En 2025, el Departamento de Policía de Austin realizó cerca de 40% menos verificaciones presenciales a agresores sexuales registrados en comparación con los dos años previos. Según el sargento Meson Woo, esto se debe al déficit crónico de personal, la reasignación de agentes y recortes presupuestarios.
Esta situación generó preocupación entre las sobrevivientes de agresiones sexuales, quienes consideran estas inspecciones esenciales para la seguridad comunitaria, según informó el diario local Austin American-Statesman.
La ciudad de Austin cuenta con aproximadamente 2.200 ofensores sexuales registrados y, en los últimos tres años, promedió unas 372 verificaciones presenciales anuales, lo que implica visitas a solo un 17% de las personas inscritas en el registro.
En comparación, ciudades como Fort Worth y San Antonio presentan cifras notablemente más altas: en Fort Worth, la policía efectúa un promedio de 3.368 verificaciones anuales, superando el total de personas registradas y asegurando, según el sargento Marcus Russell, que cada ofensor sea visitado al menos una vez al año, priorizando los de mayor riesgo. En San Antonio, la policía realiza unas 3.092 verificaciones anuales, cubriendo cerca del 87% de los 3.747 ofensores registrados.
La ley de Texas exige que quienes fueron condenados por delitos sexuales se registren donde viven, trabajan o estudian, y que la omisión sea considerada delito grave. Pero no obliga a las fuerzas policiales a efectuar comprobaciones presenciales, dejando frecuencia y alcance de estas inspecciones a criterio de cada departamento policial o autoridad municipal.
Austin American-Statesman señala que en Austin las verificaciones regulares se consideran recomendación de mejores prácticas por parte de los responsables de la unidad.
Hasta 2023, el Departamento de Policía de Austin mantenía un ritmo mayor, con cerca de 800 verificaciones ese año. Esa tendencia cambió cuando el jefe Joe Chacón reasignó tres agentes del equipo de registro de ofensores sexuales a tareas de patrullaje. En 2024, el uso de USD 40.000 en horas extras permitió aumentar las inspecciones a unas 1.100, pero en 2025 se redujeron nuevamente a 369 tras un nuevo ajuste presupuestario que limitó las horas extra disponibles.
Las funciones de la unidad actualmente priorizan mantener actualizado el registro, atender los reportes obligatorios de los ofensores sexuales e iniciar orden de arresto en caso de infracción. La policía de Austin emitió aproximadamente 150-170 órdenes de detención anuales en los últimos años por incumplimientos relacionados con el registro.
Las diferencias con otras ciudades de Texas y el debate sobre la seguridad
El contraste con otras urbes generó inquietud entre sobrevivientes y especialistas. Tressa Cooper, víctima de agresión sexual en 2001, vio a su atacante condenado a 15 años de libertad condicional y registro de por vida.
En 2021, Cooper descubrió que la dirección de su agresor no había sido verificada durante años, confirmación que obtuvo de un supervisor policial. Cooper contó a Austin American-Statesman: “Tal vez deberíamos preocuparnos menos por las infracciones de tránsito y más por quienes realmente dañan a nuestras comunidades. Esos delitos destruyen la vida de adultos, niños y familias”.
Elizabeth Donegan, exresponsable de la unidad de registro de ofensores sexuales en Austin y actual defensora de víctimas, advirtió que las verificaciones pueden transmitir tranquilidad al público, pero “en mi opinión, es una falsa sensación”.
Según Lavinia Masters, representante del grupo estatal Task Force de Supervivientes de Agresión Sexual, “ya vivimos con miedo a estas personas... es necesario que el sistema entienda que los supervivientes necesitamos esa tranquilidad”.
Reclamos sociales y respuesta institucional
La demanda ciudadana por mayor rigurosidad se canalizó a través de campañas en redes sociales, testimonios en medios digitales y podcasts, especialmente con la visibilidad alcanzada por Cooper y otras sobrevivientes. Esta presión social llevó a que las autoridades reconozcan la necesidad de recuperar las inspecciones.
De acuerdo con Woo, el Departamento de Policía de Austin trabaja en conjunto con agencias federales, incluidas el U.S. Marshals Service, para aumentar el número de verificaciones.
La legislación en Texas deja espacio para que autoridades municipales y departamentos policiales definan la política de verificación, generando brechas notables entre Austin, Fort Worth y San Antonio respecto a la gestión y control de ofensores sexuales.
El debate sobre la eficacia de estas medidas divide a los especialistas, pero la exigencia de mayor seguridad y seguimiento de quienes fueron condenados por delitos sexuales permanece entre parte de la comunidad local.
Cooper subrayó para Austin American-Statesman: “Mi esperanza es que entiendan que son personas que la justicia ya consideró un riesgo para la sociedad. Se les incluye en el registro como salvaguarda para nuestras comunidades”. La falta de un seguimiento constante, concluye, debilita esa protección: “No chequearlos, pone a la comunidad en riesgo”.
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