Estados Unidos activará un nuevo paquete de aranceles sobre importaciones de madera y productos elaborados a base de este material, luego de que el presidente Donald Trump señalara que los incrementos buscan proteger la seguridad nacional y fortalecer la industria local.
Las nuevas tarifas, publicadas en una proclama de la Casa Blanca, entrarán en vigor el 14 de octubre y establecen un recargo del 10 por ciento sobre la madera blanda y sus derivados, mientras que muebles tapizados, gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos afines enfrentarán un gravamen global del 25 por ciento.
El anuncio formal precisa que estos recargos subirán todavía más: a partir del 1 de enero de 2026, la madera blanda y la madera aserrada importada pagarán un 30 por ciento de arancel, y los muebles de cocina, gabinetes y piezas importadas para su fabricación o ensamblado enfrentarán una tarifa del 50 por ciento. En el caso de los muebles tapizados, el arancel escalará del 25 al 30 por ciento en la misma fecha.
El documento presidencial señala: “Estas medidas fortalecerán las cadenas de suministro, reforzarán la resiliencia industrial, crearán puestos de trabajo de alta calidad y aumentarán la utilización de la capacidad nacional para los productos de madera”.
El texto advierte, además, que las tarifas “se suman a cualquier otro derecho, impuesto, tasa, exacción o cargo aplicable a dichos productos de madera importados”.
Los nuevos gravámenes forman parte de una serie de ajustes comerciales en sectores estratégicos para la economía estadounidense, defendidos por la actual administración bajo el argumento de proteger la infraestructura civil y militar del país.
“La madera cumple un papel vital en la construcción civil y la infraestructura militar. Las cadenas de suministro extranjeras y los principales exportadores están cubriendo cada vez más la demanda estadounidense, lo que crea vulnerabilidades”, indica la hoja informativa divulgada junto a la proclama presidencial.
La oficina de la presidencia señala que estas medidas derivan de una investigación ordenada al Departamento de Comercio en marzo y finalizada en julio. Como resultado, la decisión se dirige a reducir la dependencia estadounidense de proveedores externos y reactivar la producción nacional del sector.
Los efectos de la imposición de estos aranceles ya genera controversias. Asociaciones empresariales, propietarios de pequeñas empresas, importadores y algunos miembros del Congreso expresan preocupación por el posible impacto sobre los costos de insumos, la inflación en materiales de construcción y la disponibilidad de productos básicos en el mercado interno.
Las tarifas, tanto nuevas como acumuladas, afectan una amplia gama de productos importados, desde madera aserrada hasta muebles terminados y piezas para su producción local.
De acuerdo al esquema publicado, algunos socios comerciales obtendrán condiciones más favorables. El Reino Unido, la Unión Europea y Japón podrán acceder a tarifas diferenciadas de acuerdo a los términos negociados en sus respectivos acuerdos comerciales con Estados Unidos, mientras que el resto de economías se enfrenta a los gravámenes completos. El texto puntualiza que “los países que negocien con Estados Unidos podrán asegurar una alternativa a los aumentos pendientes”, en referencia a eventuales flexibilizaciones mediante tratados bilaterales o multilaterales.
No solo los sectores tradicionales de la madera y el mobiliario estarán sujetos a las nuevas restricciones. El comunicado oficial precisa que, a partir del 1 de octubre, también se aplicará un arancel del 100 por ciento a productos farmacéuticos de marca o patentados y otro del 25 por ciento a camiones de gran tamaño, profundizando así la extensión de la política arancelaria de Washington.
La nueva ronda de tarifas globales enfrenta retos legales. El 5 de noviembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará la legalidad de la imposición de aranceles unilaterales a nivel mundial por parte del Ejecutivo, con audiencias programadas respecto a los deberes aplicados bajo la gestión Trump.
La administración argumenta que estas restricciones buscan garantizar la autonomía logística del país ante posibles interrupciones de suministro, al tiempo que refuerzan el empleo y la capacidad instalada de las industrias nacionales. El gobierno contempla mantener los gravámenes mientras persistan riesgos sobre la seguridad nacional o hasta que se logre un acuerdo satisfactorio con socios que, en palabras de la Casa Blanca, “aborden la amenaza de menoscabo a la seguridad” generada por las importaciones de productos de madera y mobiliario.
(Con información de Europa Press y AFP)
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