Ayudó en el genocidio de medio millón de personas y se escondió por años en EEUU con papeles falsos

Un tribunal federal en Dayton, Ohio, desveló una acusación formal contra Vincent Nzigiyimfura, ciudadano de origen ruandés de 65 años, por presuntamente haber mentido en sus solicitudes migratorias para ocultar su participación activa como líder y ejecutor en el genocidio de Ruanda en 1994, según informaron ICE y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. De acuerdo con los documentos de la corte, Nzigiyimfura fue detenido en Dayton el 12 de junio y enfrenta cargos por fraude de visa y dos cargos por intento de fraude en la naturalización. Su arresto y la publicación de la acusación forman parte de una investigación que involucra tanto a la división de investigaciones de ICE en Detroit como a la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales del Departamento de Justicia.

Según la acusación, durante el genocidio ocurrido entre abril y julio de 1994, en el que murieron entre 500.000 y 800.000 personas de la etnia tutsi y de los hutus moderados a manos de milicias hutus, Nzigiyimfura era un comerciante y propietario de una carnicería con posición de liderazgo en las áreas de Gihisi y Nyanza. Las autoridades estadounidenses alegan que utilizó su influencia y recursos para organizar, incentivar y dirigir actos de violencia contra la población tutsi, proporcionando armas, transporte y otros incentivos materiales a los perpetradores. “ICE HSI está comprometido a buscar justicia para las víctimas del genocidio, asegurando que quienes cometieron atrocidades en el extranjero no puedan ocultarse en Ohio ni en ninguna otra comunidad de Estados Unidos”, declaró Jared Murphey, agente especial interino a cargo de ICE Homeland Security Investigations en Detroit.

La acusación sostiene que Nzigiyimfura construyó barricadas, incluidas algunas frente a su residencia, para detener a tutsis que posteriormente serían asesinados bajo su dirección. Asimismo, el documento judicial detalla que Nzigiyimfura participó personalmente en los asesinatos y que empleó su propio vehículo para trasladar materiales destinados a erigir puntos de control por donde transitaban potenciales víctimas. Según los textos acusatorios, ideó planes para engañar a tutsis ocultos, haciéndoles creer que la violencia había cesado, solo para congregarlos y ejecutarlos. Posteriormente, un tribunal ruandés lo condenó en ausencia por genocidio.

Fraude migratorio y proceso en Estados Unidos

Finalizado el genocidio en 1994, Nzigiyimfura abandonó Ruanda y se trasladó a Malawi. En dicho país, entre 2008 y 2009, solicitó una visa de inmigrante y una tarjeta de residencia para Estados Unidos, proceso en el cual, según la acusación, ocultó deliberadamente información relevante sobre su pasado y negó su participación en actos de genocidio. En su declaración ante un funcionario consular estadounidense, Nzigiyimfura reconoció estar al tanto de las repercusiones legales de entregar información falsa o de engañar a las autoridades, pero posteriormente incluyó en su solicitud un juramento en el que afirmaba haber “abandonado Ruanda en 1994 debido al genocidio”, sin referirse a su implicación en los hechos violentos que perseguía el sistema judicial de ese país.

Una vez aprobado su ingreso a Estados Unidos como residente legal permanente en 2009, Nzigiyimfura presentó en 2014 su solicitud para naturalizarse como ciudadano estadounidense. Según el Departamento de Justicia, ese año reiteró declaraciones falsas durante una entrevista con funcionarios de inmigración, negando haber perseguido a personas, cometido delitos o mentido a las autoridades en sus solicitudes previas. En 2018 tramitó la renovación de su tarjeta de residencia próxima a expirar, acción que las autoridades estadounidenses consideran como parte del conjunto de fraudes que le permitieron permanecer en el país y obtener documentos con información falsa. Las autoridades detallaron que usó la nueva residencia para solicitar una licencia de conducir en Ohio en julio de 2021.

Investigación y colaboración interagencial

La investigación sobre el caso de Nzigiyimfura recae en la oficina de ICE Homeland Security Investigations en Cincinnati, en colaboración con el Centro de Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra (HRVWCC, por sus siglas en inglés). Este centro, fundado en 2009, centraliza las acciones federales contra sospechosos de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, genocidio, tortura, mutilación genital femenina y reclutamiento o uso de niños soldados en suelo estadounidense. Hasta la fecha, los equipos de HSI y HRVWCC mantienen más de 180 investigaciones activas sobre presuntos violadores de derechos humanos, trabajan en más de 1.945 pistas y procesos de deportación relativos a 95 nacionalidades distintas, han emitido 79.000 alertas sobre posibles infractores y evitaron el ingreso al país de más de 390 sospechosos de violaciones graves a los derechos humanos.

La Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales del Departamento de Justicia, junto con la oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Ohio —a cargo del fiscal asistente George Painter y del fiscal adjunto Rob Painter— lideran la acusación. Según la información oficial, Vincent Nzigiyimfura enfrenta un cargo por fraude de visa y dos por intento de fraude en la naturalización; de ser hallado culpable, podría afrontar una pena máxima de 30 años de prisión. La sentencia definitiva sería determinada por un juez federal, considerando las pautas del sistema de sentencias y los factores legales establecidos.

De acuerdo con la acusación y los portavoces del Departamento de Justicia, el proceso contra Nzigiyimfura representa la postura oficial de que “Estados Unidos no es refugio seguro para quienes violan derechos humanos”, afirmó Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia. La fiscal encargada en funciones del Distrito Sur de Ohio, Kelly A. Norris, recalcó que el gobierno estadounidense no tolerará conductas como la imputada al acusado. Integrantes de las agencias federales han reiterado el llamado al público para comunicar información relevante sobre personas sospechosas de crímenes contra los derechos humanos en Estados Unidos, facilitando canales de reporte como línea telefónica y formulario en línea de ICE.