La capitana Robin Petillo, quien hasta hace poco encabezaba la división de reclutamiento del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), evitó la destitución tras un escándalo que sacudió a la fuerza y puso en debate la eficacia de sus mecanismos disciplinarios.
El caso surgió a partir de la filtración de grabaciones en las que oficiales bajo su mando realizaron comentarios racistas, sexistas y homofóbicos sobre aspirantes a la policía.
Según una orden de traslado revisada por Los Angeles Times, Petillo conservará su rango y fue reasignada a la división de Custodia y Servicios Correccionales, encargada de las cárceles del departamento.
La decisión de no despedir a Petillo se adoptó después de que un panel disciplinario interno desestimó el caso por un motivo legal antes de la audiencia prevista para el 4 de marzo.
Fuentes próximas al proceso señalaron que el argumento central fue que el LAPD no emitió sanciones disciplinarias dentro del plazo de un año tras conocer las acusaciones, como exige la normativa municipal.
Este plazo, diseñado para salvaguardar el debido proceso, ha generado polémica ante denuncias cuya gravedad podría requerir una resolución ejemplar.
La denuncia original, presentada en 2023, detallaba la existencia de cerca de 90 grabaciones en las que oficiales de la división de reclutamiento hacían expresiones ofensivas y discriminatorias dirigidas a candidatos a la fuerza policial.
Aunque los materiales no implicaban directamente a Petillo en los comentarios, sí apuntaban a una falta de control y supervisión adecuada dentro del área a su cargo.
Tras la revelación del escándalo, al menos cinco miembros del equipo fueron suspendidos preventivamente mientras la investigación interna avanzaba.
La reacción pública fue inmediata. La Junta de Comisionados de Policía pidió una investigación a fondo para determinar responsabilidades.
La alcaldesa Karen Bass calificó las acusaciones como “especialmente indignantes e inaceptables”, sumando presión para que el LAPD adoptara medidas enérgicas y transparentes.
Hasta el momento no se han difundido detalles sobre el avance ni los resultados de la pesquisa interna, y tanto el departamento como Petillo han mantenido silencio público respecto al tema.
Limitaciones del sistema disciplinario y debate sobre reformas
El sistema disciplinario del LAPD se rige por la Junta de Derechos, un tribunal interno que limita la capacidad del jefe de policía para expulsar de forma directa a los oficiales, incluso en casos graves.
Este mecanismo ha recibido críticas de organizaciones civiles y representantes comunitarios, quienes sostienen que permite la continuidad de agentes con antecedentes problemáticos o restricciones en sus funciones.
Ante estas inquietudes, actualmente se discute una propuesta legislativa que otorgaría al Concejo Municipal la facultad de revertir decisiones de estos paneles disciplinarios, fortaleciendo así la rendición de cuentas y la transparencia institucional.
No es raro que casos de mala conducta policial se cierren por motivos técnicos, como retrasos en la apertura de investigaciones o en la notificación de sanciones, circunstancias determinantes en el caso de Petillo.
De este modo, logró retener su puesto y asumir la dirección de la división de custodia, un área responsable de la administración y supervisión de las cárceles de la ciudad.
Cambios recientes en la estructura de mando policial
El traslado de Robin Petillo coincidió con otros movimientos de peso en la cúpula del LAPD. El jefe Jim McDonnell designó a Dean Gialamas como nuevo director civil de tecnología, en reemplazo de John McMahon, quien dejó el cargo recientemente.
Por otro lado, Terree A. Bowers, abogado principal del departamento y figura de referencia por su trayectoria en la fiscalía federal y tribunales internacionales, anunció su retiro, lo que supuso el final de una etapa en la asesoría legal del cuerpo policial angelino.
La controversia ha reavivado las dudas sobre la capacidad del LAPD para erradicar patrones de intolerancia y garantizar la transparencia en el manejo de la disciplina interna.
Bajo la presión social por reformas y mayor rendición de cuentas, el caso de Petillo expone los desafíos vigentes que enfrenta la institución para transformar su cultura organizacional y recuperar la confianza de la comunidad en sus procedimientos.
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