
La administración Trump ha presentado una polémica propuesta para aumentar la velocidad a la que se sacrifican animales en los mataderos de Estados Unidos, con el objetivo declarado de reducir los costos de los alimentos. Esta iniciativa, liderada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), busca eliminar lo que consideran regulaciones obsoletas y lograr un sistema de procesamiento de alimentos más eficiente y resistente. Según la administración, ajustar los límites federales sobre la velocidad de sacrificio permitirá que los establecimientos reduzcan sus costos de producción, lo que, en teoría, debería traducirse en precios más bajos para los consumidores.
Las propuestas del USDA, anunciadas en febrero, establecen un nuevo marco para los mataderos de aves de corral y carne de cerdo. El plan incluye dos proyectos de normativa, presentados al Registro Federal para consulta pública. Uno afecta a los mataderos de aves y el otro a los de cerdos. Las medidas se aplican a los establecimientos que operan bajo el Nuevo Sistema de Inspección Avícola y el Nuevo Sistema de Inspección de Matadero de Cerdos, que abarcan la mayor parte de la industria en el país.
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En el caso de los pollos, la propuesta elevaría la tasa máxima de sacrificio de 140 a 175 aves por minuto. En cuanto a los pavos, el límite pasaría de 55 a 60 aves por minuto. Según el USDA, en 2024 se sacrificaron más de 9.400 millones de pollos jóvenes en plantas sujetas a estas regulaciones, lo que representa el 94 % del total nacional. Para los pavos, el 79 % de los 158 millones sacrificados en 2024 estaría incluido en la medida. Vale destacar que algunas instalaciones ya cuentan con exenciones que les permiten operar a ritmos superiores a los actuales.

La propuesta relativa a los cerdos elimina por completo el límite máximo de velocidad de línea, permitiendo que las plantas establezcan su propio ritmo de sacrificio. El tope previo era de 1.106 cerdos por hora. En 2024, cerca del 64,4 % de los 127,8 millones de cerdos sacrificados se procesó en instalaciones que quedarían bajo estas nuevas reglas. Seis plantas, amparadas por exenciones, ya operaban a un ritmo de 1.276 cerdos por hora, según datos del USDA.
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El principal argumento del USDA para impulsar estas modificaciones es que las actuales restricciones de velocidad resultan anticuadas y generan inconsistencias regulatorias, especialmente en el contexto de exenciones fragmentadas. La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, afirmó que su prioridad es asegurar que las familias estadounidenses tengan acceso a alimentos asequibles, seguros y abundantes. Rollins subrayó que “estas actualizaciones eliminan obstáculos obsoletos para que podamos reducir los costos de producción y generar mayor estabilidad en nuestro sistema alimentario”.
De acuerdo con la visión oficial, flexibilizar el control sobre la velocidad permitirá a las empresas adaptarse mejor a las condiciones del mercado y disminuir los costos asociados a la producción de carne, lo que, en teoría, beneficiaría a los consumidores con precios más bajos y mejor disponibilidad de productos. El USDA sostiene que la supervisión federal seguirá siendo estricta y que los inspectores mantienen la autoridad para ralentizar o detener operaciones si consideran que la inspección no puede realizarse correctamente.
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Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas y temores sobre sus posibles consecuencias para la seguridad alimentaria y las condiciones laborales. Jerold Mande, ex subsecretario adjunto de seguridad alimentaria del USDA, expresó serias dudas sobre la efectividad de estos cambios para reducir los precios al consumidor. Mande advirtió que el aumento de la velocidad de las líneas de sacrificio podría derivar en productos menos seguros y condiciones más riesgosas para los trabajadores, pues los inspectores tendrían menos tiempo para detectar enfermedades o contaminantes en los animales. En palabras de Mande a USA TODAY, “a la velocidad que busca la industria, el tiempo vuela. Realmente no tienen oportunidad de hacer su trabajo”.
Los riesgos no se limitan a la inspección sanitaria. Grupos defensores de los trabajadores y los derechos de los animales, como Humane World for Animals, han alertado sobre el peligro de incrementar la crueldad hacia los animales y la cantidad de lesiones laborales. La organización afirmó que “el aumento de la velocidad en las líneas de sacrificio es una receta para la crueldad y el caos”, añadiendo que se incrementa el riesgo de lesiones debilitantes para los empleados y se compromete la seguridad de los consumidores.
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En la práctica, aumentar el ritmo de sacrificio implica exigir a los trabajadores que realicen tareas a mayor velocidad sin necesariamente aumentar la plantilla, lo que puede derivar en más accidentes y exposición a bacterias dañinas. Mande subrayó que las empresas podrían buscar mayores ganancias en lugar de trasladar los beneficios al público.
El camino para la implementación de estas normas no está exento de obstáculos. Las propuestas aún no son definitivas y deben pasar por un proceso de consulta pública y revisión de comentarios. Debbie Berkowitz, especialista en seguridad laboral de la Universidad de Georgetown, anticipa que habrá impugnaciones legales, como ocurrió en el pasado. En 2018, el USDA rechazó una solicitud para eliminar los límites de velocidad en mataderos de pollo tras recibir más de 100.000 comentarios públicos. Luego, en 2019, un tribunal federal determinó que el USDA había actuado ilegalmente al suprimir los límites de velocidad en la industria porcina sin considerar el impacto en la seguridad de los trabajadores.
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Como consecuencia, la administración Biden encargó un estudio sobre el efecto de la velocidad de línea en la salud ocupacional. El informe reveló que el 81 % de los empleados en plantas de procesamiento de pollos tenía mayor riesgo de trastornos musculoesqueléticos y recomendó aumentar la dotación de personal si se incrementaba la velocidad. Berkowitz criticó que la nueva propuesta no contempla medidas para reducir estos riesgos, advirtiendo que, si se aprueba, las consecuencias podrían ser graves tanto para los empleados como para las comunidades donde operan estos mataderos.
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