
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este miércoles la finalización del estatus de protección temporal (TPS) para los ciudadanos de Venezuela, decisión que revierte una de las medidas adoptadas durante la administración de Joe Biden.
Según el DHS, Venezuela ya no cumple con los requisitos legales para continuar beneficiándose de esta protección. “Teniendo en cuenta la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política de inmigración, las consideraciones económicas y la política exterior, está claro que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no redunda en beneficio de este país”, afirmó un portavoz del departamento en un comunicado.
La revocación del TPS afecta a aproximadamente 600.000 venezolanos que residían en territorio estadounidense bajo este estatus, según fuentes judiciales. La decisión forma parte de un marco más amplio de endurecimiento de la política migratoria y de seguridad en la frontera sur, y llega en medio de una creciente tensión bilateral con el régimen de Nicolás Maduro.
Un día antes, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió un fallo que bloquea el uso por parte del presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos miembros de pandillas latinoamericanas, especialmente en los estados de Texas, Luisiana y Mississippi. La Ley, invocada nuevamente por Trump el 15 de marzo, fue empleada para transportar a supuestos integrantes de la banda venezolana Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
La jueza Leslie Southwick, con el respaldo de la magistrada Irma Carrillo Ramírez, dictaminó que no existen pruebas que avalen la existencia de una “invasión o una incursión hostil” que justifique el uso de esa normativa. Además, una orden judicial preliminar bloquea la expulsión de migrantes irregulares bajo estos argumentos. El juez Andrew Oldham discrepó, mencionando que la determinación del uso de la ley dependía de “cuestiones de criterio político”.
Estrategia de seguridad fronteriza y presión internacional
Desde su regreso al cargo en enero, Trump ha reforzado la frontera con México enviando efectivos militares y aplicando aranceles a México y Canadá, acusando a ambos países de no contener el flujo migratorio ilegal. Además, el mandatario incluyó al Tren de Aragua, al Cartel de los Soles -señalado como dirigido por el dictador venezolano Nicolás Maduro- y la organización centroamericana MS-13 en la lista de “organizaciones terroristas”.
La semana pasada, otra corte federal suspendió temporalmente la decisión de retirar el TPS a los venezolanos, aunque el DHS finalmente confirmó la finalización del beneficio. En este contexto, Trump informó este martes la muerte de 11 personas a quienes Washington atribuye actividades de narcotráfico en el Caribe, durante una operación contra una embarcación supuestamente procedente de Venezuela.
Mientras crecían las tensiones entre Washington y Caracas, la dirigente opositora María Corina Machado difundió el jueves un mensaje en el que aseguró que “falta poco” para la caída del gobierno de Nicolás Maduro. La declaración, reproducida mediante un video en un acto de la oposición en Ciudad de Panamá, resonó en medio del aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y el reciente anuncio de recompensas por la captura de Nicolás Maduro por narcoterrorismo.

Machado afirmó que “cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores”, refiriéndose al régimen de Maduro. No mencionó directamente a Estados Unidos, pero su mensaje coincidió con la escalada diplomática y militar en los días recientes.
El opositor Edmundo González Urrutia, quien desde el acto en Panamá reclamó su triunfo en las elecciones venezolanas de 2024, instó a la ciudadanía venezolana a prepararse “para un tiempo de transición”, en referencia a un posible cambio de mando político.
La movilización de buques de guerra estadounidenses en el sur del Caribe se implementó como parte de una operación antidrogas, según el propio Trump. Además, el mandatario elevó a 50 millones de dólares la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de liderar actividades ilícitas en la región.
La fricción diplomática y los operativos militares en la región del Caribe y la frontera sur de Estados Unidos reflejan la gravedad de la crisis migratoria, la lucha antidrogas y la confrontación creciente con el régimen venezolano.
(Con información de AFP, EFE y Reuters)
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