EEUU presentó cargos por delito de odio contra el hombre que asesinó a dos empleados de la embajada israelí en Washington

El acusado será procesado también por violar leyes federales sobre funcionarios extranjeros, además de enfrentar una posible condena capital

Elías Rodríguez, el principal sospechoso del ataque en el Museo Judío de Washington
Elías Rodríguez, de 31 años, acusado de asesinar a tiros a dos empleados de la embajada de Israel en Washington DC
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles cargos federales por delito de odio con resultado de muerte contra Elías Rodríguez, de 31 años, acusado de asesinar a tiros a dos empleados de la embajada de Israel en Washington DC el pasado 21 de mayo. Los nuevos cargos permiten al Gobierno solicitar la pena de muerte, medida que permanece vigente a nivel federal aunque rara vez se aplica.

Rodríguez ya enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, asesinato de funcionarios extranjeros y otros delitos relacionados con el ataque que provocó la muerte de Yaron Lischinsky, de 30 años, y Sarah Lynn Milgrim, de 26, quienes salían de un evento en el Museo Judío de Washington cuando fueron baleados.

Fotografía tomada de la página de The History Makers del perfil de Elías Rodríguez. EFE/ Thehistorymakers.org
Fotografía tomada de la página de The History Makers del perfil de Elías Rodríguez. EFE/ Thehistorymakers.org

El documento de acusación del tribunal federal del Distrito de Columbia detalla una lista de casi una decena de cargos, incluidos homicidio premeditado, dos delitos de odio con resultado de muerte, dos asaltos armados con intención de matar, descarga de arma de fuego durante un crimen violento y homicidio por arma de fuego.

Los fiscales federales sostienen que el acusado actuó motivado por animadversión hacia la identidad nacional y religiosa de las víctimas. Según los documentos judiciales, al ser arrestado en el lugar de los hechos, Rodríguez dijo a los agentes: “Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza, estoy desarmado”.

La Fiscalía también presentó como evidencia mensajes en redes sociales en los que el acusado pedía “muerte a Israel” y decía: “Por favor, Dios, por favor, vaporicen a todos los israelíes mayores de 18 años para que estos niños tengan alguna oportunidad de ser humanos”.

El asesinato de Sarah Milgrim fue descrito por la Fiscalía como “especialmente atroz, cruel y depravado”, indicando que la víctima intentaba escapar herida mientras era perseguida. La descripción figura en la imputación como un agravante que podría ser considerado en caso de que el Departamento de Justicia decida solicitar formalmente la pena capital.

Rodríguez permanece bajo custodia federal desde el día del ataque. Se espera que comparezca este viernes ante el tribunal federal en Washington DC para una audiencia preliminar. Aunque todavía no presentó una declaración formal de culpabilidad o inocencia, se declaró no culpable durante una audiencia celebrada el 22 de mayo, al día siguiente del tiroteo.

El ataque ocurrió en un contexto de fuerte tensión internacional. Si bien las autoridades no han vinculado el caso a un grupo terrorista o red organizada, el uso de una acusación por crimen de odio refuerza el enfoque federal en combatir actos de violencia motivados por prejuicios étnicos, religiosos o nacionales. La inclusión del cargo de homicidio de autoridad extranjera subraya el carácter diplomático del caso.

Yaron Lischinsky y Sarah Lynn Milgrim, fueron asesinados a la salida de un acto en el Capital Jewish Museum (Embajada de Israel en EEUU. vía X/REUTERS)
Yaron Lischinsky y Sarah Lynn Milgrim, fueron asesinados a la salida de un acto en el Capital Jewish Museum (Embajada de Israel en EEUU. vía X/REUTERS)

Las víctimas, identificadas como empleados administrativos de la sede diplomática israelí, habían participado en un acto cultural en el museo cuando fueron atacadas. La seguridad del evento no reportó amenazas previas, y las investigaciones preliminares no han señalado fallos en los protocolos de protección.

El proceso judicial avanza bajo jurisdicción federal, en coordinación con las autoridades locales del Distrito de Columbia. La Casa Blanca y el Departamento de Estado no han emitido comentarios públicos sobre la posible aplicación de la pena de muerte.

(Con información de EFE y EP)

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