La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) avanza hacia el registro del mayor número de deportaciones desde la administración de Barack Obama, aunque las cifras se mantienen por debajo del millón anual que el presidente Donald Trump prometió en su campaña.
Según datos internos del gobierno obtenidos por CBS News, durante los primeros seis meses del segundo mandato de Trump, el ICE reportó cerca de 150,000 deportaciones, un promedio superior a 800 expulsiones diarias.
El ritmo observado en este periodo ubica a la agencia en camino a superar las 300,000 deportaciones al concluir el primer año de la nueva administración, la cifra anual más alta desde el año fiscal 2014, cuando se registraron 316,000 deportaciones bajo el gobierno de Obama.
El año fiscal en Estados Unidos inicia en octubre y concluye en septiembre. Los registros históricos del ICE indican que el pico máximo de deportaciones se alcanzó en 2012, con 410,000 personas expulsadas.
Pese a este incremento, el número proyectado sigue siendo considerablemente inferior al objetivo, pues altos funcionarios de la administración nacional han planteado como meta la deportación de un millón de personas al año.
Recursos sin precedentes
La estructura y función del ICE, creada después de los ataques del 11 de septiembre, se centra en deportar a inmigrantes en situación irregular o con estatus legal revocado, ya sea por delitos cometidos o por fraude migratorio.
Según las cifras más recientes, la agencia alberga actualmente a más de 57,000 personas en centros de detención, en un sistema que nunca había tenido tantos detenidos al mismo tiempo.
El One Big Beautiful Bill Act, una reciente iniciativa firmada por el presidente estadounidense, otorgó al ICE una inyección sin precedentes de recursos: 45,000 millones de dólares para la creación de más centros de detención y 30,000 millones adicionales para financiar todas las etapas del proceso de deportación.
“Con los nuevos fondos, la meta de un millón de deportaciones al año podría ser definitivamente posible”, afirmó Todd Lyons, director interino del ICE, en diálogo exclusivo con CBS News. Lyons agregó que la agencia planea emplear el presupuesto para contratar a 10,000 agentes y oficiales adicionales dedicados a identificar y arrestar a personas sospechosas de estar en el país de forma irregular.
El papel del CBP y las autodeportaciones
El esfuerzo de deportación no es exclusivo del ICE. Durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP,) registró más de 112,000 deportaciones, principalmente de migrantes que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular.
Según las autoridades, los cruces ilegales en la frontera se han reducido a niveles inéditos desde la década de 1960, en medio de la política de mano dura implementada por el gobierno.
La administración también ha promovido las auto-deportaciones como parte de su estrategia. Los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) muestran que más de 13,000 personas han optado por salir voluntariamente desde el inicio de la gestión, facilitadas por una aplicación oficial y la oferta de un bono de 1,000 dólares para quienes se acojan a este mecanismo.
“La administración ha registrado más de 280,000 repatriaciones y auto-deportaciones en total desde la llegada del presidente Trump”, confirmó Tricia McLaughlin, portavoz principal del DHS, citada por CBS News.
Polémicas y protestas
El enfoque actual del ICE incluye la reversión de políticas implementadas durante el gobierno de Joe Biden, ampliando las categorías de personas sujetas a deportación y revocando protecciones humanitarias a cientos de miles de migrantes.
La administración también ha sumado el apoyo de otras agencias federales y fuerzas militares para alcanzar sus objetivos, además de duplicar la cantidad de arrestos realizados desde los primeros 100 días de la presidencia.
Sin embargo, esta estrategia ha generado polémica y protestas en comunidades de todo el país, especialmente en California. Legisladores del Partido Demócrata y diversas organizaciones civiles han expresado su rechazo a la detención de solicitantes de asilo, trabajadores de sectores económicos clave y personas sin antecedentes criminales, capturadas por el simple hecho de no contar con documentos migratorios.
La visión de la administración, no obstante, se mantiene. “Hemos abierto todo el espectro del portafolio migratorio”, declaró Lyons a CBS News. “La prioridad sigue siendo los casos más graves, pero toda persona que se encuentre en el país ilegalmente será arrestada y procesada”.
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