Los datos del Vera Institute of Justice revelan que más de 80.000 órdenes de salida voluntaria fueron emitidas por jueces federales entre enero de 2025 y marzo de 2026, lo que representa un incremento superior al 600% respecto de las 11.400 emitidas durante los últimos 15 meses del mandato de Joe Biden.
De acuerdo con The New York Post, la tendencia continúa en ascenso: 6.370 personas emplearon la salida voluntaria en julio, mientras que más de 9.000 lo hicieron en marzo. En contraste, durante la segunda mitad de la presidencia de Biden, tan solo unas 750 personas al mes abandonaban voluntariamente el país.
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Jacquelyn Pavilon, coautora del informe, declaró a ABC News: “Este aumento en las salidas voluntarias no está ocurriendo en lugar de las órdenes de expulsión; de hecho, está ocurriendo simultáneamente con ellas. Por lo tanto, la porción del pastel que se está reduciendo es la cantidad de personas a las que se les permite permanecer en Estados Unidos”.
Además, agregó: “Esto es algo generalizado en todo el país. En tres cuartas partes de los estados y territorios estadounidenses, el número de decisiones de salida voluntaria aumentó más del quíntuple desde que finalizó el mandato de Biden”.
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Diferencias entre salida voluntaria y autodeportación
Según ABC News y The New York Post, la salida voluntaria es el resultado de una petición formal aceptada por un juez, a diferencia del mecanismo de “autodeportación”, en el que los migrantes notifican su salida mediante una aplicación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para evitar una detención o expulsión y pueden recibir asistencia económica y pasaje para regresar.
Las órdenes de salida voluntaria suelen darse en casos en que la solicitud de asilo tiene mínimas posibilidades de éxito. Estas permiten a los migrantes desistir de su solicitud de asilo y abandonar el país sin registrar antecedentes que dificulten un eventual regreso.
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Solo quienes no tienen antecedentes graves pueden acceder a este procedimiento y, en la mayoría de los casos, los gastos del retorno recaen en los propios migrantes.
Los centros de detención: factor determinante que impulsa la salida voluntaria
Más del 70% de las 80.000 personas que utilizaron la opción de salida voluntaria en este periodo lo hizo desde instalaciones de detención, reportó The New York Post. Esta cifra indica que la decisión de acogerse a este mecanismo responde, en muchos casos, a la urgencia de abandonar dichas instalaciones.
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Shayna Kessler, directora del Vera Institute, explicó al Washington Post que la presión de las condiciones en los centros de detención impulsa la avalancha de renuncias: “Las personas la eligen porque intentan salir del encierro lo más rápido posible. No ven posibilidades reales de alivio para su situación”.
Por su parte, Pavilon subrayó ante ABC News que esta tendencia no debe interpretarse como una decisión libre: “Muchas de esas personas podrían tener vías legales para permanecer en Estados Unidos. Las decisiones de salida voluntaria no significan que no se tengan derechos legales para quedarse. La gente está en condiciones difíciles y tomando decisiones muy complicadas”.
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Los jueces designados bajo Trump conceden la salida voluntaria en tasas sin precedentes
A partir de la llegada de nuevos jueces de inmigración bajo la segunda presidencia de Donald Trump, el porcentaje de concesiones de salida voluntaria se disparó. Tal como explicó Pavilon a ABC News, entre los casos analizados descubrieron que los jueces nombrados por el Partido Republicano tienden a sugerir la salida voluntaria en mayor proporción que aquellos designados por administraciones demócratas.
El análisis indica que más del 93% de los migrantes inicialmente detenidos y asignados a estos nuevos jueces recibieron una resolución que les exige salir de Estados Unidos. A su vez, los jueces alientan en menor medida a optar por esta alternativa a quienes cuentan con asesoría legal.
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Por su parte, funcionarios de la administración Trump sostienen que el aumento de salidas voluntarias prueba la efectividad de su promesa de campaña. Un portavoz del DHS declaró al Washington Post: “La administración Biden y su entonces secretario Mayorkas permitieron la entrada imprudente de millones de inmigrantes ilegales sin control a las comunidades estadounidenses y abusaron de numerosas lagunas legales para hacerlo”.
Asimismo, agregó: “El presidente Trump y el secretario Mullin están aplicando esta ley tal como fue redactada para mantener a Estados Unidos a salvo”.
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