La compleja situación que rodea al centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz” ha entrado a una nueva fase de incertidumbre. Una orden preliminar emitida esta semana por la jueza federal del distrito sur de Florida, Kathleen Williams, prohíbe el ingreso de nuevos detenidos y cualquier ampliación de la infraestructura.
El fallo responde a una demanda federal impulsada por grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee de Indígenas de Florida, que denuncian un impacto ambiental irreversible en los Everglades y violaciones a los derechos de los pueblos originarios.
“Alligator Alcatraz” fue construido en tiempo récord, en medio de los pantanos del sur de Florida, y ha recibido fuertes críticas por las condiciones que enfrentan los migrantes.
Diversos legisladores y representantes estatales han calificado la instalación de “inhumana”, con detenidos recluidos en jaulas sobrepobladas, expuestos al calor, insectos y falta de alimentos.
La representante Debbie Wasserman Schultz resumió así el relato de quienes han podido ingresar: “32 detenidos por jaula, cada una con tres pequeños inodoros que funcionan también como lavabos”.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sostuvo que “las personas han enfrentado condiciones que han conmocionado a nuestra comunidad, a nuestra nación y, de hecho, al mundo; condiciones que han traicionado los valores que definen a Estados Unidos”.
En su decisión, la jueza Williams declaró que “el proyecto genera daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción en la zona”.
Williams subrayó que la instalación se construyó sin cumplir la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y que la operación amenaza directamente el ecosistema y el suministro de agua de la tribu Miccosukee.
El “plan B” de Florida
La respuesta del estado no se hizo esperar. El gobernador Ron DeSantis calificó a Williams de “jueza activista” e insistió en que se trataba de una acción judicial previsible. “No nos van a disuadir. Tenemos toda la razón en esto”, enfatizó DeSantis en conferencia de prensa. “Sabíamos que esto era algo probable y responderemos en consecuencia”.
El equipo legal de Florida presentó una apelación y buscó suspender temporalmente la orden, alertando que el interés público sufrirá “daños irreparables” en materia de seguridad y economía estatal.
Mientras tanto, DeSantis anunció la activación del “plan B”: la apertura de un nuevo centro de detención denominado “Deportation Depot” (Depósito de deportación) en el norte de Florida, con una capacidad de 2.000 detenidos.
“El objetivo no es solo albergar a personas indefinidamente. Queremos procesar, preparar y luego devolver a los inmigrantes indocumentados a su país de origen”, declaró el gobernador.
El “Deportation Depot” se ubicará en la Institución Correccional Baker, una cárcel estatal cerca de Jacksonville, que hasta ahora permanecía cerrada. El director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, anticipó que las nuevas instalaciones estarán listas en breve.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, reforzó la postura estatal al asegurar: “‘Alligator Alcatraz’ sigue en funcionamiento y no cejaremos en nuestra misión de detener, deportar y cumplir con la promesa de servicio al pueblo estadounidense”.
Expansión de la estrategia migratoria
La política de replicar este tipo de instalaciones no se limita a Florida. En Indiana, el Centro Correccional de Miami ofrecerá 1.000 camas al ICE para detención de migrantes, a lo que el Departamento de Seguridad Nacional ha dado el nombre de “Speedway Slammer”. Por su parte, el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, anunció que el ICE abrirá un centro de detención en McCook, denominado “Cornhusker Clink”.
El fallo de Williams apunta no solo a violaciones ambientales, sino también a la falta de consulta y respeto hacia las tierras y derechos tradicionales de la Tribu Miccosukee. El jefe de la tribu, Talbert Cypress, enfatizó: “Siempre defenderemos nuestra cultura, nuestra soberanía y los Everglades”.
Los expertos legales, como el director del Proyecto Three Strikes de Stanford, Michael Romano, indican que el proceso judicial aún puede prolongarse: “una orden judicial preliminar es solo eso: preliminar… no es el final de la historia… el proceso se prolongará un tiempo”.
Por ahora, el destino de “Alligator Alcatraz” permanece definido por el pulso entre tribunales y autoridades estatales. Mientras el gobierno de DeSantis acelera el plan B y la reapertura de centros alternativos, persisten las interrogantes sobre el cumplimiento de las exigencias judiciales y el respeto al entorno y comunidades afectados por la ofensiva migratoria.
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