El gobierno de Donald Trump intensificó este lunes su campaña contra la Universidad de Harvard al abrir dos nuevas investigaciones federales por presunta discriminación racial en las admisiones y por antisemitismo en el campus, en una escalada que acumula tres frentes legales simultáneos contra la institución más antigua de Estados Unidos.
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación anunció que indagará si Harvard continúa usando criterios raciales en sus procesos de selección, en violación del fallo del Tribunal Supremo de 2023 que declaró inconstitucional la acción afirmativa. La misma oficina examinará las denuncias de acoso antisemita en el campus que, según el gobierno, la institución no ha combatido con eficacia. El comunicado oficial otorgó a Harvard un plazo de 20 días para entregar los datos de admisiones solicitados en mayo de 2025, bajo amenaza de medidas coercitivas que incluirían una remisión al Departamento de Justicia.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, señaló en un comunicado que “nadie, ni siquiera Harvard, está por encima de la ley”, y advirtió que el gobierno actuará si la universidad “sigue obstruyendo” los intentos de verificar su cumplimiento de las normas antidiscriminatorias.
Harvard respondió a través de un portavoz que la institución está “firmemente comprometida” con combatir el antisemitismo y cumple con la legislación vigente en materia de admisiones, incluida la sentencia de 2023. El portavoz calificó las nuevas acciones como “los últimos actos de represalia del gobierno contra Harvard por su negativa a ceder su independencia y sus derechos constitucionales”.
Las dos investigaciones llegan tres días después de que el Departamento de Justicia presentara, el 20 de marzo, una nueva demanda contra Harvard acusándola de permitir un “entorno hostil” hacia estudiantes judíos e israelíes durante las protestas propalestinas en el campus entre 2023 y 2025. Según esa demanda, el profesorado y la dirección mostraron “indiferencia deliberada” ante el acoso, las agresiones físicas y la exclusión de instalaciones académicas que sufrieron esos estudiantes.
El gobierno solicitó al tribunal que declare a Harvard en incumplimiento de sus obligaciones contractuales y que le permita recuperar miles de millones de dólares en subvenciones ya entregadas. Esa acción fue a su vez la segunda presentada en cinco semanas: el 13 de febrero, el Departamento de Justicia ya había demandado a la universidad por negarse a entregar información sobre sus criterios de admisión en una investigación federal de derechos civiles.
La confrontación arrancó en los primeros días del segundo mandato de Trump. En febrero de 2025, el gobierno envió una carta formal exigiendo supervisión sobre las admisiones, la contratación y la ideología de estudiantes y personal. Ante la negativa de la universidad, la Casa Blanca congeló más de 2.600 millones de dólares en fondos de investigación, canceló contratos federales e intentó bloquear la admisión de estudiantes internacionales. Harvard demandó al gobierno, y jueces federales bloquearon esas medidas de forma sucesiva.
En septiembre, un tribunal federal dictaminó que la administración de Trump había utilizado el argumento del antisemitismo como “cortina de humo” para un ataque de motivación ideológica contra las principales universidades del país.
A pesar de los reveses judiciales, la Casa Blanca no cedió. El Departamento de Educación colocó a Harvard bajo supervisión financiera intensificada, y las negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial, que llegaron a contemplar un pago de 500 millones de dólares, naufragaron cuando Trump elevó la cifra a 1.000 millones.
El contraste con Columbia University resulta ilustrativo. La institución neoyorquina optó por ceder y en julio de 2025 acordó pagar 221 millones de dólares al gobierno federal para recuperar las subvenciones canceladas. El acuerdo incluyó la aceptación de una definición de antisemitismo que equipara la oposición al sionismo con el odio al pueblo judío, la revisión del currículo sobre Medio Oriente y el compromiso de no usar criterios raciales en admisiones ni contrataciones.
La presión alcanza a otras instituciones. El Departamento de Educación envió cartas de advertencia a 60 universidades por presuntas irregularidades vinculadas al antisemitismo, y el Departamento de Justicia demandó también a la Universidad de California en Los Ángeles por supuestos actos antisemitas no atendidos.
Organizaciones de derechos civiles y grupos de estudiantes señalaron, sin embargo, que el gobierno no abrió investigaciones equivalentes sobre islamofobia o discriminación contra estudiantes árabes y palestinos, lo que a su juicio delata una aplicación selectiva de las normas antidiscriminatorias.
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