El Departamento de Estado de Estados Unidos endureció este lunes su posición en la disputa abierta con Brasil en torno al juez Alexandre de Moraes. A través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, advirtió que “ningún tribunal extranjero puede invalidar las sanciones de Estados Unidos, ni salvar a nadie de las graves consecuencias de violarlas”.
En el mismo mensaje, publicado en X, la oficina añadió: “Alexandre de Moraes es tóxico para todas las empresas legítimas e individuos que buscan acceder a los Estados Unidos y a sus mercados. Personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con él, y personas que no son estadounidenses deben actuar con cautela: quienes brinden apoyo material a violadores de derechos humanos enfrentan riesgo de sanciones”.
Con esa advertencia, Washington buscó dejar en claro que sus sanciones tienen efectos extraterritoriales y que el fallo emitido horas antes por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil no altera el alcance de la legislación estadounidense.
Más temprano, el magistrado Flávio Dino había dictado una decisión en la que suspendió “la eficacia de decisiones judiciales, leyes, decretos, órdenes ejecutivas de Estados extranjeros en nuestro país”. El STF señaló en un comunicado que, según la Constitución brasileña, una ley extranjera “solo puede ejecutarse en Brasil mediante homologación u observando los mecanismos de cooperación judicial”.
El fallo no mencionó de manera explícita la Ley Global Magnitsky, usada por Estados Unidos para sancionar a Moraes, pero una fuente del tribunal explicó a la agencia AFP que “en teoría” la decisión invalida también esa norma dentro del territorio brasileño.
Dino extendió además su razonamiento a otros casos, como el de la justicia británica contra el Instituto Brasileño de Minería (Ibram) por demandas vinculadas a los desastres de Mariana y Brumadinho. “El sistema financiero brasileño debe evitar imposiciones indebidas, tales como bloqueos de activos o transferencias al exterior por determinación de un Estado extranjero”, ordenó el magistrado.
La reacción de Washington mostró la tensión inmediata que generó esa postura. Para Estados Unidos, la sanción contra De Moraes responde a una serie de abusos que incluyen “censura opresiva, detenciones arbitrarias y juicios politizados”, entre ellos el proceso contra Jair Bolsonaro, ex presidente brasileño y aliado del ex mandatario estadounidense Donald Trump.
El Departamento de Estado ya había congelado en julio todos los bienes y participaciones de Moraes en su territorio. La novedad ahora es la advertencia explícita a terceros actores, incluidos bancos y empresas no estadounidenses, que podrían exponerse a sanciones secundarias si mantienen relaciones con el magistrado.
La decisión del STF pretende blindar la soberanía jurídica de Brasil, pero especialistas señalan que en la práctica las advertencias de Washington pueden pesar más que un fallo nacional. Bancos y compañías con exposición internacional podrían optar por alinearse con las disposiciones estadounidenses para proteger su acceso a los mercados financieros.
En Itamaraty, funcionarios admiten que el choque abre un frente delicado en la relación bilateral, justo cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca posicionarse como mediador global y mantener cooperación con Estados Unidos.
El propio Lula calificó la medida como “injerencia inaceptable”. Para el mandatario, el principio en juego es la autonomía de la justicia brasileña frente a presiones externas.
La crisis estalla además en medio del proceso contra Bolsonaro, acusado de promover una intentona golpista y bajo prisión domiciliaria desde 2024. El STF tiene previsto emitir un veredicto entre el 2 y el 12 de septiembre, en un fallo que promete sacudir tanto el tablero político interno como la relación con Washington.
Analistas en São Paulo advierten que el episodio expone un dilema: Brasil sostiene su derecho soberano a decidir sobre la validez de normas extranjeras, mientras Estados Unidos subraya que sus sanciones operan de manera unilateral y se extienden más allá de sus fronteras.
Para las empresas, la advertencia norteamericana es más que un gesto diplomático. Significa que mantener cualquier vínculo con Moraes podría poner en juego su acceso a la principal plaza financiera del mundo.
Así, la disputa en torno al juez refleja hasta dónde llega el alcance de las sanciones estadounidenses y hasta qué punto un tribunal nacional puede —o no— proteger a sus ciudadanos frente a un instrumento de política exterior diseñado para tener efectos globales.
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