En medio del cierre de gobierno de Estados Unidos, una jueza federal bloqueó temporalmente los despidos masivos de empleados públicos anunciados por la administración de Donald Trump.
La orden judicial, dictada en San Francisco por la magistrada Susan Illston, detuvo una serie de recortes argumentados por el estancamiento presupuestario en el Congreso y provocó preocupación entre sindicatos y trabajadores federales.
Según la agencia AP, más de 4.100 empleados en al menos ocho agencias federales recibieron notificaciones formales de recorte laboral.
La Casa Blanca anticipó que la cifra podría incrementarse. Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), calculó que "los despidos superarían los 10.000“, lo que representaría un récord histórico para los cierres gubernamentales, como señaló The Wall Street Journal.
Detrás de la medida judicial, persiste el conflicto entre el Ejecutivo republicano y la bancada demócrata en el Capitolio. Los demócratas exigen la renovación de subsidios sanitarios y el fin de los recortes en Medicaid antes de negociar la reapertura del gobierno federal, mientras Trump rechaza cualquier diálogo hasta que sus demandas sean retiradas, postura respaldada por Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.
Los recortes afectaron de manera especial a los sectores de salud, educación y programas sociales vinculados al Partido Demócrata. Según afirmaciones del mandatario, estos sectores “no regresarán nunca”.
Sindicatos como la American Federation of Government Employees (AFGE) y la American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) respondieron de inmediato a los anuncios de despido y recurrieron a la justicia.
En documentos recogidos por The Guardian, estas organizaciones denunciaron que la administración Trump “abusó de su poder para castigar a los empleados federales y presionar al Congreso”, instruyendo la reducción de personal durante la suspensión de fondos estatales.
Everett Kelley, presidente de AFGE, subrayó: “Ningún presidente, ni siquiera Trump en su primer mandato, había decidido cesar a miles de trabajadores públicos durante un cierre de estas características”
Durante la audiencia en el tribunal del distrito norte de California, la jueza Illston criticó el proceder del gobierno, al considerar que la Casa Blanca y la OMB actuaron “como si las leyes no aplicaran más”. La magistrada, designada por Bill Clinton, sostuvo que la evidencia inicial demostraba que las acciones del Ejecutivo “excedían su autoridad legal y se sustentaban en intereses políticos”, según transcripciones de The New York Times.
La defensa del gobierno, a cargo de la abogada del Departamento de Justicia Elizabeth Hedges, argumentó que el juzgado carecía de jurisdicción en decisiones de personal adoptadas por las agencias federales.
La orden judicial también exigió al Ejecutivo informar con detalle todos los despidos realizados o previstos y las medidas adoptadas para cumplir la decisión. The New York Times reveló que en presentaciones previas, la administración debió corregir datos y admitir errores en los listados de afectados, retractando avisos emitidos “por error” a científicos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
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