace 40 días, después de que el Congreso no lograra aprobar la ley de financiamiento solicitada por la administración de Trump.
Varias agencias dependientes del DHS, entre ellas la TSA y la Patrulla Fronteriza, quedaron sin presupuesto. El antecedente más reciente fue el cierre de 2018-2019, que se extendió por 43 días y provocó pérdidas salariales similares para los empleados públicos.
La iniciativa de Musk se interpretó como un gesto inusual de intervención privada en los asuntos presupuestarios federales.
No obstante, expertos consultados por CBS News y otros medios estadounidenses advierten que la legislación vigente impide este tipo de transferencias por motivos de ética y transparencia, y que cualquier excepción requeriría un cambio normativo aprobado por el Congreso.
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