Las gomitas y bebidas con THC quedarían fuera del mercado bajo una nueva disposición del proyecto de gastos en EEUU

La industria del cáñamo en Estados Unidos enfrenta incertidumbre luego de que un proyecto de ley de gastos del gobierno incluyó una disposición que podría prohibir la venta y distribución de productos con cáñamo que excedan los 0,4 miligramos de THC por envase. Esta propuesta, debatida en noviembre de 2025, afectaría a productores, comerciantes y consumidores de suplementos, bebidas y cremas a base de derivados de cannabis legal si fuera aprobada, según reportó ABC News y fuentes legislativas oficiales.

El límite propuesto para el contenido de tetrahidrocannabinol (THC) fue incorporado en el texto del “Further Consolidated Appropriations Act, 2025”, conforme consta en el sitio web del Congreso de Estados Unidos. Autoridades federales y estatales han justificado la inclusión de la cláusula argumentando la urgente necesidad de frenar la proliferación de productos de cáñamo con dosis bajas de THC accesibles en canales comerciales, desde gasolineras hasta tiendas naturistas, fenómeno surgido tras la legalización parcial con la Ley Agrícola de 2018.

La posibilidad de prohibición ha generado alerta entre empresas y productores que, desde 2018, expandieron la oferta de gomitas, bebidas, tópicos y vaporizadores con derivados de cáñamo en el mercado estadounidense, un entorno que se apoya en lagunas regulatorias y una definición federal amplia de cáñamo industrial, según describe Reuters. El destino de estas categorías, así como de sus aproximadamente 300.000 empleos relacionados, depende ahora del trámite parlamentario y de las negociaciones sobre el proyecto de ley.

¿Qué establece el proyecto de ley de gastos sobre el THC en productos de cáñamo?

De acuerdo con el borrador de la ley discutido en el Congreso, la cláusula establecida en el proyecto prohíbe “fabricar, distribuir o vender productos que contengan más de 0,4 miligramos de THC por envase”, un umbral que rediseñaría de forma significativa el panorama actual de suplementos, alimentos y soluciones tópicas elaboradas a partir de cáñamo.

Fuentes citadas por ABC News señalan además que la medida contempla tanto comestibles, bebidas y tópicos como vaporizadores o dispositivos de administración de cannabinoides. El objetivo declarado es regular la concentración máxima de THC y limitar la venta mayorista y minorista de artículos con potencial efecto psicoactivo o con acceso libre al consumidor general.

¿Por qué se impulsa esta limitación en Estados Unidos y cuál es el contexto legal?

El debate en torno al proyecto se desató mientras fiscales generales de más de veinte estados solicitaron al Congreso medidas urgentes para controlar el crecimiento del mercado de cannabinoides sintéticos y derivados de cáñamo, como consta en la carta oficial divulgada por la Oficina de la Fiscal General de Massachusetts. Los firmantes argumentan que el vacío regulatorio de la Ley Agrícola de 2018 permitió la comercialización masiva de artículos que, en muchos casos, alcanzan a menores o eluden el control sanitario.

El senador Mitch McConnell, integrante principal del Comité de Agricultura del Senado, ha defendido públicamente la enmienda. Según ABC News, McConnell considera que parte del sector privado aprovechó la falta de restricciones claras para desarrollar productos intoxicantes derivados del cáñamo, incluso cuando el espíritu de la ley inicial era enfocado en usos industriales y agrícolas.

¿Qué productos se verían afectados si se aprueba la disposición?

El alcance de la medida incluye todas las presentaciones comestibles, tópicas o líquidos con contenido de THC superior a 0,4 mg por envase. Entre los artículos en riesgo de ser retirados del mercado destacan:

• Gomitas y caramelos con cannabinoides
• Bebidas infusionadas con derivados de THC
• Cremas y productos tópicos de acción localizada
• Barras energéticas, suplementos o snacks con cáñamo
• Vaporizadores y dispositivos para administración de cannabinoides

La U.S. Hemp Roundtable calcula que más del 90% de los productos de cáñamo actualmente en circulación serían ilegales bajo el límite propuesto, tal como cita ABC News en la cobertura del sector. La misma entidad estima que más de 1.500 millones de dólares en ingresos fiscales estatales podrían verse comprometidos si la disposición se convierte en ley.

¿Cuál es la situación actual del proyecto y cuáles son los próximos pasos?

La inclusión de la prohibición forma parte del proceso de negociación del paquete presupuestario en Estados Unidos, pero la ley todavía no está vigente. Para que entre en vigor, la medida debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso y, en última instancia, recibir la firma presidencial.

El senador Rand Paul propuso una enmienda para eliminar la cláusula durante el debate senatorial, advirtiendo sobre el impacto negativo que tendría para los agricultores estadounidenses. Según la transcripción oficial del Senado, Paul sostuvo durante la sesión: “Esto erradicaría la industria del cáñamo”, posición registrada por The Hill. La enmienda fue rechazada por mayoría de votos, pero la disposición sigue sujeta a potenciales modificaciones antes de la aprobación final.

¿Por qué la industria del cáñamo advierte sobre consecuencias económicas y sociales?

Representantes de la U.S. Hemp Roundtable y otros grupos afirman que la disposición, en caso de ser aprobada, eliminaría el 95% de los productos comercializados actualmente. “Esto amenaza con eliminar la industria del cáñamo estadounidense, valorada en 28.400 millones de dólares, y pone en peligro más de 300.000 empleos en Estados Unidos”, indicó la organización en un comunicado citado por ABC News.

Empresarios y productores familiares han mostrado su preocupación ante la variante legal, como relató la propietaria de una empresa de cáñamo de Illinois durante una comunicación en el programa Washington Journal de C-SPAN: “Tengo un año para liquidar este negocio y nadie habla de los cientos de miles de personas, agricultores, procesadores, tiendas minoristas. Esto va a tener repercusiones en toda la economía”.

¿Qué argumentos sostienen los promotores de la disposición?

Quienes apoyan la propuesta justifican su necesidad en riesgos para la salud y la seguridad pública. Los fiscales generales estatales alertaron que la laguna regulatoria “ha sido explotada para vender productos con THC sintético y otros cannabinoides recreativos fuera de marcos adecuados de control y advertencia”, según la carta institucional mencionada anteriormente.

El senador McConnell señaló que la presencia de “sustancias intoxicantes derivadas del cáñamo” en productos al alcance de menores exige una respuesta legislativa uniforme en todo el país. Parte de la comunidad médica y organismos de control sanitario respaldan una limitación federal para evitar la libre venta de productos sin la revisión de calidad y composición.

¿Qué perspectivas y qué impacto potencial tendría el cambio legal?

En caso de aprobarse la disposición, fabricantes, laboratorios de transformación y comercios minoristas recibirían un plazo para adecuar la formulación de sus productos o retirarlos de la oferta. La cantidad total de THC en envases de comestibles, bebidas y tópicos no podría superar los 0,4 miligramos según lo previsto por la ley. Solo quedaría autorizado el comercio de productos con niveles inferiores o exentos de tetrahidrocannabinol en los canales legales.

Consumidores de suplementos, dulces o ungüentos para uso personal deberían revisar el etiquetado y composición de los productos para no adquirir mercancía fuera del nuevo estándar si la medida llegara a concretarse. La FDA y la DEA emitirían reglamentaciones complementarias una vez promulgada la ley, determinando controles sanitarios, cronogramas de retiro y mecanismos de verificación en puntos de venta.

¿Qué sigue para la industria y el marco regulatorio?

La evolución del debate legislativo definirá si la disposición propuesta finalmente se convierte en ley y bajo qué condiciones. Tanto organizaciones industriales como autoridades de salud pública mantienen sus posiciones a la espera de la resolución parlamentaria.

El sector pide que se consideren excepciones para productos no intoxicantes y se establezcan criterios diferenciados en función del tipo de uso. Mientras tanto, las empresas aguardan precisiones sobre eventual transición, controles y sanciones administrativas, de avanzar la medida hacia su sanción definitiva.