Siete países de la OEA respaldaron el rechazo a las restricciones electorales impulsadas por la dictadura en Nicaragua

Siete países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su “profunda preocupación” por las recientes declaraciones del líder de la dictadura en Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la posible eliminación de las elecciones en el país y reformas consideradas como una vulneración de derechos humanos.

La declaración, firmada por Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay, reafirma que la democracia representativa exige pluralismo político, elecciones multipartidistas genuinas y pleno respeto por los derechos humanos.

“Unas elecciones sin una competencia política genuina no pueden constituir una expresión libre y democrática de la voluntad popular”, afirmaron los firmantes en alusión a los anuncios de Ortega y de la Asamblea Nacional nicaragüense.

El documento sostiene que esta tendencia pone en duda la existencia de un proceso electoral auténtico y advierte que “tales medidas menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y resultan incompatibles con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Los países exhortaron a las autoridades nicaragüenses a respetar sus obligaciones internacionales y garantizar la participación ciudadana en condiciones de igualdad.

El pronunciamiento se produce un día antes de que el Consejo Permanente de la OEA analice la situación de Nicaragua y convoque a una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. El régimen sandinista abandonó formalmente la OEA en 2023 tras completar el proceso de salida iniciado por Ortega, por lo que actualmente no cuenta con representación ante el organismo.

La sesión llega después de que el dictador, quien gobierna junto a su esposa Rosario Murillo, afirmara en un mitin el 19 de julio que en el país “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, matizó días después que sí habrá comicios, pero solo tras una reforma constitucional que permita excluir a “los traidores de la patria”.

Las declaraciones generaron el rechazo de países vecinos, como Costa Rica, Panamá y Guatemala, así como del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ortega, ex guerrillero sandinista de 80 años, se mantiene en el poder en Nicaragua desde 2007 tras denuncias de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales políticos.

A su vez, opositores nicaragüenses en el exilio solicitaron el martes a los países miembros de la OEA que presionen al régimen de Nicaragua, para que se garantice la celebración de elecciones libres en el país.

La abogada constitucionalista exiliada Azahálea Solís destacó que los cancilleres vuelven a debatir la crisis nicaragüense por primera vez desde 1978, antes de la caída de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. “No quiero dar falsas expectativas de lo que pueda ocurrir, pero es importante posicionar de que Nicaragua está en la agenda pública frente a la cantidad de hechos políticos que hay en el contexto mundial”, señaló Solís.

Solís adelantó que, como opositores, presionarán tanto de manera general como particular “frente a los gobiernos y a las sociedades de América Latina”, subrayando que Nicaragua puede ser vista como “el futuro de lo que le puede pasar a otras sociedades” en la región.

Por su parte, el abogado exiliado Juan Diego Barberena manifestó en diálogo con la agencia EFE que la OEA por sí sola no puede frenar los intentos de Ortega de excluir a opositores y críticos del proceso electoral, como plantea una propuesta de reforma constitucional. “Si de la reunión de cancilleres se derivan una serie de acciones diplomáticas, unilaterales, económicas y políticas de los Estados, sí puede generar unas presiones suficientes para que el régimen Ortega Murillo detenga esta andanada en contra de la voluntad popular que la tiene secuestrada desde hace 20 años”, valoró.

La propuesta de reforma constitucional, presentada la semana pasada por la Asamblea Legislativa, incluye ampliar de seis a siete años el mandato de la copresidencia y establecer su renovación, así como elevar a rango constitucional restricciones que impedirían la participación política de personas consideradas por el régimen como “golpistas” o “traidores a la patria”.

Barberena sostuvo que “detrás de esto lo que hay es un temor de la dictadura a afrontar un proceso electoral, una comparecencia mínima (...) hay un temor de la dictadura que la ciudadanía se pueda movilizar alrededor de un proceso electoral”. Para el jurista, si antes se hablaba de una dinastía familiar en Nicaragua, ahora se busca instaurar “una monarquía familiar absolutista, típica del siglo XVIII”.

(Con información de EFE)