La justicia de Venezuela negó la amnistía al activista Javier Tarazona, quien había sido excarcelado bajo libertad condicional tras permanecer privado de libertad durante cuatro años y siete meses acusado de terrorismo y traición e incitación al odio.
La decisión se conoció después de que la defensa del director de FundaREDES solicitara el sobreseimiento del proceso, en el marco de la ley de amnistía impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, que entró en vigor tras la detención del mandatario Nicolás Maduro en enero.
El tribunal rechazó la solicitud, lo que llevó al activista a anunciar la inmediata apelación de la medida.
La negativa de amnistía implica que Javier Tarazona, pese a su reciente excarcelación, deberá continuar bajo medidas cautelares y con el proceso judicial abierto.
El caso de Tarazona ha cobrado notoriedad nacional e internacional. El activista fue detenido el 2 de julio de 2021 en el estado Falcón, poco después de presentarse ante la Fiscalía para denunciar acoso por parte de funcionarios de seguridad.
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Antes de su arresto, dirigía FundaREDES, organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos y la denuncia de la presencia de grupos armados irregulares en la frontera con Colombia.
Durante su trayectoria, documentó abusos atribuidos a guerrillas colombianas y otros actores armados, además de alertar sobre la explotación ilegal de recursos y el reclutamiento de menores en zonas fronterizas.
A finales de junio de 2021, Tarazona había solicitado formalmente investigar los presuntos vínculos del exministro Ramón Rodríguez Chacín con la guerrilla del ELN, entregando coordenadas de inmuebles que, según su denuncia, servían de base a la organización armada con el amparo de sectores del Estado venezolano.
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La detención de Tarazona se produjo tras una serie de amenazas y hostigamientos. El activista y su hermano fueron aprehendidos cuando buscaban protección en una sede del Ministerio Público.
El periodo de reclusión de Tarazona transcurrió en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, instalación señalada por organismos internacionales como un centro de tortura psicológica y aislamiento prolongado.
Las condiciones de detención incluyeron confinamiento en celdas de castigo, falta de acceso regular a alimentos, insalubridad y carencia de atención médica especializada.
El activista padece enfermedades crónicas como diabetes y fibrosis pulmonar, las cuales se agravaron durante el encierro. En reiteradas oportunidades, organizaciones como Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU reclamaron su liberación inmediata por razones humanitarias y denunciaron irregularidades procesales.
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El proceso judicial contra Tarazona estuvo marcado por retrasos y obstáculos. La audiencia preliminar fue pospuesta en 13 ocasiones y el juicio oral se interrumpió durante meses debido a la baja médica del juez, lo que, según la legislación venezolana, debió derivar en la anulación de lo avanzado. Durante los primeros siete meses de reclusión, tampoco se le permitió contar con sus abogados de confianza y se le asignó un defensor público, restringiendo su derecho a la defensa.
A pesar de las denuncias y la presión internacional, la excarcelación de Tarazona se produjo el 1 de febrero, en el contexto de una serie de liberaciones anunciadas por la presidenta Delcy Rodríguez.
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Según cifras del diputado Jorge Arreaza, jefe de la comisión parlamentaria que supervisa la aplicación de la ley de amnistía, unas 260 personas han sido liberadas bajo esta normativa, mientras que más de 7.800 recibieron medidas sustitutivas de libertad.
A pesar de la liberación de varios detenidos, el Foro Penal estima que cerca de 500 personas permanecen en prisión por motivos políticos en Venezuela. La organización ha denunciado la persistencia de arrestos arbitrarios y ha documentado casos de tortura y tratos inhumanos en centros de detención como El Helicoide.
(Con información de AFP)
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