El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este miércoles que la Administración del presidente, Donald Trump, anunciará próximamente cambios relacionados con el café y otras importaciones agrícolas hacia Estados Unidos, algo que a su juicio contribuirá a rebajar los costos de estos productos en el país.
Bessent adelantó que el Gobierno de Donald Trump actuará “en breve” respecto a bienes que “no cultivamos aquí en los Estados Unidos”, citando explícitamente el café y las bananas.
La subida de los precios del café ha sido notable: según datos de inflación al consumidor, los precios aumentaron un 21 % interanual en agosto y alrededor del 19 % en septiembre. El hecho de que Estados Unidos dependa casi completamente de importaciones de café, y que una parte significativa provenga de Brasil, agrava la sensibilidad del mercado.
El origen del problema es doble. Por un lado, fenómenos climáticos recientes han reducido las cosechas en algunos de los grandes exportadores, lo que estrecha la oferta internacional. Por otro, los aranceles aplicados por la administración Trump están teniendo un impacto directo sobre los costos al consumidor: un arancel del 50 % sobre muchos productos procedentes de Brasil ha encarecido los granos de café que llegan al mercado estadounidense.
El caso de las bananas es análogo. En 2024, el 85 % de las importaciones estadounidenses de bananas procedían de Guatemala, Ecuador, Costa Rica y Honduras. Todos esos países enfrentan aranceles adicionales del 10 % o del 15 % dentro de la nueva política comercial estadounidense. Los efectos se reflejan en los precios al consumidor.
El planteamiento de la Casa Blanca y del Tesoro es, en apariencia, doble: por un lado, reforzar la narrativa de una economía fuerte —ideal para un año electoral—; por otro, contener la inflación de los gastos corrientes domésticos, asunto que preocupa cada vez más a los votantes. El anuncio de Bessent llega en ese contexto político: la elevación del coste de la vida se ha convertido en una preocupación clave para el electorado estadounidense.
Sin embargo, los economistas advierten que una medida sobre estos productos puede tener efectos limitados si no se aborda el conjunto de las presiones inflacionarias subyacentes: oferta restringida, cadenas de suministro globales tensas, efecto arancelario y expectativas inflacionarias. Un estudio del International Food Policy Research Institute señaló que los aranceles crecientes sobre productos agrícolas procedentes de América Latina y el Caribe elevan los precios para los consumidores estadounidenses.
La dependencia estadounidense del café importado es casi total: según la National Coffee Association, casi el 99 % del café que se consume en EEUU procede del exterior. En paralelo, los analistas del sector cafetero en Brasil advierten que el arancel del 50 % mina la competitividad de las exportaciones brasileñas, lo que puede derivar en menor volumen exportado o mayores precio, y ambos son malas noticias para el consumidor americano.
Desde el Gobierno, la intención es claramente comunicacional: dar la impresión de que se está actuando. Pero queda por ver la letra fina: ¿será una reducción de aranceles, una exención temporal o un mecanismo de compensación para importadores?
Para los países latinoamericanos implicados —Brasil en el café, y los países centroamericanos en las bananas— el anuncio estadounidense puede leerse como un gesto diplomático con doble filo: por un lado, una puerta para negociar alivios arancelarios; por otro, una señal de que Washington considera que los costos de su política comercial están alcanzando al ciudadano común.
Queda en el aire si la medida surtirá el efecto deseado en la inflación general de alimentos. Los productos agrícolas importados son una pequeña parte del índice global de precios al consumidor, pero simbólicamente tienen un peso alto: el café y las bananas son cotidianos, reconocibles, y afectan a la percepción de los hogares sobre cuánto les cuesta “seguir adelante”.
El mensaje del Tesoro es que ese anuncio “sustancial” será inminente. Hasta entonces, los consumidores —y los mercados— estarán atentos. Si las promesas no se materializan, lo que empezó como gesto podría convertirse en factor adicional de frustración para un electorado sensible al alza de precios.
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