Un estudio reveló que la ley fiscal de Trump aumentará el déficit y dejará a más de 10 millones de personas sin seguro médico

Un nuevo análisis de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) reveló este miércoles que el ambicioso paquete fiscal impulsado por el presidente Donald Trump añadiría 2,4 billones de dólares al déficit federal en la próxima década y dejaría a 10,9 millones de personas sin seguro de salud para 2034.

El informe llega en un momento clave, cuando el Congreso se encuentra debatiendo el proyecto de ley de más de mil páginas, conocido como la “Una gran y hermosa ley” (“One Big Beautiful Bill Act”), el principal objetivo legislativo del Partido Republicano que actualmente controla ambas cámaras. Trump presiona para que la legislación esté lista y firmada antes del 4 de julio.

La CBO, un organismo no partidista que desde hace cinco décadas actúa como árbitro presupuestario del Congreso, proyecta que, aunque el paquete reducirá el gasto federal en casi 1,3 billones de dólares, los recortes no compensan la masiva pérdida de ingresos fiscales estimada en 3,75 billones de dólares.

El impacto sobre el sistema de salud es uno de los aspectos más controvertidos. Según la CBO, millones de personas perderían cobertura sanitaria, incluidos 1,4 millones de inmigrantes sin estatus legal que hoy acceden a programas estatales. Además, cerca de 4 millones de personas dejarían de recibir cupones de alimentos mensuales debido a los cambios propuestos en el programa SNAP.

Desde el Partido Demócrata, las críticas fueron inmediatas. “En palabras de Elon Musk, esta ley es una ‘abominación repugnante’”, dijo el congresista Brendan Boyle, demócrata por Pensilvania y principal figura del partido en el Comité de Presupuesto de la Cámara. Boyle retomó así el lenguaje del propio Musk, ex asesor de Trump, quien se ha manifestado abiertamente en contra de la iniciativa.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, intentó calmar las aguas señalando que llamó personalmente a Musk para discutir sus objeciones, pero no había obtenido respuesta. “Espero que recapacite”, dijo ante periodistas.

La Casa Blanca y los líderes republicanos habían lanzado una campaña previa para desacreditar el informe de la CBO. “Han estado históricamente equivocados”, aseguró la vocera Karoline Leavitt. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, calificó las cifras del organismo como “totalmente erradas”, alegando que subestiman el crecimiento económico que generarán las nuevas exenciones.

Russ Vought, director del presupuesto de la Casa Blanca, sostuvo que, si se ajustan las proyecciones tomando en cuenta la política fiscal vigente —es decir, extendiendo automáticamente los recortes de impuestos ya existentes—, el paquete en realidad no aumentaría el déficit. Según su cálculo, los recortes al gasto reducirían el déficit en 1,4 billones de dólares.

Sin embargo, tanto demócratas como algunos republicanos consideran que este tipo de contabilidad es una “trampa” que oculta el verdadero impacto fiscal. Para Vought, el verdadero artilugio es el método de la CBO, al contabilizar como “nuevos gastos” los recortes impositivos que, de no renovarse, caducarían.

Los ataques contra la CBO no se limitaron a las proyecciones. Leavitt insinuó que los funcionarios de la entidad tienen sesgos políticos, pese a que están sujetos a estrictas normas de ética, que incluyen la prohibición de realizar donaciones partidarias.

Cuando se le preguntó si había llegado el momento de desmantelar la CBO, el líder de la mayoría en la Cámara, Steve Scalise, no lo descartó y señaló que es válido cuestionar su rol.

El contenido del proyecto de ley es amplio y ambicioso. Además de extender los recortes fiscales aprobados en 2017 —que vencen en diciembre si el Congreso no actúa—, introduce nuevas deducciones, como la exención de impuestos sobre propinas y horas extra. Incluye también 350.000 millones de dólares en seguridad fronteriza, deportaciones y defensa nacional, así como la eliminación de créditos fiscales para energías limpias instaurados durante la presidencia de Joe Biden.

Una de las cláusulas más controvertidas es la imposición de nuevos requisitos laborales para beneficiarios de Medicaid y SNAP de hasta 65 años, a partir de diciembre de 2026. Los republicanos aseguran que buscan así reforzar los programas sociales y evitar fraudes, aunque los demócratas consideran que se trata de una estrategia para debilitar el acceso a servicios básicos.

“El objetivo real es estrangular el sistema de salud”, denunció el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien acusó al Partido Republicano de reavivar su campaña contra la Ley de Cuidado de Salud Asequible, más conocida como Obamacare.

Otro componente crítico del paquete es el aumento de 4 billones de dólares al techo de la deuda nacional, hoy fijado en 36 billones. El Departamento del Tesoro ha advertido que esta expansión será necesaria este mismo verano para evitar el impago de obligaciones ya asumidas por el Estado.

Fundada en 1974, la CBO fue creada para devolverle al Congreso el control del proceso presupuestario frente al poder ejecutivo. Actualmente cuenta con unos 275 economistas y técnicos, y está dirigida por Phillip Swagel, ex funcionario del Tesoro bajo la presidencia de George W. Bush, quien fue ratificado para un nuevo mandato en 2023.

En medio del fragor legislativo, el informe de la CBO reaviva el debate sobre el modelo fiscal de Trump, mientras se acumulan dudas sobre su viabilidad económica y su impacto en millones de ciudadanos vulnerables. La disputa sobre si esta “gran y hermosa ley” aliviará o agravará los problemas estructurales de Estados Unidos está lejos de resolverse.