Una mujer mexicana de 37 años, identificada como María Isabel Cruz Salas, enfrenta cargos por presuntamente agredir a un agente federal durante una inspección migratoria en San Benito, Texas, según informó la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.
El incidente ocurrió el 9 de junio en la Taquería El Mante, donde las autoridades llevaban a cabo un operativo de cumplimiento de la ley.
Durante el procedimiento, Cruz Salas habría pateado en el rostro a un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) cuando este intentó detenerla.
Cruz Salas se encuentra bajo custodia y a espera de comparecer ante un tribunal
De acuerdo con la denuncia penal presentada el 10 de junio, Cruz Salas se encuentra actualmente bajo custodia y deberá comparecer ante la jueza federal Karen Betancourt el próximo 18 de junio a las 11:15 horas (hora local).
Si es declarada culpable, podría enfrentar una pena máxima de ocho años de prisión federal, además de una multa de hasta 250.000 dólares.
La investigación está siendo llevada a cabo por el ICE-HSI en colaboración con el FBI, mientras que el caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto David Coronado.
La denuncia penal presentada contra Cruz Salas es una acusación formal, lo que significa que no constituye una prueba de culpabilidad. La ley presume la inocencia de cualquier acusado hasta que se demuestre lo contrario mediante el debido proceso legal.
Este incidente se enmarca dentro de la Operación “Take Back America”, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia que busca combatir la inmigración ilegal, desmantelar cárteles y organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de delitos violentos. Según la Fiscalía, esta operación optimiza los recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas, así como del Proyecto Vecindario Seguro.
¿Qué es la Operación “Take Back America”?
Para enfrentar con mayor fuerza los desafíos del tráfico de drogas y personas en territorio estadounidense, la Operación Recuperar América planea una ofensiva amplia no solo contra los cárteles de drogas más conocidos, como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, sino también contra redes de tráfico de armas y otras organizaciones criminales transnacionales (TCO).
Según lo establecido en la Orden Ejecutiva 14157, estas entidades han sido designadas como grupos terroristas globales, lo que permite redoblar los esfuerzos legales y operativos en su contra.
El programa promete utilizar todos los recursos disponibles del Grupo de Trabajo sobre Crimen Organizado y Drogas (OCDETF, por sus siglas en inglés) para combatir estos problemas.
Las jurisdicciones santuario, que han obstaculizado los procesos migratorios federales, también están en la mira de las investigaciones, las cuales abarcarán desde delitos asociados con inmigración ilegal hasta elementos que impactan directamente la agenda migratoria del gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, una de las prioridades será deportar a extranjeros criminales y apoyar medidas orientadas a detener la entrada irregular al país.
Además del enfoque en la inmigración, otro núcleo de esta operación será atacar directamente a cárteles como Los Zetas, La Nueva Familia Michoacana, Los Cárteles Unidos y otros señalados por su vinculación con actividades delictivas que afectan la estabilidad regional.
Un desmantelamiento efectuado por la Operación “Take Back America”
Una red de narcotráfico con capacidad para distribuir cantidades significativas de fentanilo y crack fue desmantelada tras una operación que involucró escuchas telefónicas y la colaboración de múltiples entidades federales. Según indicó la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, 30 personas vinculadas con estas actividades ilegales han sido acusadas formalmente.
El epicentro de esta organización criminal era el complejo de viviendas públicas Kretchmer Homes, situado en Newark, Nueva Jersey. Las investigaciones apuntan a que desde ese lugar se facilitaba la venta de drogas en los alrededores de la avenida Frelinghuysen. Los cargos que enfrentan los implicados incluyen conspiración para la distribución de más de 400 gramos de fentanilo y 280 gramos de base de cocaína, además de delitos relacionados con el uso de armas de fuego.
La fiscal federal Alina Habba explicó que este operativo es resultado de una investigación de largo alcance, llevada a cabo en alianza con la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
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